La resolución emitida el viernes por el ministro de seguridad Marcelo Sain echa luz sobre la situación crítica que atraviesan cárceles y comisarías de la provincia de Santa Fe, en cuanto a superpoblación de detenidos y el estado edilicio de los establecimientos.
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Si bien puede considerarse que la problemática no es nueva, con el advenimiento de la pandemia de coronavirus la situación se ha agravado aún más, especialmente tras las protestas de finales de marzo cuando se destruyeron pabellones de los penales de Las Flores y Coronda.
Definir el lugar de alojamiento de los detenidos es potestad del Poder Ejecutivo, a través del Servicio Penitenciario, como siempre se expresa en cada audiencia que se dicta una prisión preventiva, y que el propio Sain detalla en la resolución: “Que por imperio de las disposiciones legales, provinciales, nacionales e internacionales aplicables en la materia, las personas privadas de la libertad condenadas y sobre las que se han dictado medidas cautelares de prisión preventiva, deben ser alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia”.
Del mismo modo también corresponde al poder ejecutivo mantener las buenas condiciones de los lugares de detención y ampliar la infraestructura en caso de ser necesario, máxime si se tiene en cuenta como expresa el propio Sain que “durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas”, y que “a la luz de las estadísticas mencionadas, no es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca”.
Pero por otro lado, la resolución del ministro responsabiliza al Poder judicial sobre la cantidad de personas detenidas, que exceden las plazas de alojamiento en cárceles y comisarías: “Por eso, deberá el Poder Judicial, a través de sus actores, ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de la libertad”. ¿Es un pedido solapado a los jueces para que hagan lugar a los pedidos de prisión domiciliaria, o que no dicten prisiones preventivas mientras dure la emergencia sanitaria?
A priori, la resolución de Sain parece ser una respuesta a la decisión judicial emitida tras un planteo de habeas corpus el día 12 de mayo, por la situación de detención de los alojados en la Comisaría 12 de la ciudad de Santa Fe, “se resolvió intimar a este ministerio para arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados, por lo que la medida que aquí se adopta es a los fines solucionar el problema de todos los lugares de alojamiento de detenidos existentes en la Policía de la Provincia”. En otras palabras, la solución que propone en ministro es no aumentar la cantidad de presos en Santa Fe.
Sain resolvió entonces declarar el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales en todo el ámbito de la provincia, punto en el que todos los actores seguramente estarán de acuerdo. A raíz de esto, para el ministro la solución, por lo menos provisoria, es “disponer que, en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecue el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales”. Por último solicitó que la resolución sea notificada a todos los ámbitos de la justicia provincial y de la justicia federal.
La incógnita que queda flotando en el ambiente entonces es ¿cómo reaccionarán los actores del sistema involucrados? Fuentes allegadas al MPA confirmaron a Aire Digital que los fiscales seguirán trabajando de manera normal, solicitando detenciones cuando sea necesario y requiriendo prisiones preventivas.
En tanto los defensores pueden encontrar en la resolución de Sain un argumento más para sus planteos de habeas corpus y de prisiones domiciliarias.
¿Y los jueces? ¿Se verán compelidos al momento de resolver un pedido de prisión preventiva o de morigeración de la misma, o enarbolarán la bandera de la independencia de funciones de la democracia y que el problema de dónde van los detenidos lo resuelva el servicio penitenciario?
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