Menos gastos y trámites para hacer un juicio: la reforma que impulsa el Gobierno de Santa Fe
La iniciativa busca modernizar el Código Procesal Civil y Comercial y modificar los procedimientos para resolver juicios en Santa Fe.
El Gobierno advierte que la aplicación del nuevo modelo requerirá modificar prácticas y superar resistencias vinculadas con el funcionamiento tradicional de los procesos.
El Gobierno de Santa Fe incorporó a la carga de trabajo de la Legislatura un proyecto para sancionar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, con el que busca reemplazar la normativa vigente desde 1961. La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, fue enviada al Senado para su tratamiento parlamentario.
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El proyecto apunta a modernizar las reglas que organizan los procesos judiciales civiles y comerciales, con el objetivo de reducir demoras, simplificar trámites y facilitar el acceso a la Justicia. Entre sus principales ejes aparecen el fortalecimiento de la oralidad, una mayor intervención de los jueces en la conducción de los procesos, la incorporación de herramientas digitales y una reorganización de las vías procesales.
La propuesta llega después de un extenso debate en ámbitos académicos y comisiones de trabajo interinstitucionales. Según los fundamentos del mensaje, no se trata de introducir modificaciones aisladas al régimen actual, sino de establecer un nuevo marco normativo que permita adaptar el funcionamiento de la Justicia a las transformaciones sociales, jurídicas y tecnológicas.
Oralidad y mayor protagonismo de los jueces
Uno de los cambios centrales que plantea el proyecto es pasar de un modelo predominantemente escrito y formalista a otro que priorice la "oralidad", la "concentración de actuaciones" y el contacto directo entre los jueces y las partes. En términos prácticos, se busca que una mayor cantidad de cuestiones se resuelvan en audiencias, en lugar de depender de una sucesión de presentaciones escritas que pueden extender los tiempos de un juicio.
La iniciativa busca consolidar normativamente la experiencia del Protocolo de Oralidad y Gestión de la Prueba en los Procesos Civiles, que ya se implementa en la provincia. La intención es que las audiencias permitan reunir distintas actuaciones en instancias definidas, identificar los puntos de conflicto, delimitar qué hechos necesitan ser probados y explorar posibles acuerdos.
En paralelo, el proyecto fortalece las facultades de los jueces como "directores del proceso". Esto significa que tendrán mayores herramientas para ordenar el desarrollo del juicio, organizar las pruebas, evitar trámites innecesarios y promover acuerdos entre las partes antes de llegar a una sentencia.
Los fundamentos aclaran que esa mayor intervención no busca desplazar la iniciativa de las partes ni afectar sus garantías constitucionales, sino equilibrar su participación con una conducción judicial orientada a obtener decisiones fundadas en un plazo razonable.
Expedientes digitales y nuevas formas de producir pruebas
Otro de los ejes es la incorporación de la "gestión digital" a las reglas del proceso. El proyecto busca adecuar el Código a las modalidades electrónicas que ya se utilizan en los tribunales, reducir las gestiones presenciales y el uso de papel, y establecer previsiones que permitan validar las comunicaciones y actuaciones judiciales realizadas mediante herramientas tecnológicas. En otras palabras, busca que las reglas del juicio contemplen plenamente los expedientes electrónicos y las notificaciones digitales.
La propuesta también contempla la evolución de las tecnologías aplicadas al ámbito jurídico, incluida la inteligencia artificial y la automatización de tareas. Sin embargo, establece un criterio de "neutralidad tecnológica": el Código no quedará atado a una plataforma o sistema informático determinado.
En ese esquema, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe conservará las atribuciones para definir las herramientas, los sistemas informáticos y las modalidades operativas necesarias para implementar el nuevo régimen.
La producción de pruebas también tendrá una actualización. El proyecto incorpora reglas para distintos medios probatorios, como documentos, testimonios, pericias, informes e inspecciones judiciales, y busca contemplar las nuevas formas de generar, conservar y transmitir información en entornos digitales. Esto permitirá encuadrar dentro del proceso elementos como registros electrónicos y otras manifestaciones de información digital, siempre con las garantías necesarias para que las partes puedan controlarlos y discutirlos.
Un proceso general y menos trámites especiales
La iniciativa propone simplificar la estructura procesal mediante un único "proceso de conocimiento general", sobre el que se organizarán las distintas pretensiones judiciales. Se trata de establecer un procedimiento común para la mayoría de los juicios civiles, en lugar de multiplicar circuitos diferentes según cada tipo de reclamo. El objetivo es reducir la cantidad de procedimientos especiales y evitar la dispersión de normas que dificultan la interpretación y aplicación del Código.
El proyecto contempla adaptaciones para materias específicas, como las causas de menor cuantía, los procesos de familia, las restricciones a la capacidad, los desalojos, las sucesiones y los conflictos vinculados con la posesión, el condominio y la adquisición del dominio.
También incorpora regulaciones particulares para los "procesos monitorios" y los "procesos ejecutivos", dos mecanismos vinculados con el reclamo y el cobro de deudas.
El "proceso monitorio" está pensado para determinados créditos que reúnen los requisitos establecidos en el Código. En estos casos, quien reclama puede solicitar una resolución judicial inicial que ordene al deudor cumplir con la obligación. Si la persona demandada considera que la deuda no existe, que ya fue pagada o que tiene motivos para cuestionar el reclamo, podrá presentar una oposición y abrir una instancia de discusión judicial. En términos sencillos, busca ofrecer una vía específica para reclamar determinadas deudas sin tener que comenzar directamente con un juicio ordinario completo.
Por su parte, el "proceso ejecutivo" está destinado a reclamar el cumplimiento de obligaciones respaldadas por documentos a los que la ley reconoce fuerza ejecutiva. Es el caso, por ejemplo, de determinados títulos o instrumentos que permiten acreditar una deuda y habilitan un procedimiento judicial específico para exigir su pago. La propuesta regula las defensas que puede presentar el deudor y los mecanismos para avanzar con la ejecución de la obligación.
Además, se sistematizan las reglas para ejecutar sentencias, realizar bienes y reconocer decisiones judiciales provenientes de otras jurisdicciones o del extranjero. Esto apunta a ordenar la etapa posterior al juicio, cuando una persona ya obtuvo una sentencia favorable y necesita que lo resuelto se cumpla efectivamente.
Qué busca el Gobierno con la reforma
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la actualización del Código debe traducirse en una mejor experiencia para quienes necesitan acudir a la Justicia. La reducción de tiempos y costos, la previsibilidad de los procedimientos y la posibilidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones aparecen entre los resultados esperados.
La propuesta también plantea un cambio cultural entre los operadores judiciales, abogados y demás participantes del sistema. El Gobierno advierte que la aplicación del nuevo modelo requerirá modificar prácticas y superar resistencias vinculadas con el funcionamiento tradicional de los procesos.
Ahora, el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario en ambas cámaras de la Legislatura provincial. Su eventual aprobación significaría reemplazar un régimen procesal de más de seis décadas y avanzar hacia una reorganización integral de la Justicia civil y comercial de Santa Fe.
