Mientras en la Casa Rosada exudan confianza y aseveran que el acuerdo está avanzado y casi cerrado, entre los legisladores y los mandatarios provinciales no reina esa misma confianza.
En efecto, si bien el texto fue remozado respecto de la versión original que se discutió en enero, todavía contiene algunos puntos sobre los que no hay consenso y así les fue transmitido a los funcionarios nacionales que recibieron, en tandas, a las distintas delegaciones legislativas.
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El futuro de la Ley Bases depende del tironeo entre Javier Milei y los gobernadores
La cuestión es que los gobernadores no terminan de confiar en el presidente Javier Milei pese a los guiños del ministro Francos. En plenas negociaciones por la Ley de Bases, el Gobierno los sorprendió la semana pasada con el decreto de necesidad y urgencia que dictó el acta de defunción del Fondo de Incentivo Docente, de los subsidios al transporte y les cortaba de cuajo las transferencias para las cajas jubilatorias no traspasadas, algo que afecta a varias provincias a priori “aliadas” como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chubut.
En la reunión del jueves pasado se habló del tema. Los gobernadores aseguran que los funcionarios nacionales admitieron que se trató de "un error no forzado" de Economía, cuya obsesión es ordenar el frente fiscal. Y que, una vez concluidas las auditorías en las cajas jubilatorias provinciales, el flujo de fondos iba a restituirse.
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El jueves el Gobierno recibió a los gobernadores para hablar de la Ley Bases y el Pacto de Mayo. Entre los mandatarios estuvo el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Desde el gobierno negaron que se haya hablado en esos términos y que lo que se acordó es seguir hablándolo con Economía y Ansés, que son los que están haciendo la auditoría sobre esos fondos. Mientras tanto, los gobernadores ya anticiparon que irán a la Corte Suprema para recuperar esos giros.
La puja entre Javier Milei y los gobernadores por el impuesto a las Ganancias
Otro de los puntos que genera conflicto es el de la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Los gobernadores dejaron en claro que el piso mínimo no imponible propuesto por el Gobierno es demasiado bajo ($1.200.000 netos mensuales), por lo que los funcionarios libertarios quedaron en revisarlo (se habló de subirlo a $1.800.000 netos mensuales). Asimismo, podrían retocar las escalas para que sean más progresivas y revisar la eliminación de las exenciones al impuesto.
En la nueva versión de la Ley de Bases persisten algunos puntos sobre los cuales los legisladores de la oposición dialoguista plantean objeciones, aunque anticiparon que, en general, votarán la iniciativa.
Esperan modificaciones en algunos artículos referidos al régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), el cual contempla amplísimos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para las grandes empresas participantes en detrimento de sectores medianos y pequeños.
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La vieja Ley Bases fue aprobada en general en la Cámara de Diputados, pero en la discusión en particular el gobierno perdió batallas claves y decidió retirarla.
Asimismo, quieren revisar algunas facultades delegadas –algunas las consideran excesivas- y, si bien están de acuerdo con incorporar el capítulo de la reforma laboral, advierten que la eliminación de las multas para aquellos empleadores que no inscriban a sus empleados en tiempo y forma podría fomentar el empleo en negro.
En definitiva, hay voluntad de diálogo, pero persiste la desconfianza entre los gobernadores y los legisladores de la oposición en el gobierno y, particularmente, en la figura del presidente Milei. La única motivación para acompañarlo en sus reformas es el apoyo que todavía recibe de buena parte del electorado pese a las drásticas medidas de ajuste que se aplican sobre el sector público y que, en buena medida, recaen en las provincias.