Sigue el debate y la polémica por los cuidacoches: un sector del oficialismo quiere insistir con el proyecto aprobado en el Senado
El senador Ciro Seisas pretende insistir con su proyecto, el cual tuvo media sanción de la Cámara alta, y no darle sanción definitiva a lo que aprobó Diputados.
La incertidumbre respecto a lo que pasará con la actividad de cuidacoches en el territorio de la provincia de Santa Fe sigue latente.
La incertidumbre respecto a lo que pasará con la actividad de cuidacoches en el territorio de la provincia de Santa Fe sigue latente. Es que, si bien ambas Cámaras legislativas aprobaron una iniciativa al respecto, las modificaciones realizadas en la etapa de revisión no lograron conformar.
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Fuentes parlamentarias aseguraron a AIRE que “en principio no hay satisfacción con lo que se votó en Diputados porque, básicamente, se modifica el espíritu del proyecto. Además, se agregan dos jueces penales que no estaban en la idea inicial”. Según agregaron las fuentes, la idea es ver el jueves si se puede retomar el proyecto original.
Cuidacoches: un sector del oficialismo quiere insistir con el proyecto aprobado en el Senado
Otros de los argumentos para insistir con el proyecto aprobado en el Senado es que en la Cámara baja no contó con el acompañamiento que sí se logró en la Cámara alta. “En el Senado se aprobó por unanimidad. En Diputados no fue así. Muchos votaron en contra o se abstuvieron”, señalaron.
El proyecto que tuvo media sanción del Senado fue presentado por el legislador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y promovía la prohibición de la actividad. La iniciativa incorporaba nuevas figuras contravencionales, establecía sanciones y definía el rol de los municipios en los controles.
La reforma introdujo el artículo 66 bis, que penaliza a quienes, sin autorización, ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos.
Según el texto aprobado, la infracción se configura cuando una persona ofrece o realiza tareas vinculadas al cuidado de vehículos en la vía pública “a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica, ya sea voluntaria o no”, en lugares donde esa práctica esté prohibida por normativa local.
La medida apunta tanto a la oferta directa como a situaciones en las que exista presión o exigencia de pago para estacionar.
Qué sanciones se aplicarán
El proyecto establece distintas escalas de sanciones:
- Primera infracción: trabajo comunitario de 2 a 10 días.
- Medida complementaria: prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta.
- Reincidencia: arresto de 10 a 20 días.
Además, las penas se agravan —hasta duplicarse— en determinados casos, como:
- Cuando haya violencia o amenazas.
- En zonas de estacionamiento medido.
- En las inmediaciones de eventos masivos.
- Cuando se aprovechen situaciones de vulnerabilidad.
- En horario nocturno o en zonas sensibles (escuelas, bancos, edificios públicos).
Sin embargo, mientras el proyecto era debatido en comisiones en la Cámara baja, instituciones como la Iglesia y organismos de derechos humanos se manifestaron en contra y adujeron que debía primar un abordaje social de la problemática. Dichas críticas –sumadas a objeciones impulsadas por sectores del mismo oficialismo, como el socialismo- lograron que el proyecto sufra modificaciones sustanciales.
Código de Convivencia
El texto aprobado por Diputados incorpora nuevas figuras al Código de Convivencia provincial y establece sanciones para quienes exijan o requieran de manera intimidatoria una retribución económica por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos o por tareas vinculadas a su guarda, cuidado, lavado o limpieza.
A diferencia de la versión original impulsada desde el Senado, la redacción aprobada por la Cámara baja condiciona la aplicación de las sanciones a aquellos casos en que la actividad se desarrolle sin autorización de la autoridad competente y en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local vigente.
La iniciativa incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y prevé una pena de prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes incurran en estas conductas. La sanción podrá extenderse de 60 a 120 días cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de eventos masivos o cuando exista aprovechamiento de situaciones de desigualdad vinculadas al género, la edad o la discapacidad de la víctima.
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Además, se establece que la sanción podrá ser reemplazada por trabajo comunitario cuando exista acuerdo entre las partes o así lo disponga el juez.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de una figura específica para quienes organicen o coordinen estas actividades. En esos casos, el proyecto prevé arresto de hasta diez días y una prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió el hecho por un plazo de hasta 240 días.