La medida fue solicitada por el Defensor Regional de Santa Fe capital, Leandro Miró.
Foto/ Aire Digital
El juez penal de Santa Fe, Leandro Lazzarini, rechazó que los presos alojados en distintos establecimientos carcelarios puedan utilizar teléfonos celulares para así mantener contacto con sus familiares debido a la suspensión de las visitas como medida preventiva para evitar el contagio del virus del Covid-19.
La resolución del magistrado se dio este martes luego de una audiencia que tuvo lugar en la Sala I del subsuelo de tribunales y de la cual participaron el Defensor Regional, Leandro Miró, el fiscal de Estado, Ruben Weder, el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Héctor Acuña y los funcionarios del área, Cecila Bullrich y Federico Alessio. Lo mismo hizo, pero de manera externa, fue el fiscal del área de Ejecución de la Pena, Eladio García, que por medio de la aplicación Zoom estuvo presente en la sala.
Si bien el fallo de Lazzarini rechazó el pedido para que los internos puedan utilizar celulares para contactarse con el exterior, el magistrado hizo lugar al habeas corpus que interpuso Miró por lo que instó al Servicio Penitenciario que con "la mayor premura" implemente un sistema con los requerimientos técnicos adecuados para permitir el contacto de los detenidos alojados en los distintos penales de Santa Fe y la región.
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De hecho, en sus fundamentos, el juez de primera instancia propuso -como una idea- que pueda implementarse un sistema de videoconferencia, aunque advirtió que se encuentra “limitado” en su tarea para recomendar a la Administración Pública del Poder Ejecutivo como mantener el orden dentro del penal.
Blanquear la situación
Durante la audiencia, el Defensor Regional destacó que desde la suspensión de las visitas por la pandemia, las condiciones de detención se han agravado debido a que el acercamiento familiar está vedado por lo que los presos comienzan a tener una gran “ansiedad”. En esa línea, propuso que los teléfonos que pudieran ser autorizados a ingresar al penal podrían no poseer ni cámara de fotos como así también la imposibilidad de poder conectarse a datos móviles.
El funcionario judicial también apuntó a que la existencia de teléfonos en las cárceles “es real” y que en caso de aprobarse la posibilidad de que los reclusos tengan celulares se "blanquearía la situación" y el propio Servicio Penitenciario tendría la posibilidad de poder tener un mayor control sobre los dispositivos que se encuentran dentro de cada penal.
De hecho, explicó que durante el 2019 fueron secuestrados en distintos penales un total de 4325 celulares, mientras que en lo que va del 2020, el personal de requisa encontró 1086 dispositivos móviles.
Durante el 2019 fueron secuestrados en distintos penales un total de 4325 celulares, mientras que en lo que va del 2020, el personal de requisa encontró 1086 dispositivos móviles.
Miró indicó por último que en los pabellones existen pocos teléfonos de línea fija por lo que no se encuentra garantizada la comunicación de los presos con sus familiares. A modo de ejemplo, describió que en el pabellón N°1 de Coronda, hay un solo teléfono para 277 presos.
Oposición
El pedido del defensor Miró fue rechazado por el fiscal García que luego de ampararse en una serie de leyes y reglamentos destacó que el Decreto Presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio no contempló en ningún tramo que los presos puedan obtener el beneficio de tener celulares.
En sintonía con ello, la funcionaria de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, Cecilia Bullrich, se opuso a la solicitud del Defensor Regional tras asegurar que las condiciones de detención de los internos no se vieron agravadas en el último mes tras la suspensión del régimen de visitas.
Por tal razón, remarcó que la totalidad de los pabellones cuentan con teléfonos de red fija que funcionan por medio del cobro revertido y también mediante el empleo de tarjetas de carga.
La funcionaria sostuvo además que no resulta “aconsejable” que se implemente tal medida ya que en las cárceles se encuentran instalados “inhibidores” de señal que fueron colocados años atrás para neutralizar cualquier tipo de señal de los presos. En tanto, advirtió al juez que los presos del penal de Devoto (en provincia de Buenos Aires) crearon una red de internos donde se informaban y cruzaban datos sobre distintos movimientos de la guardia del penal. “Es una cuestión de seguridad y pone en riesgo a las Unidades”, resaltó Bullrich al juez Lazzarini.
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