Desde que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo pasado, para frenar la circulación del coronavirus, en toda la provincia de Santa Fe fueron secuestrados un total de 655 automóviles cuyos conductores y ocupantes terminaron aprehendidos por violar la cuarentena y a los cuales además se les formó una causa penal.
Desde que entró en vigencia el aislamiento fueron controlados 14.071.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalDe esa cifra, el departamento La Capital, que contempla la ciudad de Santa Fe, Gran Santa Fe y localidades aledañas, registró un total de 211 automóviles que fueron retenidos en el marco de la emergencia sanitaria. El número se ubica en segundo lugar, detrás del departamento Rosario que lidera el podio con 267 coches y por arriba de los otros tres departamentos que tuvieron secuestros de rodados: Castellanos, con 74, General López, con 51 y General Obligado, con 52.
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Los vehículos retenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación que ordenó el inmediato secuestro de los automóviles, los cuales quedaron a disposición de la Policía de Santa Fe y de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad), que es el organismo estatal que registra los bienes secuestrados en investigaciones penales y posteriormente garantiza su reutilización en el Estado.
En caso de que las causas judiciales avancen, algo que se estima que sucederá, los vehículos no solo que quedarán secuestrados como elementos de prueba, que permitan acreditar la circulación en plena cuarentena, sino también el Estado tendrá las facultades para secuestrarlos y colocarlos en su patrimonio. Tal medida podría concretarse una vez que la causa concluya en una condena o quizás en una probatión.
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De ocurrir eso, varios de los vehículos que se encuentren en óptimas condiciones podrán ser ofertados en una subasta pública, como se llevó a cabo en reiteradas oportunidades durante el 2019, o ser destinado a hospitales o escuelas, por ejemplo.
Para que el decomiso sea un hecho, la Justicia deberá definir próximamente si concreta formalmente imputaciones contra las 655 personas que fueron aprehendidas por violar la cuarentena cuando iban a bordo de automóviles por calles o rutas de la provincia.
Si bien, cada caso será "analizado", tal como indicaron fuentes judiciales a Aire Digital, una vez que la investigación penal avance, el Estado provincial podrá avanzar en la incautación de los vehículos.
Quien ya advirtió lo que sucederá con los vehículos fue el propio ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que mediante una entrevista difundida por la Oficina de Prensa de la cartera, se anticipó a los resultados futuros y aclaró que las consecuencias de circular en auto y violar la cuarentena será "la retención de los dominios con la probabilidad de decomiso de los mismos a manos del Estado".
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