Uno de los puntos que más debates generará, tanto en las comisiones temáticas como en las sesiones en el recinto es, sin dudas, el rol institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa.
El contrapunto radica en la autonomía que pretenden tener las actuales autoridades –sobre todo la del MPA, María Cecilia Vranicich-. En reiteradas oportunidades, Vranicich planteó la necesidad de que el MPA sea un órgano totalmente independiente.
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El titular del sindicato, Juan Pablo Langella, indicó que “estamos acá para hacerle conocer a los convencionales que es la voluntad del trabajador judicial no escindirse del Poder Judicial.
En cambio, desde el sindicato de trabajadores judiciales de Santa Fe expresaron lo contrario. En declaraciones periodísticas, el titular del sindicato, Juan Pablo Langella, indicó que “estamos acá para hacerle conocer a los convencionales que es la voluntad del trabajador judicial no escindirse del Poder Judicial, que queremos que nos respeten nuestra carrera judicial, el régimen salarial y, en particular, el derecho de haber rendido para ingresar al Poder Judicial”.
Langella, además, contradijo los argumentos vertidos por la titular del MPA respecto a la falta de autonomía. “Los argumentos vertidos por quienes son actualmente titulares del Ministerio Público y la Defensa Pública, en el sentido de no contar con autonomía y autarquía no son ciertos, muy por el contrario, hoy ya cuentan con autonomía y autarquía y la asignación presupuestaria la tienen por ley de presupuesto anual”.
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“En defensa de la democracia, un Ministerio Público Fiscal fuera del Poder Judicial pierde protección y estará sin los contrapesos necesarios que la República o un gobierno republicano exige y que estará a merced del gobierno de turno”, advirtió el sindicalista, quien agregó: como órgano extra poder sería llevarnos a un abismo, a una incertidumbre total para todos los derechos que consagran al trabajador”.
Langella aseguró que “todo esto va a llevar a un Ministerio Público a una fragilidad total que, a futuro, este Ministerio va a estar a merced de la política de turno. Y cuando digo que va a estar a merced de la política de turno, con lo que todo eso implica, fíjense que hoy por hoy el MPA también tiene a cargo lo que es el Organismo de Investigación, y el Organismo de Investigación es lo que sería para nosotros una mini SIDE que tiene una tarea específica en coordinación con el Ministerio de Seguridad. La protección del MPA está dentro del Poder Judicial, no fuera del Poder Judicial”.
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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal manifestaron su postura respecto al reconocimiento constitucional de los organismos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En la misma dirección, el representante de los trabajadores judiciales precisó que “el titular de la acción penal, el que tiene que perseguir el delito, el que tiene que definir la política, tiene que estar dentro del Poder Judicial y no fuera del Poder Judicial porque cuando está fuera del Poder Judicial va a estar sujeto a manipulación del poder político de turno que es lo que tenemos que evitar los santafesinos a futuro”.
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En cuanto al planteo presentado en la convención, Langella explicó que acompañaron el artículo que se sanciona en la ley con la incorporación de un párrafo que incluye al MPA dentro del Poder Judicial. “Lo que sí no podemos consentir es la pérdida de los derechos de los trabajadores judiciales en relación al escalafón, al salario y a la carrera judicial”, concluyó.
El MPA y el Servicio Provincial de Defensa Penal buscan su reconocimiento constitucional
Días antes del inicio de la Convención del 25 en Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal manifestaron su postura respecto al reconocimiento constitucional de los organismos.
La defensora provincial, Estrella Moreno Robinson, y la fiscal general, María Cecilia Vranicich, coincidieron en la necesidad de asegurar la autonomía funcional, la autarquía financiera y la independencia de los organismos para garantizar un sistema de justicia equilibrado y de calidad.
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, reafirmó el posicionamiento institucional del MPA ante el inicio de la Convención del 25. Aseguró que es un momento histórico que ofrece una oportunidad para consolidar la autonomía y autarquía del organismo. En todas las reuniones con convencionales, Vranicich refirió a la necesidad de que el MPA sea considerado como un órgano extrapoder: “Cuando planteamos este tema, no estamos diciendo que el MPA tiene que ser un nuevo poder del Estado con la misma jerarquía que los tres poderes actuales, ser extrapoder significa ser independientes en nuestra propia organización y contar con nuestra propia superintendencia”.
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La fiscal general, María Cecilia Vranicich, reafirmó el posicionamiento institucional del MPA ante el inicio de la Convención del 25.
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“Para ello necesitamos tener independencia de los tres poderes del Estado”, sumó y completó: “Particularmente, es de vital importancia que el MPA pueda administrar su propio gobierno institucional y luego de la reforma deje de estar comprendido en la superintendencia que ejerce la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, extremo que fue puesto en crisis desde el propio nacimiento del MPA por cada uno de los Fiscales Generales anteriores”.
La titular del MPA dijo que “si bien hay matices y miradas, todos los convencionales reconocen el trabajo que venimos realizando desde el MPA y la necesidad de que estemos consagrados como institución en la Constitución Provincial”.
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“Sostenemos que el reconocimiento constitucional del MPA incluye sus funciones de, por un lado, diseñar y ejecutar la política de persecución penal pública coordinadamente con las demás autoridades de la provincia y orientando su actuación a los intereses de las víctimas y de la ciudadanía, en procura de evitar la impunidad del delito”, aclaró Vranicich. “Y por otro lado, la promoción, el ejercicio y la disposición de la acción penal en la forma establecida por la ley”, añadió.
"Somos optimistas de que el sistema de justicia penal resultará fortalecido, y se consolidarán sus dos instituciones basales: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para lo cual es necesario el expreso reconocimiento como órganos autónomos, autárquicos e independientes”, reafirmó.
