En el marco del tironeo entre el gobierno nacional y las provincias por la deuda que mantiene Ansés con las Cajas de Jubilaciones, comenzaron a realizarse auditorías de convenios ya cerrados y pagaos. Desde el gobierno de Santa Fe sostienen que “están buscando argumentos para complejizar el debate”.
El conflicto entre el gobierno nacional y las provincias por las deudas de Ansés a las Cajas de Jubilaciones que no fueron transferidas a la órbita nacional, continúa profundizándose tras una polémica medida tomada por la administración encabezada por el presidente Javier Milei.
Es que el gobierno inició un proceso de auditorías sobre convenios ya firmados, cerrados y pagados entre la Ansés y los Estados provinciales. Desde el gobierno santafesino ven esta movida como un intento de “complejizar” el debate, mientras la provincia aguarda avances en la Justicia respecto al reclamo formal iniciado meses atrás.
Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe explicaron a AIRE que el gobierno nacional arrancó auditorías –que se denominan "armonización de déficit"– sobre los convenios de años anteriores. “En vez de hacer auditorías de armonización de años pendientes, auditan convenios cerrados para aplicar criterios distintos y decir 'acá me parece que te pagaron de más'. Están queriendo forzar un saldo a favor de Nación para poder decir 'mirá, vos le debés a la Nación'," precisaron las fuentes consultadas.
Esta situación no solo se está dando con la provincia de Santa Fe, sino también con otros Estados provinciales que tampoco transfirieron sus cajas a la Nación.
Fuentes de la cartera económica santafesina precisaron a AIRE que, en cuanto a la provincia, “está cerrado el año 2019, firmado por Ansés, el gobierno provincial y aprobado por la Legislatura. Nación ya pagó la diferencia. Ahora, en vez de calcular el 2020 y 2021, empezaron a revisar los cálculos del 2017 y 2018 para ver si encuentran alguna manera de interpretar que se cerró con un saldo que no era tal y debería haber sido menor”.
En tal sentido, desde el gobierno de Santa Fe entienden que “lo que están buscando son argumentos para complejizar el debate. En vez de decir no te quiero pagar o no te puedo pagar, quieren forzar una cuestión ficticia de un crédito a favor de ellos para tirarlo arriba de la mesa”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza realizar audiencias públicas antes de fin de año para aquellas demandas que las provincias iniciaron contra la Nación. Entre ellas, aparece la queja del Estado santafesino contra Anses, por el recorte de fondos destinados a la Caja de Jubilaciones.
A principios de agosto, la Provincia de Santa Fe interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.
A través de la vía judicial, el gobierno santafesino cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exigió que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.
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Según las últimas estimaciones oficiales, el monto que reclamará la provincia oscila entre los 800 y los 850 mil millones de pesos. Ese bache lo viene cubriendo el Estado santafesino con fondos propios. Según publica el portal La Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los actuales integrantes, llamaría a audiencia a las provincias que tienen demandas contra la Nación, algunas presentadas durante la gestión de Javier Milei y otras durante el gobierno de Alberto Fernández.
El tema que más urge a los gobernadores es el relacionado con el corte de los giros a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Hay tres demandas ya ingresadas -las de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe- y otras en preparación. Fuentes judiciales confirmaron que se realizaría antes del cierre de este año la convocatoria a las audiencias -el mismo procedimiento que hace unas semanas realizó en la causa de la ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la cautelar por la restitución de la coparticipación-. Aunque hay varios temas por los que las provincias fueron a la Corte Suprema, el más urgente es el de los fondos para los sistemas previsionales.
“La demanda fue iniciada por el fiscal de Estado del gobierno anterior (Rubén Weder), en septiembre u octubre, y cuando nosotros llegamos realizamos algunas correcciones porque nos pareció que había cosas que estaban incompletas y actualizamos los montos, porque habían pasado unos meses y se seguía generando deuda”, explicó el fiscal de Estado Domingo Rondina.
Según el actual fiscal de Estado, “la deuda al momento en que se actualizó arrojaba unos 720 mil millones de pesos. Hicimos algunas mejoras en el juicio y ahora la demanda está en la Corte Suprema de la Nación”.
Cómo se recordará, en la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
