El fallo de la Corte Suprema que inhabilitó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a competir por una nueva reelección, constituye una señal de alerta que excede las fronteras sanjuaninas. En efecto, aquellos gobernadores e intendentes que aspiren a perpetuarse en sus territorios a partir de lecturas amañadas de sus respectivas constituciones deberían revisar sus estrategias políticas a partir de los considerandos del fallo que dictó el máximo tribunal.
Todas las miradas se dirigen a Formosa y al gobernador Gildo Insfrán (PJ), que el mes que viene competirá por su octava reelección consecutiva. La oposición de Juntos por el Cambio le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad del artículo que permite la reelección del gobernador y vice en Formosa y que impugne la candidatura del actual mandatario. Asimismo, solicitó la suspensión de las elecciones provinciales.
Habrá que ver si la Corte Suprema acepta el caso de Formosa como pide la oposición y se expide al respecto antes de las elecciones provinciales. Lo cierto es que el fallo del máximo tribunal sobre la cuestión de San Juan ofrece ciertas pistas sobre cómo podría resolver en el caso Formosa. Además de esta provincia, también Catamarca y Santa Cruz habilitan la reelección indefinida de sus gobernantes.
El fallo del máximo tribunal que impide la reelección de Uñac fue firmado por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz; el juez Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice de San Juan. En los considerandos del fallo, los cuatro jueces coinciden en un punto: la postulación de Uñac, a su juicio, viola “la esencia del sistema representativo republicano” establecido en la Constitución Nacional que la provincia está obligada a cumplir.
A partir de allí, los caminos se bifurcan. Tanto Rosatti como Maqueda no cuestionan la posibilidad de que una constitución provincial habilite una determinada cantidad de reelecciones, pero dicen que de la carta magna sanjuanina se hizo “una interpretación contraria al artículo 5° de la Constitución Nacional”, que establece que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional” y que “bajo de estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
Rosenkrantz va más allá de un tema de interpretación. En su voto, el juez fue mucho más duro y condenó la reelección indefinida en cualquier caso más allá de lo que digan las constituciones locales, porque contradicen al artículo 5 de la carta magna nacional.
Las posiciones de estos tres jueces permiten anticipar que Rosenkrantz se expediría en contra de la reelección de Insfrán, mientras que Rosatti y Maqueda, si bien se mostraron restrictivos respecto de las reelecciones, no fueron tan contundentes. Habrá que ver cuál será la posición que adoptará Lorenzetti en este caso, todo un enigma en el máximo tribunal.
Lo cierto es que el fallo de la Corte alimentó la retórica del peronismo contra la Corte Suprema, a la que le achacan una intención intervencionista sobre el federalismo provincial. “Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima”, escribió el presidente Alberto Fernández.
Pese al fuerte enfrentamiento que mantiene con el primer mandatario, el kirchnerismo más cerril toma este mismo argumento para justificar la “proscripción” de Cristina Kirchner. “Si sobre el filo de la realización de dos elecciones provinciales la Corte tomó los casos de San Juan y de Tucumán y suspendió los comicios locales sin esperar que se siguieran los cursos regulares de estos planteos en la Justicia de cada provincia, ¿por qué no harían algo similar con la vicepresidenta si presentara su candidatura? Podría dejar firme su condena y prohibirle competir, sin respetar tiempos ni pasos procesales ordinarios”, argumentan.
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