El Servicio Penitenciario provincial desalojó este martes la Unidad Penitenciaria N°9 de Santa Fe, situada en Recreo, para montar un "hospital de campaña" que tendrá uso exclusivo para la atención de los internos alojados en los penales de la región.
Más de 20 internos que se encontraban alojados dentro de la Unidad N°9 pasarán a cumplir la pena de manera domiciliaria y otros quedarán alojados en la granja de Las Flores.
La novedad fue confirmada por el titular del servicio, Walter Gálvez, que aclaró que la medida apuntará al aislamiento de ser necesario en el marco de la pandemia Covid-19 que requiere medidas excepcionales de salubridad y profilaxis. El nosocomio contará con un total de 250 plazas sanitarias entre todos las unidades de detención, 220 que se encuentran distribuidas en el ámbito de la Provincia de Santa Fe y 30 que se suman con el edificio ubicado en Recreo.
Mediante un comunicado oficial, las autoridades del Servicio Penitenciario explicaron que la unidad carcelaria tiene alojados actualmente 19 reclusos de los cuales 10 gozan de las salidas transitorias "excepcionales mientras dure la pandemia", y 9 que fueron reubicados en la parte granja del penal de Las Flores.
Desde el Gobierno indicaron además que fueron contratados un total de 20 médicos y 20 enfermeros que se suman al plantel del Servicio Penitenciario para así fortalecer el cuidado y la salud de los internos. En esa línea, explicaron que a partir del próximo jueves, el personal penitenciario deberá asistir a su puesto de trabajo con barbijos o tapabocas.
Planteo rechazado
La Colonia Penal de Recreo no solo estuvo bajo la lupa del gobierno provincial por el reciente hospital sino que también la Justicia debió intervenir sobre el pedido de diez reclusos que solicitaron la prisión domiciliaria mientras el nuevo nosocomio que atenderá a presos.
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Es que el lunes, el juez penal, Jorge Patrizi, resolvió rechazar una solicitud que había realizado un defensor público, para que internos cumplan la condena que purgaban en el penal de Recreo en domicilios particulares. La solicitud no solo fue desestimada por el magistrado de primera instancia sino también por el fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Ejecución y Control de la Fiscalía Regional 1, Eladio García.
“El planteo hecho por la Defensa Pública fue a raíz de otra presentación que ya había realizado el Servicio Penitenciario para que se otorgue la prisión domiciliaria a las mismas 10 personas y a otras 13 más que también están alojadas en la Colonia Penal”, explicó García mediante un comunicado del Ministerio Público de la Acusación.
En relación a esas otras 13 personas, el fiscal del MPA informó que “su situación aún está pendiente de resolución” y adelantó que “entendemos que lo resuelto por Patrizi se constituye en un antecedente jurisprudencial a ser tenido en cuenta”.
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También recordó que “el total de esas 23 personas son las que están alojadas en la Colonia Penal de Recreo. Se trata de una dependencia del Servicio Penitenciario que tiene particularidades. El traslado de una persona a ese lugar se debe a la conducta ejemplar que tiene el detenido quien, además, cumple con un régimen extramuros”.
Uno por uno
“Desde la Fiscalía nos opusimos a la acumulación de los pedidos y a su tratamiento colectivo y el Tribunal resolvió en ese sentido”, valoró García. “Sostuvimos que en tanto la responsabilidad subjetiva es individual, un abordaje colectivo de los casos implicaría violentar el principio de culpabilidad en la etapa de ejecución de la pena”, explicó el fiscal.
“Luego del debate de cada uno de los casos en una misma audiencia, el juez resolvió conceder la libertad asistida a una de las personas y concedió salidas transitorias a los otros nueve”, detalló el fiscal. Asimismo, agregó que “tanto la libertad asistida como las salidas transitorias concedidas por el magistrado fueron resueltos conforme a Derecho”.
“Más allá de los diferentes argumentos jurídicos esgrimidos, llegamos a esta audiencia en el marco de un fluido diálogo institucional que tenemos los fiscales del MPA con defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y con funcionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia”, remarcó García. En tal sentido, sostuvo que “a pesar del contexto que estamos atravesando y las dificultades que se nos plantean a todos, el sistema procesal penal santafesino está funcionando”, sintetizó García.
Principio de legalidad
En relación a los argumentos esgrimidos por la Defensa para solicitar la prisión domiciliaria de las 10 personas, el fiscal García informó que “los planteos fueron fundados en la pandemia del coronavirus y los presuntos problemas sanitarios que se podrían generar en el ámbito carcelario”.
“Desde la Fiscalía nos opusimos a este planteo y fundamos nuestro rechazo en el principio de legalidad”, argumentó García. En tal sentido, explicó que “entendemos que no pueden prosperar las solicitudes si no están dentro de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad y en el artículo 10 del Código Penal”.
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García sostuvo que “la pandemia no está dentro de lo previsto por la ley” y recordó que “los supuestos legales contemplan a mayores de 70 años; enfermos terminales; enfermos que no pueden ser tratados en el ámbito del Servicio Penitenciario; mujeres embarazadas y mujeres con hijos menores de cinco años”.
Por último, el fiscal concluyó que “el juez Patrizi ordenó que se otorgue libertad asistida a una de las 10 personas y a las otras nueve, todas con conducta ejemplar, les otorgó salidas transitorias bajo palabra de honor y dispuso que se realicen controles policiales sorpresivos en sus domicilios, hasta tanto se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y regresen a su lugar de alojamiento en Recreo”.
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