El conflicto se centra en el moderno complejo judicial ubicado en la ciudad, cuya planificación original incluía la convivencia del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, tras los cambios introducidos por la reforma constitucional, que establecieron la autonomía de los ministerios públicos, el criterio de uso del edificio quedó en discusión.
Embed - ESCÁNDALO en la JUSTICIA de SANTA FE: Corte y Defensa pelean por el NUEVO EDIFICIO
La postura de la Corte Suprema
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, fue contundente al referirse al destino del inmueble. “Ese edificio está hecho para el Poder Judicial”, afirmó, descartando que esté previsto para otros organismos.
En esa línea, explicó que la intención del tribunal es concentrar dependencias propias para evitar gastos en alquileres y optimizar recursos. “Si nos sobra lugar, como ya hemos hecho en otros casos, se puede ceder”, señaló, aunque ironizó sobre la posibilidad de compartir espacios: “Si lo conseguís, avisame”, dijo ante una insistente consulta de la prensa, entre los que se encontraba el móvil de AIRE.
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
Gutiérrez también remarcó la necesidad de que cada poder del Estado mantenga sus competencias. “Cada uno en lo suyo”, expresó, en relación a la organización institucional.
El reclamo del Ministerio Público de la Defensa
Desde el Ministerio Público de la Defensa, la respuesta no tardó en llegar. Estrella Moreno Robinson cuestionó la decisión de la Corte y confirmó que ya presentaron un recurso de revocatoria.
Según explicó, el edificio fue pensado originalmente como un centro de justicia penal que integrara a todos los actores del sistema. “La idea es que todo esté unido para dar una respuesta más eficiente y un mejor acceso a la justicia”, sostuvo.
Robinson aseguró además que el organismo tiene asignados 1030 metros cuadrados desde instancias previas y que incluso se trabajó durante años en función de ese espacio. “Nos fue adjudicado y notificado por la Corte”, indicó.
En ese sentido, remarcó que el reclamo también se apoya en la Constitución provincial. “Es un espacio que nos pertenece y vamos a exigirlo”, afirmó, al tiempo que subrayó que la prioridad es mejorar la atención a los sectores más vulnerables.
Falta de consenso y pedido de diálogo
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la ausencia de instancias de diálogo previas a la decisión. “Esta resolución se tomó sin diálogo ”, cuestionó Robinson, aunque aseguró estar dispuesta a negociar una salida.
La funcionaria también hizo referencia a iniciativas políticas que buscan acercar posiciones, como la propuesta de convocar a una mesa entre los distintos organismos que aprobó el Senado en la última sesión ordinaria. “Siempre estamos dispuestos a reunirnos”, señaló.
