El fin de semana pasado la cárcel de Devoto –tras ser tomada por los presos el viernes, mostrándose en los techos a los canales de TV que transmitían en vivo–, se había transformado en un call center. Desde allí salían mensajes para convencer a los internos en Santa Fe para plegarse a las protestas. Eran como tutoriales para tomar una cárcel con el objetivo de meter presión para conseguir beneficios extra.
El grupo de riesgo ante al covid-19 en las cárceles de Santa Fe lo componen 240 internos.
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"Ya tenemos la moneda pero hay que ir por más, por la conmutación" de penas, indicaba uno de los WhatsApp que le llegó a un preso del pabellón Nº 4 de Las Flores. La moneda, según fuentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe, significaba en esa jerga carcelaria los beneficios de salidas transitorias y condicionales y detenciones domiciliarias. En Las Flores y en las cárceles de Santa Fe la realidad era otra.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario estaban preocupados. El titular del organismo Héctor Acuña realizó varias reuniones con los delegados de las cárceles y atendió decenas de llamados de los familiares de los internos para medir cómo estaba la situación. Logró convencerlos de que no tenían margen para protagonizar nuevos motines y disturbios, como ya habían sucedido en Las Flores y Coronda el 23 de marzo pasado, cuando los presos santafesinos se anticiparon y fueron los primeros en ver que el coronavirus podría sacar a muchos de las cárceles.
Pero en Santa Fe eso no ocurrió, a diferencia de la compleja situación que dejaron las medidas que tomaron jueces federales y de la provincia de Buenos Aires. Según información oficial, entre el 17 de marzo y el 17 de abril salieron de las cárceles bonaerenses 2244 presos. La mayoría, 1607, fueron liberados por haber cumplido las penas que les fueron impuestas o porque ya estaban en periodo de libertades condicionales. Los otros 637 reclusos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. De ese grupo, 439 lo hicieron por pertenecer al sector de riesgo de contagio de Covid-19, según señala el periodista Gabriel Di Nicola en La Nación.
En Santa Fe, los jueces fueron mucho más reacios a autorizar pedidos de arresto domiciliario, libertades condicionales y salidas transitorias. Según información de la Defensoría Pública, ese organismo presentó 371 pedidos de Habeas Corpus, de los cuales sólo 50 fueron aceptados. Hay 100 que fueron rechazados y el resto está en trámite.
El grupo de riesgo en las cárceles de Santa Fe lo componen 240 internos. “No se realizaron pedidos masivos, sino que son planteos que los jueces deberán resolver caso por caso”, señaló la defensora General, Jacquelina Balangione.
Esa fue el punto sustancial que evitó la crisis y el conflicto que atraviesan las cárceles y los jueces de Buenos Aires. Y fue uno de los acuerdos que salieron de la mesa interinstitucional que se creó entre el Poder Judicial y Ejecutivo después de los motines en Coronda y Las Flores. Con el correr de los días, esa decisión se trasluce como acertada.
El presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, aseguró a Aire de Santa Fe que “sólo entre un 6 y un 7 por ciento de los pedidos de Habeas Corpus de la Defensoría Pública y los presentados por abogados particulares fueron aceptados, siempre viendo que la persona que está haciendo la solicitud no hubiera cometido un delito grave”.
“La Cámara Penal tiene para resolver 250 carpetas con apelaciones, de las cuales 120 ya han sido denegadas y 20 aceptadas”, detalló Salvador, quien reconoció que en Santa Fe “la situación es distinta que en Buenos Aires, porque no se presentaron pedidos colectivos” para liberar presos.
El secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez detalló que entre el 20 de marzo y el 27 de abril se produjeron 380 egresos de presos, de los cuales 45 fueron derivados a prisión domiciliaria, 185 con libertad condicional y asistida, y el resto por haber cumplido su pena.
En este contexto, la instigación a una revuelta general promovida desde Devoto, que se ramificara a varias cárceles del país, no logró prender en ese penal de Santa Fe. Los presos ya se habían anticipado el 23 de marzo, apenas tres días después de que se decretara el aislamiento social obligatorio, cuando en un violento motín destruyeron el 90 por ciento de las instalaciones de la cárcel de Las Flores. Y esa madrugada asesinaron a cuatro internos, tres de ellos del pabellón de delitos sexuales, a quienes calcinaron después de golpearlos salvajemente. Un quinto reo herido en el motín falleció el 18 de abril en el hospital Cullen, después de estar casi un mes internado y no poder sobreponerse a las lesiones recibidas.
En el Servicio Penitenciario temían lo peor, aunque con el correr de las horas notaron que quienes tienen cierto poder de liderazgo dentro del penal no se plegaron a las protestas de manera violenta. Iniciaron una huelga de hambre que fue más simbólica que real.
Otra de las claves fue que en las cárceles santafesinas no se detectó hasta ahora ningún caso de coronavirus y a partir del sacudón político que provocaron los motines de marzo se invirtió en infraestructura para enfrentar la pandemia dentro de los penales.
A mediados de este mes se desalojó el Penal N°9, situado en la localidad de Recreo, para montar allí un hospital de campaña exclusivo para el Servicio Penitenciario, donde funciona un sistema de aislamiento. En total en Santa Fe hay 250 plazas sanitarias entre todas las unidades de detención. Y contrataron a 40 médicos y enfermeros. Acuña sostuvo se adquirieron tubos de oxigeno individuales, colchones, camas y se duplicó el material de limpieza que se le entrega a los internos dos veces por semana. La crisis carcelaria que estalló antes en Santa Fe le dio al gobierno tiempo para poder trabajar en un problema que no se va a terminar con la pandemia, debido a la sobrepoblación carcelaria y al fracaso endémico de la mirada sobre las personas que en un espiral interminable no pueden salir del sistema del delito.
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