Conflicto por el nuevo edificio de Tribunales en Santa Fe: el Senado exige diálogo para destrabar la disputa
La Cámara Alta solicitó que la Corte Suprema y el Ministerio Público (Acusación y Defensa) conformen un "ámbito de coordinación" para llegar a un acuerdo.
El 24 de febrero, la Corte Suprema de Santa Fe resolvió destinar el edificio anexo íntegramente al Poder Judicial, generando cuestionamientos de los Ministerios Públicos.
El complejo conflicto institucional por la asignación y uso del edificio anexo a los Tribunales del Poder Judicial de la ciudad de Santa Fe sumó este jueves por la tarde un nuevo capítulo, con la intervención directa del Senado provincial.
Un edificio pensado para el nuevo sistema penal: la advertencia del Senado
La iniciativa, impulsada por el senador por el departamento La Capital, Francisco “Paco” Garibaldi, y acompañada por legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, plantea la necesidad de restituir el sentido original del edificio denominado “Palacio de Justicia II”, concebido como una pieza clave en la implementación del sistema penal acusatorio.
En los fundamentos del proyecto, el Senado remarca que el inmueble fue diseñado, planificado y ejecutado como parte de una política pública integral orientada a la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal. En ese esquema, se previó la convivencia funcional de los distintos actores del sistema — acusación, defensa y Poder Judicial — dentro de una misma unidad edilicia.
En los fundamentos del proyecto, el Senado remarca que el inmueble fue diseñado, planificado y ejecutado como parte de una política pública integral orientada a la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal.
La discusión sobre el uso de los espacios, en ese sentido, no aparece como un aspecto menor, sino como una variable central para el funcionamiento del servicio de justicia. Según se argumenta, la adopción de decisiones coordinadas "permitiría compatibilizar necesidades operativas, optimizar recursos públicos y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones constitucionales de cada organismo".
El planteo también subraya que respetar la finalidad original del edificio "contribuiría a fortalecer el modelo acusatorio, con impacto directo en la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del servicio judicial".
Una acordada de la Corte Suprema que abrió el conflicto
El conflicto se originó el 24 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, mediante una acordada firmada por sus siete ministros, decidió que el edificio anexo se destinara íntegramente al Poder Judicial.
El edificio anexo a los Tribunales de Santa Fe está ubicado sobre calle 9 de Julio, entre General López y 3 de Febrero.
La resolución dejó abierta la posibilidad de ceder espacios al MPA y al MPD únicamente en caso de disponibilidad, lo que generó cuestionamientos inmediatos por parte de ambos organismos. Sus titulares, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente, presentaron recursos de revocatoria al considerar que la medida se adoptó sin la conformidad previa exigida por la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la Constitución provincial reformada.
Ese punto constitucional regula específicamente la asignación de inmuebles previstos para los Ministerios Públicos, y se convirtió en el eje jurídico de la controversia.
La postura de la Corte Suprema
Tras la apertura del año judicial 2026, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, ratificó públicamente el criterio adoptado por el tribunal. “El edificio es del Poder Judicial ”, afirmó, al tiempo que remarcó que, tras la reforma constitucional, el Ministerio Público no integra ese poder del Estado.
Apertura año judicial Santa Fe 2026 Corte Suprema (6) Rafael Gutierrez
Rafael Francisco Gutiérrez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
En esa línea, sostuvo que la prioridad estará puesta en garantizar el funcionamiento jurisdiccional. “Si hay espacio se lo brindaremos, pero primero vamos a priorizar lo jurisdiccional”, expresó, en referencia a la eventual cesión de sectores a los otros organismos.
La respuesta de los Ministerios Públicos
Las declaraciones de Gutiérrez encontraron una rápida reacción en los titulares del MPA y el MPD. La fiscal general María Cecilia Vranicich ratificó la posición institucional del organismo y reclamó el cumplimiento de la Constitución provincial. “Nosotros solamente le estamos pidiendo a los ministros de la Corte que cumplan con la nueva Constitución ”, sostuvo.
Moreno Robinson y Vranicich Discurso Rafael Gutierrez
La Defensora General del MPD, Estrella Moreno Robinson, junto a la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich.
Vranicich también cuestionó el procedimiento adoptado por el tribunal. “Primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo”, planteó, y apeló a la idea de “divorcio ” para describir la separación funcional entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, en línea con antecedentes de la reforma de 1994 a nivel nacional.
Por su parte, la defensora general Estrella Moreno Robinson advirtió que la decisión de la Corte afecta la autonomía del organismo. Según señaló, la medida “no respeta la Constitución provincial ” y vulnera garantías de independencia funcional, administrativa y autarquía financiera previstas en el artículo 134 de la renovada Carta Magna.
