Avanza en el Congreso una ley contra la violencia de género: refugios, asistencia económica y más protección
La iniciativa busca reforzar las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento ante situaciones de violencia de género en Argentina.
Con el dictamen ya aprobado en comisión, el proyecto quedó en condiciones de avanzar en su tratamiento legislativo dentro de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dio un paso clave al aprobar el dictamen para declarar la Emergencia Pública Nacional en materia de violencia de género. La iniciativa propone establecer la emergencia por un plazo inicial de dos años en todo el territorio argentino y habilita una serie de medidas extraordinarias orientadas a la prevención, asistencia y protección de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.
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El proyecto plantea como objetivos centrales reducir de manera urgente los casos de femicidios, transfemicidios y travesticidios, garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente y reactivar políticas públicas destinadas a la prevención y el acompañamiento de las víctimas. Entre ellas, prevé la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Capacitación, refugios y sistemas de alerta
Entre las medidas prioritarias incluidas en el dictamen figura la aplicación efectiva de la Ley Micaela en todos los niveles del Estado, con especial énfasis en las fuerzas de seguridad y en los agentes que intervienen en la recepción de denuncias. También contempla la implementación del patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género mediante la puesta en funcionamiento del cuerpo de abogados especializado previsto por ley.
El texto propone además reanudar programas destinados a fortalecer refugios, hogares de protección y casas de medio camino, así como crear un sistema unificado de alerta temprana y localización inmediata coordinado entre fuerzas de seguridad y poderes judiciales. Dentro de ese esquema se prioriza la utilización de dispositivos electrónicos de geolocalización para agresores que incumplan restricciones judiciales.
Otra de las medidas incluidas apunta a fortalecer la articulación entre la Oficina de Violencia Doméstica, la Línea 144, los Centros de Acceso a la Justicia y otros organismos de asistencia, además de consolidar un registro único nacional de casos de violencia por motivos de género.
Vivienda, empleo y educación para las víctimas
El proyecto también incorpora un capítulo destinado a promover la autonomía económica y social de las personas afectadas por situaciones de violencia. Entre otras acciones, plantea garantizar soluciones habitacionales temporarias, facilitar el acceso a contratos de alquiler y promover incentivos para empresas que contraten formalmente a víctimas de violencia de género. Asimismo, prevé becas y programas de apoyo para que puedan retomar o completar estudios en distintos niveles educativos.
Para financiar estas políticas, la iniciativa crea un Programa Federal de Atención de la Emergencia que distribuirá recursos extraordinarios a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo criterios vinculados a las necesidades sociales y a la capacidad de respuesta de cada jurisdicción.
Una asignación económica especial
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la creación de una Asignación Económica Especial destinada a víctimas de violencia por razones de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y carezcan de recursos suficientes para sostener una vida autónoma. La prestación tendría un monto equivalente, como mínimo, a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y podría extenderse hasta dos años según cada situación particular.
El texto establece además que para acceder a esta asistencia no será obligatorio presentar una denuncia judicial. La situación de violencia podrá acreditarse mediante informes elaborados por profesionales de organismos estatales, constancias de atención en hospitales o registros de intervenciones realizadas por organismos especializados.
Con el dictamen ya aprobado en comisión, el proyecto quedó en condiciones de avanzar en su tratamiento legislativo dentro de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por el debate sobre las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia por razones de género.
125 femicidios durante el actual año
Como autor de la iniciativa, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón, al detallar que “tenemos 125 intentos de femicidios en lo que va del año, uno cada 26 horas”, el legislador ratificó que “nos encontramos ante un sistema que sigue brindando y garantizando impunidad y las condiciones para que esto suceda”. Al respecto, resaltó que “se da en un contexto de desmantelamiento total de las políticas, desfinanciamiento y negacionismo”.
Por otro lado, la diputada de Unión por la Patria (UxP), Caren Tepp, mencionó: "Lo hacemos en un contexto donde el gobierno nacional desmanteló programas, redujo recursos y abandonó políticas de prevención, asistencia y protección. Detrás del ajuste hay vidas concretas. Los casos que en los últimos días conmovieron a todo el país nos recuerdan que llegar tarde no puede ser una opción".
También, se tuvo a la vista el proyecto de la diputada Nancy Sand (UxP), quien al hacer uso de la palabra expresó su profundo dolor de “volver a esta reunión con la necesidad tan urgente y triste de seguir pidiendo que nos dejen de matar”. “La violencia de género es una emergencia nacional porque así lo dice la estadística”, resaltó.