El capo narco que domina la hidrovía denunció que la DEA lo quiso sobornar y fue acusado de narcoterrorismo
El narco Sebastián Marset escribió una carta en la que cuenta supuestas irregularidades en su detención en Bolivia y la extradición a Estados Unidos. El organismo norteamericano lo considera el nuevo Pablo Escobar.
El momento de la detención del capo narco Sebastián Marset, con agentes de la DEA presentes. Luego fue extraditado a Estados Unidos.
Sebastián Marset dio vuelta el tablero, con una salida típica de un hombre extravagante del mundo criminal. El narcotraficante uruguayo, detenido desde el 13 de marzo y procesado en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, en Estados Unidos, despidió a todo su equipo de abogados estadounidense y presentó ante el juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita de cuatro páginas en la que acusa a dos agentes federales de haber intentado extorsionarlo por cuatro millones de dólares en criptomonedas.
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Semanas después, la fiscalía respondió con el golpe más duro de todo el expediente: una segunda acusación formal que suma el cargo de narcoterrorismo y expone a Marset a una condena a prisión perpetua. Este jefe narco uruguayo es quien se sospecha maneja gran parte del tráfico de drogas por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Las diferentes estrategias del capo narco Sebastián Marset en su reclusión en Estados Unidos
Es el giro más drástico desde que la DEA lo subió a un avión en Bolivia y lo entregó a la justicia de Estados Unidos: hasta marzo, Marset había delegado su defensa en un equipo de exfiscales con peso en Washington y Miami; después, decidió pelear solo desde una celda del Centro de Detención de Alexandria, antes de sumar a dos nuevos abogados.
La carta, redactada en inglés y presentada a fines de junio, es el documento de un hombre que decidió jugar todas sus fichas en simultáneo. Marset relata que el día de su captura, tras una "entrega irregular que viola los tratados internacionales", fue trasladado en avión hasta el aeropuerto internacional Dulles, en Washington. Señaló que en ese lugar pidió un abogado y nadie lo escuchó. Lo interrogaron sin asistencia judicial y, según su versión, los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel lo amenazaron con que nunca volvería a ver a sus hijos y que pasaría el resto de su vida en prisión si no cooperaba. Marset había tomado una reacción similar contra las autoridades bolivianas cuando lo fueron a detener, cuando descargó en un video fuertes críticas y reveló supuesto pago de sobornos a militares de ese país.
El punto más grave de la denuncia llega después: los mismos agentes le habrían exigido acceso a una billetera de criptomonedas con unos cuatro millones de dólares en USDT. Ante su negativa, según la versión de Marset, llamaron por WhatsApp a su madre y le pidieron que les enviara fotos de un cuaderno donde estaban anotadas las claves privadas de esa billetera. "Estos mensajes se conservan y constituyen prueba escrita directa de la conducta extorsiva", escribió. La fiscalía rechazó las acusaciones y sostuvo que, en caso de una eventual condena, esos activos digitales serán decomisados por el Estado estadounidense.
Marset también denunció que el acta de su interrogatorio fue alterada: que su rechazo a las acusaciones en su contra quedó registrado como admisión, lo que en sus palabras constituye "un fraude de un documento oficial". Pidió al juez dos cosas muy concretas: que ordene al alguacil Timothy Alley permitir sin demoras el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención, y que en futuros traslados se garantice que no vuelva a tener contacto con los agentes denunciados, "dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad".
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Lo que la carta no necesitaba explicitar, pero que cualquiera que siguió el expediente desde marzo entendía de inmediato, era a quién apuntaba Marset cuando decía que sus abogados "se negaron a informar sobre estos hechos o a presentar mociones" para cuestionar al fiscal a cargo del caso. Su defensa había estado integrada hasta entonces por un equipo de pesos pesados con base en Miami y Washington, encabezado por Gene Rossi, un exfiscal federal que construyó buena parte de su carrera litigando casos de narcotráfico y lavado de dinero precisamente en el Distrito Este de Virginia: el mismo tribunal donde Marset es juzgado. Marset echó a ese equipo y lo reemplazó por dos nuevos representantes, Robert Feitel y Sandi S. Rhee.
Una nueva imputación por narcoterrorismo
Esa lógica de negociación silenciosa —ganar tiempo para tantear un acuerdo de culpabilidad que evitara una imputación por narcotráfico— explotó a fines de junio. El 26 de junio, el equipo que lidera el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff presentó en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia una nueva acusación que elevó drásticamente el escenario judicial del narcotraficante uruguayo: a la única imputación original —conspiración para lavar dinero, presentada en 2024— le sumaron tres cargos más, entre ellos el de "conspiración narcoterrorista". El giro confirmó que las negociaciones por un acuerdo de culpabilidad, que habían llevado a sucesivas postergaciones de la audiencia, naufragaron.
