Aclaran que la Ley Penal Juvenil "no es solo bajar la edad de imputabilidad": implica sanciones alternativas y resocialización
La diputada Laura Rodríguez Machado aseguró que la Ley Penal Juvenil va mucho más allá de la baja de la edad de imputabilidad. De qué se trata.
Actualmente, la normativa vigente es la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables y que los mayores de esa edad pueden ser juzgados por delitos del Código Penal.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a ocupar un lugar central en la agenda legislativa, y desde la Cámara de Diputados advierten que el foco de la Ley Penal Juvenil va mucho más allá de ese punto. Así lo explicó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en diálogo con el programa Santa Siesta de AIRE.
“Lo que estamos tratando desde mediados de 2024 no es solamente la baja de edad de imputabilidad. Ese es solo un artículo de toda la ley. Lo que se está trabajando es la modificación completa del Régimen Penal Juvenil”, señaló Rodríguez Machado.
Actualmente, la normativa vigente es la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables y que los mayores de esa edad pueden ser juzgados por delitos del Código Penal. Se trata de una ley “antigua”, sostuvo la diputada, con apenas 13 artículos que no contemplan un régimen integral de abordaje para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Ley Penal Juvenil: un nuevo régimen con enfoque integral
Según explicó la legisladora, el proyecto busca reemplazar esa ley por un régimen moderno, compuesto por más de 50 artículos, que contemple no solo la edad, sino también el equilibrio entre los derechos de las víctimas y el interés superior del adolescente, con un fuerte énfasis en la resocialización.
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“No hay hoy un régimen de tratamiento para los menores, salvo avances aislados en algunas provincias y sin coordinación. Esta reforma viene a unificar criterios y establecer un régimen general”, explicó.
El nuevo enfoque contempla distintas situaciones de conflicto penal, desde etapas iniciales hasta hechos de mayor gravedad, y prevé mecanismos para actuar tempranamente cuando el adolescente aún es recuperable.
Rodríguez Machado detalló que el proyecto incorpora una batería de medidas que hoy no están previstas y que permitirían a los jueces contar con más herramientas que la prisión. Entre ellas, se incluyen:
asesoramiento disciplinario,
inclusión en programas educativos,
tratamiento psicológico,
capacitación laboral,
servicios comunitarios,
monitoreo electrónico,
reparación del daño,
restricciones de contacto con la víctima.
“Muchas de estas medidas son sanciones penales, pero no necesariamente implican reclusión. Hoy no están contempladas y los jueces no las aplican”, indicó.
Además, remarcó que los menores nunca cumplirán penas en cárceles de adultos, sino en institutos específicos, separados de la población mayor de edad.
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Laura Rodríguez Machado,diputada nacional y presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Delitos graves y límites a las penas
La diputada fue enfática al señalar que el proyecto no contempla penas de prisión perpetua para menores, en línea con los convenios internacionales de derechos del niño. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es proteger a la sociedad, a las víctimas y también a los propios adolescentes, evitando que la inimputabilidad derive en una escalada delictiva temprana.
El debate por la edad de imputabilidad
Respecto a la edad, Rodríguez Machado explicó que el proyecto del Ejecutivo fija el límite en 13 años, aunque existen distintas posturas dentro del Congreso.
“El consenso lo va a definir la mitad más uno del recinto. Hay bloques que plantean mantener la edad actual, otros que proponen 14 años y el Ejecutivo insiste con 13”, señaló.
Según adelantó, esta semana comenzará el trabajo formal en comisiones y el “poroteo” para definir cuál será la edad que logre reunir la mayoría de los votos, una definición que podría darse en los próximos días.
