El Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que modifica el Código de Convivencia y prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. La iniciativa incorpora nuevas figuras contravencionales, establece sanciones y define el rol de los municipios en los controles. La iniciativa fue consensuada entre el gobierno de Santa Fe y el senador por Rosario, Ciro Seisas.
La reforma introduce el artículo 66 bis, que penaliza a quienes, sin autorización, ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos.
Santa Fe: media sanción del Senado para prohibir cuidacoches y endurecer sanciones
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La reforma introduce el artículo 66 bis, que penaliza a quienes, sin autorización, ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos.
Según el texto aprobado, la infracción se configura cuando una persona ofrece o realiza tareas vinculadas al cuidado de vehículos en la vía pública “a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica, ya sea voluntaria o no”, en lugares donde esa práctica esté prohibida por normativa local.
La medida apunta tanto a la oferta directa como a situaciones en las que exista presión o exigencia de pago para estacionar.
Qué sanciones se aplicarán
El proyecto establece distintas escalas de sanciones:
Primera infracción: trabajo comunitario de 2 a 10 días.
Medida complementaria: prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta.
Reincidencia: arresto de 10 a 20 días.
Además, las penas se agravan —hasta duplicarse— en determinados casos, como:
Cuando haya violencia o amenazas.
En zonas de estacionamiento medido.
En las inmediaciones de eventos masivos.
Cuando se aprovechen situaciones de vulnerabilidad.
En horario nocturno o en zonas sensibles (escuelas, bancos, edificios públicos).
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Según el texto aprobado, la infracción se configura cuando una persona ofrece o realiza tareas vinculadas al cuidado de vehículos en la vía pública “a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica, ya sea voluntaria o no”, en lugares donde esa práctica esté prohibida por normativa local.
Por otra parte, si se comprueba que la actividad está organizada por dos o más personas, se prevén penas de arresto de 10 a 20 días, que pueden aumentar hasta cuatro veces si existen organizadores o coordinadores.
Cómo serán los controles
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la aplicación y control quedarán a cargo de los municipios, que actuarán como “actores contravencionales públicos”.
En ese marco, los gobiernos locales podrán:
Iniciar actuaciones por infracciones.
Solicitar la intervención policial para hacer cesar la actividad.
Disponer el desplazamiento de los infractores del espacio público.
La intervención policial deberá canalizarse por vía ministerial, según establece la norma.
Un enfoque social complementario
Además del esquema sancionatorio, la iniciativa incorpora un abordaje integral a cargo del Poder Ejecutivo provincial.
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Además del esquema sancionatorio, la iniciativa incorpora un abordaje integral a cargo del Poder Ejecutivo provincial.
El proyecto prevé políticas de inclusión social destinadas a las personas que actualmente desarrollan esta actividad, con medidas como:
Capacitación y formación en oficios.
Intermediación laboral.
Programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos.
También se impulsa la articulación con municipios y la firma de convenios con entidades públicas y privadas para implementar estas acciones.
Un debate abierto
La iniciativa ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados. En caso de convertirse en ley, implicará un cambio significativo en el uso del espacio público y en la regulación de una actividad extendida en ciudades de toda la provincia.
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El proyecto combina sanciones más severas con políticas de inclusión, en un intento de abordar tanto la conflictividad en la vía pública como la situación social de quienes dependen de esta práctica para subsistir.
El proyecto combina sanciones más severas con políticas de inclusión, en un intento de abordar tanto la conflictividad en la vía pública como la situación social de quienes dependen de esta práctica para subsistir.
