La provincia de Santa Fe cuenta con 19 senadores. Sólo uno de ellos, Armando Traferri del departamento San Lorenzo, está sospechado -según los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra- de haber cometido posibles delitos.
Dos fiscales de Rosario intentan, infructuosamente, investigar al senador Armando Traferri por supuestos delitos vinculados con el juego clandestino.
Sin embargo, con el respaldo de todos los senadores del peronismo, Traferri resultó elegido como representante de la Cámara alta en la Junta Provincial de Seguridad, que se reunió ayer en Casa de Gobierno. Los radicales, por su lado, propusieron y votaron al senador Rodrigo Borla para que ejerza la misma función.
¿A Traferri se le probó hasta el momento la existencia de algún delito?: no.
¿Traferri es el único senador al que miembros del Ministerio Público de la Acusación quieren investigar?: sí.
La propuesta de Traferri como integrante de esta Junta de Seguridad surgió del bloque Juan Domingo Perón, conformado por el mismo Traferri, José Baucero (PJ-San Javier), Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), Osvaldo Sosa (PJ-Vera), y Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano).
De todos modos, el nombre de Traferri terminó siendo votado por unanimidad en el recinto del Senado, tal como sucedió con el radical Rodrigo Borla.
Una pelea que parece haberse esfumado
No parece un dato menor el apoyo unánime del PJ a Traferri, sobre todo si se tiene en cuenta que a fines de 2020 el bloque peronista se dividió entre los leales al gobernador Omar Perotti -el bloque Lealtad, conformado por los senadores Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Marcelo Lewandowski (PJ-Rosario), Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) y Marcos Castelló (PJ-La Capital)-; el mencionado bloque Juan Domingo Perón que integra Traferri; mientras que en aquel momento el senadores Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y la senadora Cristina Berra (PJ-San Martín) decidieron diferenciarse de ambos sectores.
Durante gran parte de los dos primeros años de gestión de Omar Perotti, el gobierno y Armando Traferri se mostraron en los polos opuestos dentro de las internas del peronismo santafesino. Este jueves, cuando Traferri abandonaba la reunión de la Junta de Seguridad, dijo que se perdió tiempo para enfrentar este flagelo y argumentó que el gobernador estuvo "mal asesorado" sobre el diagnóstico del problema de la inseguridad en la provincia.
Entre los que asesoraron a Perotti en temas de seguridad aparece necesariamente el nombre del exministro del área, Marcelo Sain, quien durante su gestión se convirtió casi en el vocero del gobierno en sus críticas a Traferri.
Ahora, aquellos enfrentamientos parecen haberse esfumado. Y el voto de los senadores del bloque Lealtad para elegir a Traferri como integrante de la Junta Provincial de Seguridad lo refleja: los mismos que en su momento consideraron que el senador de San Lorenzo debía ser investigado como integrante de una banda delictiva (Calvo, Miguel Rabbia -reemplazó a Lewandowski-, Kaufmann y Castelló), apoyan ahora su nombre como representante del Senado en la Junta de Seguridad.
En 2020, los senadores radicales tampoco avalaron el desafuero de Traferri.
Salvo los cuatro senadores que respondían a Perotti, el resto de la Cámara consideró que los elementos presentados por Edery y Schiappa Pietra en contra de Traferri eran, cuanto menos, endebles.
La Corte Suprema de Santa Fe y la CIDH
La aparición de Armando Traferri como representante del Senado ante la Junta Provincial de Seguridad se dio, coincidentemente, el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciaba que el 18 de marzo habrá una audiencia en la que se escucharán los reclamos de fiscales de Santa Fe por la injerencia de la política en su trabajo.
Esta audiencia había sido solicitada por la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales.
Desde Santa Fe, los fiscales elevaron un informe en el que se plantean situaciones que atentan contra la independencia de poderes. Entre ellas, la denuncia que presentó el senador Traferri contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por el hecho de que intentan investigarlo como posible cabeza de una organización dedicada al juego clandestino en Santa Fe.
Pero esto no es todo. La audiencia de la CIDH se anunció en el preciso momento en que se aguarda la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe determinar si los legisladores santafesinos -en este caso Traferri- pueden ser investigados penalmente mientras mantienen sus fueros.
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