Luego del acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia de Córdoba, el gobierno de Santa Fe indicó que está a la espera de que la Corte determine una fecha para la audiencia. La Provincia interpuso una demanda formal en agosto del 2024.
Desde el gobierno de Santa Fe señalaron que aguardan que la Corte defina una fecha para una audiencia, en el marco de una demanda presentada por el Estado santafesino en agosto del 2024.
Este miércoles, se supo que, en el marco de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Córdoba por la deuda con la Caja de Jubilaciones. Ante esa novedad, AIRE pudo saber que el gobierno de Santa Fe aguarda que la Corte Suprema ponga fecha para la audiencia en la que se debe avanzar con la negociación bilateral.
Según se informó oficialmente, la Nación reconoció formalmente la deuda con la entidad previsional cordobesa y presentó una propuesta que consiste en el pago de $60.000 millones a cuenta del año 2025, que serán abonados con aportes mensuales de $5.000 millones durante 12 meses. Además, la Corte fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar la marcha del acuerdo.
Ante consultas realizadas por AIRE, desde el gobierno de Santa Fe señalaron que aguardan que la Corte defina una fecha para una audiencia, en el marco de una demanda presentada por el Estado santafesino en agosto del 2024.
En ese momento y a través de la vía judicial, el gobierno santafesino cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de los pagos a la Caja de Jubilaciones provincial; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Cómo se recordará, en la década del 90, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de las Cajas de Jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $800.000 millones u $850.000 millones, actualizado a octubre de 2024. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores que, por lo tanto, iban desacoplados de valores actualizados.
A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.
Allí se establecía que Ansés “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.
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A mediados del mes de octubre de 2024, el gobierno inició un proceso de auditorías sobre convenios ya firmados, cerrados y pagados entre la Ansés y los Estados provinciales. Desde el gobierno santafesino vieron esa movida como un intento de “complejizar” el debate, mientras la provincia aguardaba avances en la Justicia respecto al reclamo formal iniciado ante la Corte Suprema.
Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe explicaron a AIRE que el gobierno nacional arrancó auditorías –que se denominan "armonización de déficit"– sobre los convenios de años anteriores. “En vez de hacer auditorías de armonización de años pendientes, auditan convenios cerrados para aplicar criterios distintos y decir 'acá me parece que te pagaron de más'. Están queriendo forzar un saldo a favor de Nación para poder decir 'mirá, vos le debés a la Nación'," precisaron las fuentes consultadas.
Fuentes de la cartera económica santafesina precisaron a AIRE que, en cuanto a la provincia, “está cerrado el año 2019, firmado por Ansés, el gobierno provincial y aprobado por la Legislatura. Nación ya pagó la diferencia. Ahora, en vez de calcular el 2020 y 2021, empezaron a revisar los cálculos del 2017 y 2018 para ver si encuentran alguna manera de interpretar que se cerró con un saldo que no era tal y debería haber sido menor”.
En tal sentido, desde el gobierno de Santa Fe entienden que “lo que están buscando son argumentos para complejizar el debate. En vez de decir no te quiero pagar o no te puedo pagar, quieren forzar una cuestión ficticia de un crédito a favor de ellos para tirarlo arriba de la mesa”.
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Por último, al hacer referencia al acuerdo logrado entre el gobierno nacional y el Estado cordobés, desde la cartera económica santafesina señalaron que “en realidad, lo que acordó Córdoba es que le den 12 anticipos mensuales de $5.000 millones a cuenta del déficit 2025, que es menos del 50% del déficit anual y una nueva reunión recién en noviembre para empezar a auditar los ejercicios 2019 a 2024”.
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