Un grupo de más de 300 productores agropecuarios presentó cuatro propuestas para la reforma de la Constitución de Santa Fe. Las iniciativas buscan garantizar el respeto por la propiedad privada, regular el crecimiento urbano y establecer límites claros a la actividad económica rural.
Con la participación de más de 300 productores, se presentaron cuatro propuestas para la reforma de la Constitución de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Un grupo de alrededor de 300 productores agropecuarios de Santa Fe ingresó cuatro propuestas para la reforma constitucional. Las iniciativas buscan proteger la propiedad privada y asegurar el equilibrio entre el campo y la ciudad, respondiendo a "severas inquietudes" del sector rural.
Entre los referentes que encabezaron la propuesta se destacan María Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario; Fernando Belinde, presidente de la Asociación de Productores Unidos de Rafaela; y Daniel Bernard, productor agropecuario de Sastre.
La motivación principal detrás de estas propuestas es la percepción de que en comunas y municipios se "ha olvidado el respeto inamovible de la propiedad privada y la propiedad preexistente".
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En ese sentido los referentes explicaron a AIRE que las propuestas presentadas giran en torno a la protección ambiental con resguardo de la propiedad; la delimitación urbana; la prohibición de circulación en propiedades privadas; y todo lo referido a las restricciones que persisten sobre la actividad.
Los productores proponen integrar principios de protección del ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, sin descuidar la actividad económica y los derechos sobre la tierra. El eje central de este apartado es compatibilizar la producción con los artículos 17 y 41 de la Constitución Nacional, que garantizan la propiedad privada y un ambiente sano.
Se contempla una mayor coordinación interjurisdiccional, la participación de actores sociales y la incorporación de criterios técnicos que favorezcan una planificación territorial coherente.
"Lo que nosotros queremos es que se proteja el ambiente con un sistema moderno, pero sin contraponer el desarrollo económico ni el ejercicio de las actividades agropecuarias", resumió Bernard.
Otra de las propuestas plantea que ninguna zona pueda ser declarada urbana sin antes contar con los servicios básicos esenciales. "Lo que queremos con esto es unir criterios respecto a la urbanización y a las zonas que se le llaman 'ejido urbano', donde muchas las personas viven o construyen sus casas en asentamientos que hacen que los límites establecidos se extiendan libremente", sumó Bernard.
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En ese sentido, la iniciativa busca agilizar la reubicación de asentamientos irregulares y establecer resarcimientos claros frente a medidas que impliquen la pérdida de dominios o el cese de actividades productivas.
Los productores exigen que se prohíba la circulación de personas ajenas a los predios rurales sin autorización o justificación urgente. Esta medida busca frenar la intrusión, que muchas veces no encuentra sanciones efectivas.
Finalmente, los referentes y adherentes cuestionan las restricciones agronómicas "impuestas de forma arbitraria" por algunas comunas y municipios, muchas veces sin participación técnica ni evaluación profesional. Señalan que existe una "mala información" sobre la aplicación fitosanitaria que genera un "gran prejuicio" y se traduce en "políticas erradas" que causan daño sin ofrecer herramientas para contrarrestarlo.
Denuncian que estas decisiones generan pérdidas económicas, laborales y de consumo, afectando la producción local y la recaudación estatal. En este punto también reclaman el respeto a las leyes existentes y a las buenas prácticas agronómicas, y solicitan un mecanismo de resarcimiento por lucro cesante.
“Nos posicionamos en este tema porque creemos que no se respetan las leyes. Hay un avasallamiento sin fundamentos técnicos ni científicos. El productor cumple con las buenas prácticas y todos los productos están aprobados por SENASA. Solo pedimos que se cumpla la Constitución”, sostuvo Aramendi.
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Por su parte, Fernando Belinde, de la Asociación de Productores Unidos de Rafaela, indicó: “Los convencionales constituyentes deberán considerar estas propuestas para garantizar el respeto por la propiedad privada, evitar usurpaciones, defender el trabajo y reforzar la autonomía municipal y comunal”.
Belinde también resaltó el respaldo del sector agroindustrial a las iniciativas: “Hemos reunido más de 400 firmas y el apoyo de cámaras del agro y trabajadores del sector. Esta causa es legítima: pedimos poder trabajar con libertad, sin imposiciones, y con seguridad en nuestras propiedades”.
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