La defensora provincial, Estrella Moreno Robinson, y la fiscal general, María Cecilia Vranicich, coinciden en la necesidad de asegurar la autonomía funcional, la autarquía financiera y la independencia de los organismos para garantizar un sistema de justicia equilibrado y de calidad.
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La postura del Servicio Público de Defensa Penal
Durante el encuentro con los convencionales, realizado el jueves en la sede del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Robinson explicó que el objetivo del organismo es dar respuestas de calidad a las personas más vulnerables, subrayando que la defensa debe ser independiente de otros poderes.
"Creemos que debemos ser independientes de todo otro poder y que debemos tener la defensa integral porque las personas no están divididas por fueros, las atraviesan diversas vulnerabilidades y una respuesta integral es la única respuesta de calidad para las personas que nos necesitan, que necesitan el acceso a la justicia", expresó Robinson.
Servicio Provincial de Defensa Penal
En ese sentido, señaló que "la selección y la remoción de los defensores debe estar en manos de la defensa, mirando el modelo del Ministerio Público de la Nación", y sumó: "Si hubiera un Consejo de la Magistratura, consideramos que debemos integrarlo. No nos opondríamos, pero deberíamos integrarlo tanto para la selección como para la remoción".
"Nosotros nos comprometemos a garantizar que haya equiparación absoluta entre fiscales, jueces y defensores y entre todos los integrantes de la Defensa con los empleados de los otros organismos", aseguró la funcionaria y lanzó: "Tal vez sea el tiempo adecuado para constitucionalizar los derechos de los trabajadores".
"Esta reforma es como un tren que pasa y tenemos que subirnos a ese tren. Tenemos que pensar qué diseño nos corresponde. No se trata de privilegios para la Defensa. Se trata de que la Defensa tenga un lugar igual, equiparado, el mismo que los jueces y los fiscales. Que las tres funciones, la de acusar, juzgar y defender, tengan las mismas condiciones", concluyó.
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La postura del MPA
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, reafirmó también esta semana el posicionamiento institucional del MPA ante el inicio de la Convención del 25. Aseguró que es un momento histórico que ofrece una oportunidad para consolidar la autonomía y autarquía del organismo.
En todas las reuniones con convencionales, Vranicich refirió a la necesidad de que el MPA sea considerado como un órgano extrapoder: “Cuando planteamos este tema, no estamos diciendo que el MPA tiene que ser un nuevo poder del Estado con la misma jerarquía que los tres poderes actuales, ser extrapoder significa ser independientes en nuestra propia organización y contar con nuestra propia superintendencia”.
“Para ello necesitamos tener independencia de los tres poderes del Estado”, sumó y completó: “Particularmente, es de vital importancia que el MPA pueda administrar su propio gobierno institucional y luego de la reforma deje de estar comprendido en la superintendencia que ejerce la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, extremo que fue puesto en crisis desde el propio nacimiento del MPA por cada uno de los Fiscales Generales anteriores”.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
La titular del MPA dijo que “si bien hay matices y miradas, todos los convencionales reconocen el trabajo que venimos realizando desde el MPA y la necesidad de que estemos consagrados como institución en la Constitución Provincial”.
“Sostenemos que el reconocimiento constitucional del MPA incluye sus funciones de, por un lado, diseñar y ejecutar la política de persecución penal pública coordinadamente con las demás autoridades de la provincia y orientando su actuación a los intereses de las víctimas y de la ciudadanía, en procura de evitar la impunidad del delito”, aclaró Vranicich. “Y por otro lado, la promoción, el ejercicio y la disposición de la acción penal en la forma establecida por la ley”, añadió.
Dicho posicionamiento fue presentado en reuniones con todos los bloques de convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Las reuniones se llevaron a cabo en las ciudades de Santa Fe y de Rosario.
"Somos optimistas de que el sistema de justicia penal resultará fortalecido, y se consolidarán sus dos instituciones basales: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para lo cual es necesario el expreso reconocimiento como órganos autónomos, autárquicos e independientes”, reafirmó.
