Santa Fe es clave en el debate por su peso parlamentario y por datos oficiales que la ubican entre las provincias con más causas penales juveniles.
El oficialismo nacional tiene previsto reabrir la discusión la semana próxima.
Con el inicio del período de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación volvió a colocar en agenda uno de los debates más sensibles de los últimos años: la reforma del régimen penal juvenil y la eventual baja de la edad de imputabilidad.
El tema se reactivó en las últimas semanas a partir de casos de alto impacto, como el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, que tensionó nuevamente la discusión pública y política sobre la responsabilidad penal de los menores.
Santa Fe aparece como una de las provincias clave, tanto por su peso parlamentario como por los datos oficiales que la ubican entre los distritos con mayor cantidad de causas penales juveniles del país.
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El oficialismo despejó la incógnita y avanzó en un acuerdo con sectores de la oposición para reactivar el debate: convocará a sesión el jueves de la semana próxima (12 de febrero) en la Cámara de Diputados para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Un día antes, el miércoles, se reunirá el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictamen. El despacho obtenido el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite formal deberá iniciarse nuevamente.
En mayo del año pasado, fue un plenario de comisiones el que emitió dictamen favorable a un proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en los 14 años. El texto proponía aplicar el régimen a adolescentes desde esa edad, con el objetivo de “fomentar el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
El dictamen incorporaba la plena vigencia de los principios y garantías del sistema acusatorio, establecía que las sanciones no podían implicar la interrupción de los estudios obligatorios y fijaba un tope máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad. También preveía el alojamiento de los adolescentes en institutos específicos o en espacios separados de los adultos, con personal capacitado para el abordaje juvenil.
Ese texto, sin embargo, no alcanzó a ser debatido en el recinto y su contenido vuelve a quedar bajo análisis.
En paralelo, hasta ayer, el oficialismo de La Libertad Avanza insistió con una propuesta idéntica al proyecto original presentado por el Gobierno nacional en julio de 2024, que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Aquella iniciativa impulsaba una reforma integral del régimen vigente, con un sistema de sanciones orientado a la educación y la resocialización, que priorizaba medidas no privativas de la libertad, aunque habilitaba condenas de hasta 20 años para determinados delitos.
La provincia de Santa Fe cuenta con 19 diputados nacionales distribuidos en tres fuerzas políticas: La Libertad Avanza (9), Unión por la Patria (6) y Provincias Unidas (4).
Según fuentes consultadas por AIRE, el bloque de Provincias Unidas evalúa acompañar en general la iniciativa si fuera similar al dictamen que se construyó en 2025, aunque con observaciones que podrían derivar en la presentación de un dictamen de minoría por parte de los legisladores socialistas, que recogería las posturas históricas del PS sobre el tema.
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En tanto, Unión por la Patria prevé debatir el tema en sus reuniones de bloque. En 2025, ese espacio rechazó el dictamen de mayoría, postura que también sostuvo el Frente de Izquierda. Desde el Justicialismo, la posición predominante es crítica frente a una iniciativa que consideran punitivista. "Me opuse tajantemente a que un tema de esta profundidad se trate de esta manera", confesó el presidente del bloque, Germán Martínez, ayer miércoles.
Mientras el debate político se reactiva, los datos oficiales aportan un marco específico. El último informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondiente a 2024, muestra que Santa Fe encabeza el ranking de provincias con mayor cantidad de ingresos de menores de edad a la justicia penal juvenil.
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Sin embargo, durante ese año, 4.551 niños, niñas y adolescentes tuvieron ingreso al sistema penal juvenil en la provincia, sobre un universo de 899.864 menores de entre 0 y 17 años, lo que representa el 0,51% del total provincial. A esos ingresos se asociaron 7.046 causas, de las cuales casi el 60% correspondieron a delitos contra la propiedad, seguidas por delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
Buenos Aires registró 1.802 imputaciones y Córdoba 2.437, cifras inferiores a las de Santa Fe, aunque el informe advierte que existen diferencias entre los sistemas judiciales provinciales que limitan la comparabilidad.
En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro reiteró su postura a favor de una revisión del régimen vigente.
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Durante una recorrida por el sur provincial, sostuvo: “Hace siete u ocho años ya lo planteaba con mucha fuerza cuando era ministro de Seguridad: el Estado tiene un problema muy grave con los delitos cometidos por menores y con un régimen de imputabilidad que no le brinda ninguna herramienta para privarlos de la libertad”.
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