La convencional Lucila De Ponti reflexiona sobre el histórico proceso de reforma constitucional que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe.
La Convención del 25 se realizó entre el 14 de julio y el 12 de septiembre en la Legislatura de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalPor Lucila De Ponti (*)
El 12 de septiembre vivimos un hecho histórico: la provincia de Santa Fe reformó su Constitución después de más de medio siglo.
Y si hacemos doble click en el capítulo 1 que consagra los “principios, declaraciones y derechos” –una especie de carta de intenciones de la Carta Magna– nos encontramos con algo de un valor enorme: nuestra Constitución reconoce la economía social, la economía popular y el trabajo asociativo como parte constitutiva de lo santafesino.
El artículo 23 dice con claridad que “se deben considerar las transformaciones del mundo del trabajo, las nuevas formas de empleo, la economía social, el trabajo asociativo, el avance tecnológico y los requerimientos para un desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo”.
Lo que está escrito es algo más que un giro retórico. Significa un cambio de mirada a la hora de pensar el mundo laboral. Porque supone reconocer que el trabajo no se agota en la relación asalariada tradicional, que la vida económica de nuestra provincia no depende solo de las grandes empresas, y que miles de santafesinos y santafesinas producen, crean, inventan y sostienen a sus comunidades desde formas alternativas, autogestivas y cooperativas.
Como suele pasar, la ley llega para plasmar algo que viene dándose de hecho. Si miramos los números, el panorama es contundente. De casi 1.700.000 personas en edad de trabajar, apenas medio millón tiene un empleo asalariado en el sector privado, y 230 mil en el público. El resto, la mayoría, vive en la informalidad: hay entre 580 mil y 670 mil trabajadores cuentapropistas, monotributistas, cuidadoras, changarines, vendedores ambulantes... Personas que trabajan todos los días, pero a quienes el sistema formal no reconoce. O, al menos, no lo hace adecuadamente.
Y dentro de este universo, hay –como mínimo– 171 mil santafesinos y santafesinas que conforman lo que propiamente se denomina “economía popular”: los que organizan ferias, sostienen comedores, producen en cooperativas, cuidan a los niños y a los mayores, separan residuos, limpian, cosen, construyen. Esas mujeres y hombres a los que Francisco llamó “poetas sociales”. Los que, en condiciones adversas, inventan formas nuevas de producir y sostener la vida. Son creativos en el sentido más profundo: crean comunidad, crean redes, crean futuro. Hacen posible la vida, aunque rara vez aparezcan en las estadísticas oficiales.
Por eso hablamos de economía social. Es algo más que un descarte, o el subsuelo de algo “formal”. Es otro modo. Otra forma de producir y reproducir la riqueza, basado en la solidaridad, la cooperación y la comunidad. También en la necesidad de sobrevivir.
El trabajo cooperativo y asociativo —que en nuestra provincia tiene una tradición centenaria— demuestra que es posible organizar la producción sin que todo pase por la lógica del lucro.
Y sobre esto, las mujeres sabemos mucho. Desde los márgenes, las mujeres hemos sostenido históricamente la producción de la vida, en su sentido más amplio. No sólo en la crianza de los hijos y las tareas de cuidado del hogar. También en las cocinas comunitarias, en las huertas barriales, en los comedores escolares. Y lo hemos hecho sin ser víctimas pasivas de la exclusión, sino como protagonistas de una trama económica invisible.
Por eso es trascendente que la Constitución muestre lo que permanecía oculto. Reconocer la economía social en la Constitución es también reconocer esa historia, esa capacidad, esa potencia que durante décadas nos fue negada.
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Hasta ahora, muchas de las políticas vinculadas a esta forma de la economía dependieron de la voluntad política de un gobierno, de un programa transitorio, de la sensibilidad de algún funcionario. Hoy, en cambio, tenemos un artículo constitucional que convierte esa realidad en un derecho exigible.
Santa Fe ya no puede mirar para otro lado. Tiene la obligación de garantizar herramientas: dignificación de las condiciones de trabajo, formalización, crédito accesible, seguridad social, espacios de comercialización, formación, infraestructura. Debe hacerlo creando las instituciones y los instrumentos legales que se necesiten. Y debe hacerlo no como alguien que da un regalo, sino como un Estado que garantiza el cumplimiento del Derecho.
Desde el 12 de septiembre, tenemos una hoja de ruta clara: construir un desarrollo inclusivo, sostenible y comunitario. Un modelo que no mida el éxito por las ganancias de las multinacionales, sino por la dignidad de la gente común. Un modelo que no condene a la informalidad a la mitad de la población activa, sino que le dé un lugar en el centro de la vida económica.
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Lo que logramos es enorme. Cada cooperativa, cada taller, cada feria y cada comedor puede sentir que esta Constitución también los nombra, también los protege.
Pero tenemos que saber que no podemos dejar que estas palabras queden en letra muerta. Como toda conquista, a este artículo también habrá que defenderlo y profundizarlo.
Ahí, en ese entramado de poetas invisibles, late el futuro de nuestra provincia. Y es desde allí, desde esas manos que producen dignidad, que Santa Fe puede imaginar un destino más justo, más solidario, más humano.
(*) Convencional Constituyente - Diputada Provincial peronista
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