El Consejo de la Magistratura debatirá el proyecto la próxima semana, en medio de críticas por discrecionalidad en el sistema de selección de jueces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó esta semana, mediante la Acordada N° 4/2026, un “ Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados ” y lo remitió luego al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La iniciativa propone una reconfiguración del sistema de selección de jueces, en un contexto marcado por la necesidad de cubrir un número significativo de vacantes en la justicia federal.
El movimiento del máximo tribunal no pasó desapercibido en el ámbito político-judicial. Fuentes del Consejo de la Magistratura confirmaron en diálogo exclusivo con AIRE que el proyecto “va a ser uno de los temas centrales de la reunión de labor del miércoles de la semana que viene en el Consejo ”, lo que anticipa que la discusión tendrá un lugar prioritario en la agenda institucional inmediata.
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En ese mismo intercambio, las fuentes valoraron la iniciativa con una lectura crítica sobre el funcionamiento actual del sistema: “Me parece excelente, en el Consejo de la Magistratura hay más rosca que en el doctorado para ser plomero ”, ironizaron, en alusión a los márgenes de negociación política que atraviesan los procesos de selección.
El proyecto fue aprobado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes, en el texto de la acordada, fundamentaron la intervención del Tribunal en su carácter de cabeza del Poder Judicial, conforme el artículo 108 de la Constitución Nacional. A la vez, reconocieron que el Consejo de la Magistratura —creado por la reforma de 1994 en el artículo 114— es el órgano con competencia primaria para llevar adelante los concursos públicos de antecedentes y oposición.
El documento parte de un diagnóstico construido a partir de la experiencia acumulada en la aplicación del régimen vigente. Allí se identifican déficits estructurales vinculados a la discrecionalidad en algunas etapas, la falta de criterios uniformes en la evaluación y la necesidad de reforzar la previsibilidad del sistema.
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En ese marco, la Corte Suprema plantea que el objetivo central de la reforma es garantizar que el mérito y la idoneidad sean los factores determinantes en la selección de magistrados. Según se desprende del texto, uno de los problemas detectados es que la evaluación de antecedentes puede, en ciertos casos, priorizar trayectorias burocráticas por sobre el rendimiento académico y el mérito efectivo, lo que impacta en la calidad del proceso.
A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone introducir pautas objetivas y uniformes que ordenen cada una de las etapas del concurso, desde la inscripción hasta la conformación de las ternas.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reorganización del esquema de concursos. El proyecto establece dos modalidades: concursos anticipados —que pasan a ser la regla— y concursos especiales —previstos para situaciones excepcionales—. Esta distinción apunta a desvincular la cobertura de vacantes de coyunturas políticas y a dotar al sistema de mayor previsibilidad.
Los concursos anticipados, además, deberán integrarse en un Plan Anual elaborado por la Comisión de Selección y aprobado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, lo que introduce una lógica de planificación institucional basada en criterios objetivos, como la existencia de vacantes, la carga de trabajo judicial y las proyecciones del sistema.
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En paralelo, se impulsa la digitalización integral del proceso. El proyecto prevé la implementación de un legajo digital único para cada postulante, con carácter auditable, en el que se concentrarán todos los antecedentes académicos y profesionales. Esta herramienta busca mejorar la trazabilidad de la información y reducir márgenes de discrecionalidad en la evaluación, asegura la Corte.
Otro de los núcleos de la reforma está en la prueba de oposición. El nuevo esquema propone una evaluación dividida en dos etapas: una instancia general, automatizada, basada en un banco de preguntas, y una instancia específica orientada a la resolución de casos prácticos y la redacción de sentencias.
El diseño incorpora mecanismos informáticos que garantizan el anonimato de los postulantes, tanto en la elaboración como en la corrección de los exámenes, con el objetivo de reforzar la imparcialidad del proceso.
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En la misma línea, se introducen modificaciones en la evaluación de antecedentes, mediante un sistema de puntuación tabulado que prioriza la formación académica, la trayectoria profesional y la producción académica, con criterios previamente establecidos.
La entrevista personal, por su parte, también es objeto de revisión. El proyecto establece pautas para su realización, limita su incidencia en el puntaje final —con un máximo de 20 puntos sobre 200— y prevé su carácter público, con transmisión por medios audiovisuales, como parte de una estrategia de apertura del proceso a la ciudadanía.
En los fundamentos de la acordada, la Corte Suprema subraya que la exigencia de que el proceso de selección de magistrados se desarrolle con altos estándares de objetividad, transparencia y previsibilidad no solo responde a criterios de eficiencia, sino que constituye una condición necesaria para resguardar principios constitucionales.
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En particular, el Tribunal vincula la calidad de los concursos con la garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso de los postulantes, así como con la confianza pública en la integridad del Poder Judicial.
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