Baja de imputabilidad: por qué el debate no se agota en la edad y qué más cambia el proyecto del Gobierno

¿Qué propone el Gobierno nacional y por qué debe respetar normas mundiales?

La iniciativa del Gobierno nacional plantea una reforma integral del régimen penal juvenil y propone como eje central la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. El proyecto incorpora un nuevo esquema de sanciones orientado a la educación y la resocialización, prioriza medidas no privativas de la libertad y fija un tope máximo de 20 años de condena para determinados delitos.

En ese escenario de discusión, y ante los cuestionamientos formulados por especialistas en justicia penal juvenil, la senadora Patricia Bullrich —ex ministra de Seguridad— sostuvo en diálogo exclusivo con AIRE que la propuesta oficial se encuentra condicionada por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

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“No va a ser un sistema de reformatorios brutales. Los convenios internacionales nos ponen límites y en esos límites nos vamos a mover”, afirmó, al tiempo que subrayó que el objetivo central del régimen es evitar la reincidencia: “Un chico que comete un delito grave no tiene que salir siendo un delincuente”.

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Precisamente sobre ese punto, expertos en derecho penal y en políticas de niñez advierten que el debate no puede escindirse de la normativa internacional vigente ni de la evidencia empírica disponible, que establece estándares claros sobre el alcance del poder punitivo del Estado frente a personas menores de 18 años y condiciona cualquier reforma legislativa en la materia.

La normativa internacional como punto de partida

Marisa Graham, ex defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, sostuvo que cualquier discusión legislativa debe partir del marco constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Carta Magna. “En un Estado de derecho y en un país democrático, las leyes están por debajo de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional”, remarcó.

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En ese sentido, explicó que el abordaje del derecho penal juvenil debe inscribirse dentro del corpus iuris de derechos humanos que protege a las personas menores de 18 años.

marisa graham

Graham recordó que la Convención establece la obligación de fijar una edad mínima por debajo de la cual el Estado no puede ejercer el poder punitivo. “La Convención dice que el Estado parte tiene que establecer una edad por debajo de la cual el niño no podrá ser penalizado ni acercado al Poder Judicial Penal”, señaló, y precisó que en Argentina esa edad es actualmente de 16 años.

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Además, subrayó que incluso para los adolescentes punibles —de 16 y 17 años— rige un sistema de garantías reforzadas. “Hay una cantidad de garantías que no tienen los adultos y que deben tener los niños por el solo hecho de ser sujetos en desarrollo y esencialmente vulnerables por la edad”, explicó.

Evidencia empírica y tasas de criminalidad en Argentina y otros países

Al referirse a los fundamentos del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad, Graham cuestionó la falta de respaldo empírico. “Si uno se abstrae de lo jurídico y piensa en reformar una ley, lo primero que tiene que buscar es evidencia”, sostuvo. Y agregó: “En el caso de la República Argentina, la evidencia es absolutamente contraria a la baja de la edad”.

Según detalló, la tasa de homicidios en Argentina durante 2024 fue de 4,2 cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región. “Brasil tiene la edad en 12 años y una tasa de 23,1; Ecuador también tiene 12 años y una tasa de 37. Bajar la edad no implicó que bajaran los homicidios, al contrario, subieron”, afirmó.

Cuántos chicos llegan al sistema penal

Desde una mirada cuantitativa, el funcionario del Ministerio Público Fiscal y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Martiniano Terragni, aportó datos que permiten dimensionar el fenómeno. Explicó que informes de la Corte Suprema y estadísticas provinciales muestran que la participación de menores de 18 años en el sistema penal es reducida. “En la jurisdicción más compleja, que es la provincia de Buenos Aires, menos del 3% de las investigaciones penales preparatorias con autor conocido tienen como presuntos responsables a menores de 18 años”, indicó.

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Terragni agregó que, a nivel nacional, alrededor del 0,55% de la población menor de edad aparece vinculada a alguna denuncia penal, sin que ello implique necesariamente una condena. “La pregunta que hay que hacerse es qué hacemos con el 99,45% de los chicos que no cometen ningún delito”, planteó.

martiniano terragni

En relación con los casos graves protagonizados por menores no punibles, Terragni sostuvo que el sistema jurídico argentino ya cuenta con herramientas para intervenir. Mencionó las denominadas medidas de seguridad previstas en varias legislaciones provinciales. “La provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe tienen regulaciones que permiten una intervención estatal por debajo de la edad penal en situaciones excepcionales”, explicó.

Experiencias locales de abordaje integral

Tanto Graham como Terragni coincidieron en destacar experiencias municipales que priorizan un abordaje integral por fuera del sistema penal clásico. Graham mencionó programas implementados en Ensenada, San Martín, Avellaneda y Almirante Brown, donde la intervención recae en áreas de niñez y derechos humanos. “No están en la comisaría, están en otra área, y eso funciona y funciona bien”, señaló.

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En esos casos, explicó, el objetivo es identificar la situación del niño o adolescente, su contexto familiar y social, y articular respuestas con el Estado local. “No es premiar al chico que comete un delito, es cuidarlo y entender por qué llegó a esa situación”, sostuvo.

Una discusión recurrente

Graham advirtió que el debate por la baja de la edad de imputabilidad es cíclico y no ha prosperado en el pasado. “Es una discusión recurrente que aparece en distintos gobiernos, pero nunca pasó esta legislación”, recordó. También señaló que la última Observación General del Comité de los Derechos del Niño, de 2019, recomienda no bajar la edad mínima y desalienta el agravamiento de penas.

“Si se va a reformar la ley, el Comité le dice a la Argentina que no baje la edad de punibilidad, que no agrave las penas y que la privación de la libertad sea el último recurso”, concluyó.