Nación refuerza su política contra el narcotráfico y toma como referencia la experiencia de Santa Fe
Una resolución del Ministerio de Justicia destaca la experiencia de Santa Fe en la desfederalización del microtráfico y busca replicarla.
La referencia a Santa Fe adquiere relevancia porque la provincia ya cuenta con un balance oficial de los dos primeros años de aplicación del nuevo esquema de persecución penal del microtráfico.
Una nueva resolución del Ministerio de Justicia fijó los próximos pasos de la estrategia nacional contra el narcotráfico y puso a la desfederalización del microtráfico como uno de sus principales ejes. El Gobierno dispuso reactivar la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico (MAJUN), ratificó el esquema de trabajo que combina prevención, persecución penal y coordinación entre jurisdicciones, y señaló a Santa Fe entre las provincias que sirven como antecedente del proceso de transferencia de competencias para investigar el narcomenudeo.
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La Resolución 361/2026 no incorpora nuevos programas, sino que ordena y reafirma las líneas de acción que el Ministerio de Justicia ya venía impulsando, según la decisión del Ejecutivo. La estrategia se estructura sobre tres ejes: el tratamiento del consumo problemático a través de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, el fortalecimiento de las provincias en la investigación del microtráfico y una mayor coordinación entre organismos nacionales y provinciales para la persecución de las organizaciones narcocriminales de mayor escala.
Santa Fe, entre las provincias que Nación destaca
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Justicia recuerda que la Ley 26.052 permitió a las provincias asumir la investigación del narcomenudeo y enumera las jurisdicciones que fueron adhiriendo al régimen durante los últimos veinte años.
Entre ellas aparece Santa Fe, que implementó la desfederalización en 2024 y pasó a investigar los delitos vinculados al microtráfico dentro del ámbito provincial.
Para el Gobierno nacional, este mecanismo presenta una doble ventaja. Por un lado, permite que cada provincia diseñe estrategias adaptadas a la realidad de sus territorios y responda con mayor rapidez frente a los mercados locales de drogas. Por otro, libera recursos de la Justicia Federal para concentrarse en las organizaciones criminales de mayor complejidad, vinculadas con la producción, el transporte, la distribución y el financiamiento del narcotráfico.
La resolución sostiene que esa redistribución de competencias fortalece la política criminal en todos los niveles y justifica la continuidad del proceso de adhesión de nuevas jurisdicciones.
Una política que Nación busca consolidar
El documento también repasa la creación del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), destinado a brindar asistencia técnica, coordinación y herramientas a las provincias que asumieron estas competencias.
Según el Ministerio de Justicia, varias jurisdicciones ya firmaron convenios de adhesión y el objetivo es ampliar ese esquema para consolidar una política criminal nacional frente al microtráfico.
En paralelo, la resolución dispone retomar la actividad de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico (MAJUN), espacio integrado por representantes de la Justicia Federal, ministerios públicos, cortes provinciales, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos.
El objetivo será fortalecer el intercambio de información, coordinar investigaciones complejas, diseñar protocolos conjuntos y mejorar la articulación entre la justicia federal y las justicias provinciales.
El antecedente santafesino
La referencia a Santa Fe adquiere relevancia porque la provincia ya cuenta con un balance oficial de los dos primeros años de aplicación del nuevo esquema de persecución penal del microtráfico.
De acuerdo con el informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, desde la entrada en vigencia de la Ley 14.239 ingresaron 24.843 causas vinculadas al microtráfico, se realizaron 2.616 allanamientos, se secuestraron 658 armas de fuego, hubo 490 condenas y fueron desactivados 100 puntos de venta de droga.
El balance también muestra un crecimiento sostenido de las denuncias ciudadanas. En ese período se registraron 18.409 llamados al 911 para denunciar presuntos puntos de venta de estupefacientes, información que derivó en investigaciones judiciales distribuidas en toda la provincia.
Según el oficialismo provincial, esos resultados fueron posibles a partir de la reorganización institucional que implicó la desfederalización, con la creación de estructuras especializadas para investigar el microtráfico y una mayor coordinación entre el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad.