Los nuevos cargos son, en concreto, tres: conspiración para cometer narcoterrorismo, tipificado en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 960a, que castiga a quienes participan en operaciones internacionales de narcotráfico proporcionando apoyo material a organizaciones vinculadas con actividades terroristas, con pena máxima de cadena perpetua; y conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación, prevista en la Maritime Drug Law Enforcement Act, que por la cantidad de droga involucrada también contempla la perpetua como pena máxima, además de un cargo adicional de conspiración para lavado de activos.
La acusación describe a Marset como el "líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero", el Primer Cartel Uruguayo, que traficaba cocaína obtenida en Perú, Bolivia y Colombia y la enviaba principalmente a través de puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay hacia Europa occidental, en particular Portugal, España, Países Bajos y Bélgica. En relación al lavado, la fiscalía sostiene que los mecanismos incluían grandes movimientos de euros en efectivo, ingresados al sistema financiero internacional mediante facturas falsas de empresas europeas y criptomonedas.
Los fundamentos para las nuevas acusaciones contra Marset
El cargo marítimo se apoya en un episodio de 2024: la fiscalía sostiene que Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo colombiano para enviar cerca de 1700 kilos de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica en una lancha sin bandera, cargamento que las autoridades colombianas terminaron interceptando tras que la tripulación arrojara parte de la droga al mar durante la persecución.
Pero el tramo más nuevo del expediente es el que reconstruye antecedentes de violencia que hasta ahora no figuraban de forma explícita en la causa. La acusación incorpora el uso de armas, explosivos y artefactos peligrosos con fines que iban más allá del beneficio económico: haber instruido en 2020 a un cómplice para lanzar una granada contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay, una amenaza posterior contra la entonces fiscal de drogas Mónica Ferrero —a quien, según la fiscalía, un cómplice le envió un mensaje advirtiendo que las fuerzas de seguridad debían "respetar" al PCU o el propio cartel les "dificultaría las cosas"— y dos homicidios de presuntos colaboradores o sospechosos de informar a las autoridades, en 2020 y 2021.
Uno de esos casos tiene nombre y apellido: la fiscalía sostiene que el 12 de septiembre de 2021, en Asunción, Marset "coordinó" el asesinato de un coconspirador porque creía que esa persona estaba cooperando con las autoridades policiales. Ese mismo día fue asesinado a tiros el empresario Mauricio Schwartzman en el barrio Jara de Asunción, y medios paraguayos confirmaron que se trata del mismo hecho.
Este miércoles se realizó una audiencia de control de trámite y de formalización de cargos en la que Marset se declaró no culpable de los nuevos cargos —narcoterrorismo, conspiración marítima y lavado de dinero— y en la que también se fijó el cronograma procesal correspondiente. Su abogado Santiago Moratorio confirmó que se trató de una audiencia de status conference y de arraignment. Esa cita reemplazó, en los hechos, a la que estaba prevista originalmente para negociar una oferta de acuerdo de culpabilidad: con los nuevos cargos sobre la mesa, esa vía de salida quedó, al menos por ahora, descartada.
La historia de Sebastián Marset como narcotraficante en la Hidrovía Paraná - Paraguay
Marset, de 34 años, construyó desde los márgenes del Río de la Plata una organización —el Primer Cartel Uruguayo, cuya sigla, PCU, llevaba tatuada— que llegó a controlar una de las rutas de cocaína más rentables del mundo, con base operativa en Bolivia y Paraguay y ramificaciones hacia Europa. Antes de su captura, la DEA ofrecía dos millones de dólares por información que condujera a su arresto. Pesaban sobre él pedidos de captura de cinco países y figuraba entre los objetivos prioritarios de Europol, Interpol y la propia DEA. También fue señalado, sin imputación formal, por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022.
La Argentina, y puntualmente la zona de Rosario, no es un dato menor en ese mapa: la sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que las autoridades argentinas registraran formalmente la presencia de la organización en el país, lo que confirma que el corredor de la Hidrovía Paraná-Paraguay operaba como ruta de tránsito de su droga años antes de que su nombre apareciera en los expedientes judiciales.
Su detención, el 13 de marzo en un barrio de Santa Cruz de la Sierra, fue presentada por el gobierno boliviano como un éxito de cooperación regional entre la Felcn, la DEA y las policías de Uruguay y Paraguay. Marset, en cambio, la describió en su carta como una entrega "irregular" hecha sin orden de allanamiento ni de arresto, ejecutada a las tres de la madrugada y resuelta en horas: ese mismo día ya estaba siendo trasladado en avión hacia territorio estadounidense.
Lo que queda planteado ahora es una disputa que excede lo estrictamente judicial. Marset construyó su poder corrompiendo funcionarios —llegó a acusar públicamente al exdirector de la Felcn boliviana de haberle avisado en 2023 que su orden de arresto ya estaba firmada— y ahora, desde la cárcel, intenta voltear esa misma lógica contra quienes lo capturaron, mientras enfrenta, por primera vez, la posibilidad real de una condena a prisión perpetua.