En la antesala del debate parlamentario en el Congreso Nacional por la reforma de la nueva ley de alquileres, los inquilinos adelantaron que van a plantear la necesidad de modificar el índice de actualización de los precios de los alquileres y que haya un control más estricto por parte del Estado.
La Federación de Inquilinos plantea profundizar la regulación del mercado inmobiliario con mayor presencia del Estado.
Los inquilinos que tienen que ajustar el precio del contrato de locación en abril se enfrentarán a una suba superior al 50%. El año pasado entró en vigencia la nueva ley de alquileres, por lo cual los inquilinos que tengan que actualizar el contrato este mes, deberán tomar como base la nueva fórmula de indexación que toma en cuenta dos variables: la inflación y los aumentos salariales entre el 1° de abril de 2021 y el 1° de abril de 2022, el aumento asciende al 53,6%. El incremento aplicable se obtiene a base de una fórmula que combina la inflación (informada por el Indec) y los salarios (Ripte).
Este martes la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.
Desde la Federación Nacional de Inquilinos filial Santa Fe sostienen que una salida efectiva para proteger a los locatarios es imponer un techo al porcentaje de indexación que esté vinculado con el incremento de los salarios y no con la inflación. Por otro lado, advierten que los cambios que se proponen provocarán más aumentos en los alquileres, dificultades a la hora de pagar y un mayor número de inquilinos en la calle. La Federación plantea profundizar la regulación del mercado inmobiliario, la presencia del Estado y la ampliación de derechos para los inquilinos.
Las cuestiones más objetadas de la ley de alquileres pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años. También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
"La preocupación nuestra es si realmente se va a tratar una solución al problema inflacionario, entendemos que el porcentaje de aumento que fija el índice de la nueva ley es perjudicial porque la inflación es alta", sostuvo Pedro Peralta, representante de la Federación de Inquilinos Nacional en Santa Fe. “Hay una fuerte avanzada del mercado inmobiliario contra los derechos de los inquilinos”, afirmó por su parte Sebastián Artola, integrante de FIN. “Quieren contratos más cortos (de dos años o, incluso, hay algunos que plantean un año de duración), aumentos semestrales o cada tres meses, y que los ajustes los defina de manera unilateral las inmobiliarias y propietarios”, explicó Artola. Desde la Federación de Inquilinos aseguran que las modificaciones que se buscan llevar adelante derivarán en “más aumentos en los alquileres, dificultades a la hora de pagar, un mayor número de inquilinos en la calle y la agudización de la crisis habitacional.
La FIN adelantó que defenderán el plazo mínimo de los tres años, pero solicitan que se establezca un techo a los incrementos en los alquileres. Otro de los objetivos que tiene la organización es avanzar hacia la regulación del precio inicial del alquiler y crear un impuesto a las viviendas vacías.
"El Estado debe garantizar y controlar el techo de incremento, sin ley lo que sucedía quedaba librado a la decisión del mercado, que fijaba y regulaba los costos", señaló Peralta. La Federación plantea profundizar la regulación del mercado inmobiliario, la presencia del Estado y la ampliación de derechos para los inquilinos.
“Lo que está en debate es cómo se accede a la vivienda en nuestro país y hay dos modelos en disputa: si la vivienda es un negocio, un bien de especulación, que tiene que estar en manos del mercado y que los inquilinos se salven como puedan. O si la vivienda es un derecho, que debe garantizar el Estado, regulando el mercado y protegiendo a los inquilinos”, concluyó el referente provincial.
Cada provincia tendría que regular alquileres en su distrito
Uno de los funcionarios que respaldó la norma es el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, afirmó que la reforma debe bregar por cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos, aunque planteó que cada provincia tendría que regular con sus propias planificaciones la norma marco a nivel nacional.
"La Ley de Alquileres es una ley marco y las distintas jurisdicciones deberían regular con sus propias planificaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Madrid, Montevideo y Berlín", señaló Ferraresi en declaraciones a medios radiales.
En este sentido, añadió que no se puede suspender una ley vigente, sino que la tendrán que modificar. “No estamos de acuerdo en que se derogue la ley y tenemos que bregar por cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos", indicó el ministro.
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