El monto actual del salario que establece el piso para los jubilados y pensionados está en 234 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza. Sin acuerdo entre las patronales y las centrales obreras, define el gobierno.
El salario mínimo real de este mes está un 43% por debajo del nivel de noviembre de 2019 y un 56,4% por debajo del salario mínimo de 2015.
Empecemos por la bajada y retomemos una nota publicada hace dos semanas en AIRE para valorar el “esfuerzo” de las patronales industriales en el Consejo del Salario.
En esa nota, decíamos que la última oferta de recomposición de los salarios por parte de los dueños del capital fue de cero pesos.
Hace pocas horas se produjo un segundo encuentro fallido, pero esta vez Daniel Funes de Rioja mejoró la oferta: llevar el salario mínimo vital y móvil (SMVM) de los $234.315 actuales a $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en setiembre y finalmente $264.000 en octubre. Como puede leerse fácilmente, los incrementos mes a mes promedian los $9.000.
Las tres centrales sindicales (CGT y dos CTA) pusieron sobre la mesa sus informes técnicos, basados en estadísticas y proyecciones oficiales, de consultoras propias o privadas, y solicitaron llevar el SMVM a $482.000 para julio y a $505.000 para agosto.
Vale decir que la oferta máxima de las patronales representa casi la mitad de la que solicitan los representantes de los y las trabajadoras. Todas las ofertas del empresariado organizado están por debajo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que para el mes de junio alcanzó los $386.978.
Para ponerlo en otros términos, pero con las mismas cifras: si comparamos el nivel actual del SMVM con los umbrales de pobreza e indigencia actuales y para una familia tipo de cuatro integrantes), esta remuneración base alcanza para comprar el 56,8% de la CBA que define la línea de indigencia y un 25, 6% de la Canasta Básica Total (CBT) que marca la de pobreza.
Son niveles de poder adquisitivo comparables con la salida de la convertibilidad en 2001/2002, cuando luego de una devaluación del 380%, dos de cada tres argentinos eran pobres y la quiebra en cadena de empresas industriales arrojó al cuentapropismo de subsistencia (que daría origen a los primeros agrupamientos piqueteros) al 27% de la población del país.
Para los y las que gustan decir que “veníamos igual de mal” y que a este experimento ultraconservador hay que darle tiempo, dos precisiones. Es cierto que el SMVM no para de perder contra la inflación, pero veamos las magnitudes. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri perdió 31% de su poder de compra, en los cuatro de Alberto Fernández perdió 14% y sólo en los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei lleva perdido 32,1%.
Con los datos en mano, volvemos a decir: perder, se pierde sin cesar en los últimos ocho años (-76,2%) y el electorado no fidelizado y decepcionado por el peronismo unificado se lo cobró votando a un “outsider” que en medio año los perjudicó en la misma magnitud que Macri al cabo de cuatro años y más del doble que Alberto Fernández en todo su mandato.
Pero el programa de los dueños –de los que ofrecen salarios de subsistencia– sigue contando con el aval y la esperanza de los que esperan mucho y cobran poco.
Con los mismos fines, analicemos finalmente un gráfico donde se despliegan simultáneamente las tres líneas que importan: la evolución del SMVM y las de las Canastas Básica y Total en los últimos ocho meses.
Es sencillo apreciar cómo –si bien nunca estuvieron alineadas– se despegan las series del costo de los alimentos y del complejo que incluye alquileres y tarifas de la curva chata y baja del SMVM, que prácticamente se despliega sin despegarse del eje horizontal.
Podría decirse que la lógica y los fines con que el gobierno del Frente de Todos intervino en la puja salarial entre patrones y empleados no fue exactamente la misma que la que se promueve desde la actual Secretaría de Trabajo de la Nación.
Aquello era un Ministerio y ni Claudio Moroni ni Kelly Olmos provenían de una multinacional como Techint. Pero no conviene olvidar que los trabajadores perdieron igual y que respecto del SMVM y los cabildeos del Consejo de Salario, el ex ministro Moroni le confió a un importante portal que “sueldo digno es aquel que podemos pagar y sostener”, ¿quiénes? El Estado como empleador público y las patronales privadas.
Nadie esperaba que Jorge Triaca (hijo) dijese otra cosa que “el salario es un costo a bajar”, pero que un ministro peronista contradiga el artículo 125 de la peronísima Ley 20.774 de Contrato de Trabajo es demasiado.
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Allí el peronismo plasma parte de lo mejor de su doctrina social y política (aún vigente y a salvo de la Ley de Hojarascas hasta el momento) al decir que “la remuneración mínima que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, es la que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”. Los resultados de semejante contradicción ideológica y pragmática ya los hemos cuantificado, en miles de pesos y de votos.
Pero volvamos a extender el recorte temporal para analizar, con datos aportados por CIFRA, la evolución mensual del poder adquisitivo del SMVM desde finales del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la actualidad.
Aquí puede observarse una caída con picos ocasionales, pero persistentes, desde los $537.387 a valores constantes de noviembre de 2015 a los $234.315 de julio de 2024, tal que, si el salario mínimo hubiese podido mantener su poder de compra, hoy tendría que superar los $530 mil.
Durante la entrevista sin acuerdos del Consejo del Salario, Hugo Yasky señaló que “el salario mínimo real de este mes, con un 43% por debajo del nivel de noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y un 56,4% por debajo del salario mínimo de 2015, no podemos aceptar una propuesta como la de UIA, debería avergonzarlos sin necesidad de que digamos nada”.
La propuesta de la CTA Autónoma era menos ambiciosa, pero igualmente “descabellada” para Funes de Rioja, e implicaba poner el SMVM por encima de la línea de indigencia gracias a un aumento del 70%, para posicionarlo en los $398.768.
La mesa está claramente desbalanceada. Dos de los sectores que impulsan el “diálogo social y político tripartito” (gobierno, sindicatos y empresas) piensan que poco es demasiado y será el mismo gobierno que le quitó un tercio de su valor al SMVM el que laude el diferendo entre trabajadores y patrones. El mismo que definió unilateralmente un incremento del 60,5% del salario piso contra una inflación acumulada del 136%. El mismo que –en un artículo recientemente publicado por el procurador Rodolfo Barra– enalteció la Reforma Constitucional de 1994 y definió como “cuestionable y superada” a la de 1949, que fue la única que le dio rango constitucional al SMVM en los mismos términos que casi nadie respetó desde el retorno de la democracia.
Porque, como todos y todas aprendimos dolorosamente, con un salario que es realmente mínimo, para nada vital y escasamente móvil, nadie come, ni se cura, ni se educa.
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