Diputados aprobó la prohibición de los cuidacoches pero el proyecto vuelve al Senado: qué cambios se dispusieron
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que prohíbe a los cuidacoches en la provincia, pero con modificaciones, por lo que volvió al Senado.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto que busca regular y sancionar la actividad de los denominados cuidacoches o "trapitos", aunque introdujo modificaciones.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto que busca regular y sancionar la actividad de los denominados cuidacoches o "trapitos", aunque introdujo modificaciones sustanciales respecto de la iniciativa que había recibido media sanción del Senado. Como consecuencia, el expediente deberá regresar a la Cámara Alta, que tendrá la última palabra sobre la redacción definitiva de la ley. La iniciativa tuvo el acompañamiento sólo del interbloque oficialista: 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención.
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El texto aprobado por Diputados incorpora nuevas figuras al Código de Convivencia provincial y establece sanciones para quienes exijan o requieran de manera intimidatoria una retribución económica por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos o por tareas vinculadas a su guarda, cuidado, lavado o limpieza.
Con modificaciones, Diputados aprobó la prohibición de los cuidacoches y el proyecto volvió al Senado
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A diferencia de la versión original impulsada desde el Senado, la redacción aprobada por la Cámara baja condiciona la aplicación de las sanciones a aquellos casos en que la actividad se desarrolle sin autorización de la autoridad competente y en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local vigente.
La iniciativa incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y prevé una pena de prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes incurran en estas conductas. La sanción podrá extenderse de 60 a 120 días cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de eventos masivos o cuando exista aprovechamiento de situaciones de desigualdad vinculadas al género, la edad o la discapacidad de la víctima.
Además, se establece que la sanción podrá ser reemplazada por trabajo comunitario cuando exista acuerdo entre las partes o así lo disponga el juez.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de una figura específica para quienes organicen o coordinen estas actividades. En esos casos, el proyecto prevé arresto de hasta diez días y una prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió el hecho por un plazo de hasta 240 días.
Rol central a los municipios
La propuesta también otorga un rol central a los municipios. Según la modificación aprobada por Diputados, la acción pública contravencional en los casos vinculados a cuidacoches será ejercida exclusivamente por el municipio donde ocurra el hecho. Asimismo, se habilita a los gobiernos locales a solicitar la intervención policial para hacer cesar la actividad y desplazar a los presuntos infractores del espacio público.
Abordaje social
Uno de los puntos incorporados por la Cámara baja apunta a complementar las medidas sancionatorias con políticas de inclusión social. El proyecto obliga al Poder Ejecutivo provincial a implementar acciones de prevención e inclusión que contemplen capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y asistencia en materia de salud mental y consumos problemáticos.
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Además, se insta a los municipios a desarrollar programas similares dentro de sus competencias y se promueve la firma de acuerdos de colaboración entre la Provincia, los gobiernos locales y entidades públicas y privadas.
La iniciativa también prevé la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario, que se integrarán al Colegio de Jueces Penales.
Ante la prensa, la diputada provincial Lionella Cattalini (Unidos para Cambiar Santa Fe - Socialismo) defendió las modificaciones introducidas por la Cámara baja al proyecto que regula la actividad de los cuidacoches y aseguró que fueron producto de reuniones mantenidas con intendentes y representantes de la Iglesia. Según explicó, el objetivo fue dotar a los municipios de herramientas más efectivas para intervenir ante situaciones de violencia e intimidación en el espacio público. Entre los cambios más importantes respecto del texto aprobado por el Senado, destacó la incorporación de la prohibición de concurrencia como sanción principal y la diferenciación de penas según la gravedad de las conductas.
"Es una ley que pretendemos que sirva. No va a solucionar todo el problema, pero responde a lo que nos plantearon los intendentes", sostuvo la legisladora. Además, remarcó que la iniciativa tiene una "mirada profundamente social" para las personas en situación de vulnerabilidad, aunque apunta a sancionar específicamente a quienes desarrollen la actividad de manera violenta. También aclaró que la eventual prohibición de los cuidacoches dependerá de las ordenanzas que dicte cada municipio, ya que el control del espacio público es una competencia local, mientras que la ley provincial establece un marco común para abordar las situaciones de violencia vinculadas a la actividad.
Para el PJ, el oficialismo "solo quiere crear cargos judiciales penales"
Por su parte, desde el bloque “Hacemos Santa Fe” (PJ) advirtieron “una enorme gravedad institucional en el nuevo dictamen del oficialismo sobre la regulación de cuidacoches y limpiavidrios” y remarcaron que “ahora pretenden incorporar la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en Santa Fe y otro en Rosario, para integrarlos a los Colegios de Jueces Penales”.
“Estamos frente a una verdadera barbaridad legislativa e institucional. Una ley contravencional no puede ser utilizada como vehículo para modificar la estructura del Poder Judicial ni para crear cargos judiciales penales sin el debate específico, serio y transparente que una decisión de esa naturaleza exige”, sostuvieron desde el peronismo.
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Y concluyeron que “el oficialismo empezó diciendo que quería ordenar una problemática urbana y terminó metiendo, dentro de un proyecto sobre trapitos, la creación de jueces penales”.
En el mismo sentido, el diputado Marcos Corach manifestó que "el oficialismo discute solo entre ellos y eso está claro en el hecho de que solo ellos votaron esta ley. Nadie escuchó a los cuidacoches por ejemplo. Yo creo que se puede y se debe respetar lo que se votó tiempo atrás, que es la autonomía, porque los municipios pueden solucionar la problemática desde una perspectiva local, ya que no hay un solución única para todas las localidades".
"Lo que terminaron haciendo es un engendro legislativo, un Frankenstein, que no va a resolver la situación de nadie. No resuelven ningún problema, lo único que hicieron fue correrlo. Es un problema muy complejo que terminan cerrando con una solución simple. Y en cuanto a la creación de cargos judiciales, esto no es un problema de justicia sino un problema social", sentenció Corach.
Qué puede pasar ahora
Tras las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto volverá al Senado. Allí los legisladores deberán optar entre aceptar los cambios incorporados por la Cámara baja y convertir definitivamente la iniciativa en ley, o insistir con el texto aprobado originalmente.
La definición será clave para determinar el alcance final de una norma que generó un intenso debate político y social en la provincia, con cuestionamientos de organizaciones sociales, referentes religiosos y sectores de la oposición, que advirtieron sobre la necesidad de combinar cualquier regulación de la actividad con políticas públicas de inclusión y contención para las personas que encuentran en esa tarea una fuente de ingresos.