Tras la sentencia por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner pateó el tablero y anunció que no será candidata en 2023.
Télam.
La sentencia de la Causa Vialidad estaba cantada, pero la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner fue toda una sorpresa. La vicepresidenta aseguró que en 2023 no va a ser candidata “a nada” y con ese renunciamiento cambió por completo el escenario político de cara a las próximas elecciones. Oficialistas y opositores especulaban con su postulación, pero ahora todo vuelve a foja cero.
Las derivaciones tras el cimbronazo provocado por las declaraciones de Cristina son aún imprevisibles. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la condena judicial –que la propia vicepresidenta anticipó que va a apelar– le impone una pena de prisión de seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Eso recién ocurrirá una vez que el fallo quede firme, si es que queda firme. La renuncia de Cristina a una eventual candidatura es una decisión política y un mensaje dirigido al poder real, no es un mandato de la Justicia.
Todas las encuestadoras han coincidido en los últimos meses en que Cristina Kirchner es la dirigente que mejor mide dentro de los posibles candidatos del Frente de Todos. Su decisión impacta de lleno en un oficialismo que está golpeado por los malos resultados económicos y donde no han surgido, hasta ahora, figuras que puedan acercarse al nivel de intención de voto que hoy exhibe la vicepresidenta.
El presidente Alberto Fernández, siempre a través de terceros, ha insinuado la idea de buscar un segundo mandato. El ministro de Economía Sergio Massa dejó entrever, de la misma manera, que no será candidato el año próximo. Entre Alberto que quiere pero no puede y Massa que podría pero no quiere, se recorta casi excluyentemente la figura de Cristina Kirchner como la única en condiciones de dar pelea en las elecciones de 2023.
La centralidad política de Cristina está fuera de discusión. La oposición, que gira en torno a sus palabras y sus silencios, ahora buscará sacar provecho de la sentencia, sobre todo en la campaña que se avecina. El peronismo también orbita alrededor de la vicepresidenta: no solo porque sus decisiones estratégicas le permitieron recuperar el gobierno en 2019, sino también porque a partir del período de gestión 2003-2015 logró articular una narrativa de ampliación de derechos y recuperación de las clases populares que funcionó con éxito como contracara de los cuatro años de ajuste macrista.
El renunciamiento de Cristina abre una etapa de deliberación a contra reloj en el Frente de Todos. El presidente, que había reaccionado rápido cuando se difundieron los chats que prueban el lawfare denunciado por su vice, señaló a través de las redes sociales que Cristina “es víctima de una persecución absolutamente injusta” y dijo que “hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente”. Sin embargo, no se pronunció sobre su decisión de no competir en las elecciones del año que viene. Ahí hay un enigma.
La incógnita se hace extensiva a todo el conglomerado oficialista. Los sectores leales a Cristina salieron rápidamente a repudiar la sentencia judicial, dejaron en claro que se trata de una causa armada a los fines de prohibirle ser candidata y dieron algunos indicios de que irán en busca de una especie de “operativo clamor” para que la vicepresidenta revea su decisión. ¿Lograrán convencerla?
¿Qué dirán –y qué harán– el resto de las fuerzas democráticas del campo nacional y popular sobre la proscripción? Hace apenas un mes, hubo celebraciones unánimes en nuestro país por la victoria de Lula Da Silva en el balotaje presidencial en Brasil. Esos mismos espacios, que no dejaron de remarcar que Lula había sido víctima de lawfare en el país vecino, ¿cómo se comportarán ahora?
Juntos por el Cambio –y en particular los líderes del PRO– salieron a coro a repetir que Cristina fue condenada por la Justicia “porque le robó al pueblo”. Envalentonados por la sentencia, piensan que la suerte ya está echada y que las elecciones de 2023 se resolverán directamente la interna de esa coalición.
Sin embargo, todavía hay que ver de qué manera impactará en Juntos por el Cambio la secuencia de los chats, que dejan en claro que muchos de sus principales dirigentes participaron en forma orquestada –junto a jueces, fiscales y empresarios– del complejo entramado que terminó con la sentencia contra Cristina.
Alrededor de esas incógnitas se reorganizará el tablero político en la Argentina. Hay un párrafo del discurso de Cristina, después de la condena, que sintetiza un elemento cada vez más visible en la distribución del poder real: “No voy a ser candidata, esa es una buena noticia para (el CEO de Clarín Héctor) Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta y le va a poder pedir a sus esbirros que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás”.
La influencia de los grupos concentrados sobre el Poder Judicial –y sobre la política en general– siempre fue un secreto a voces, algo que “se sabe” y sobre lo cual es difícil actuar, en una especie de justificación de la política de la impotencia. Sólo una decidida reacción de las fuerzas democráticas puede ponerle límite a ese poder que gobierna sin votos, sin ir a elecciones y sin ninguna otra legitimidad que su propia fuerza, que es fruto de la inequidad y la concentración. Como ocurrió en su momento con Lula, los hilos quedaron a la vista.
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