La superpoblación, el hacinamiento y otras situaciones expuestas por los defensores provincial y regional como la falta de elementos de higiene, hacen de las cárceles santafesinas un hábitat propicio para la rápida propagación del coronavirus. El cuerpo de defensores y la Justicia estudian medidas extraordinarias para proteger a los presidiarios que la Organización Mundial de la Salud ubica dentro de los "grupos de riesgo".
Unidad Penal N°2 de Las Flores
Maiquel Torcatt / Aire DigitalA principios de esta semana, el secretario de Justicia de la Provincia, Walter Gálvez, dijo en Aire de Santa Fe que el Poder Ejecutivo no evalúa ninguna posibilidad de liberar presos por el coronavirus. Aunque adelantó que distintos planteos en este sentido se vienen presentando ante el Poder Judicial.
En este sentido, la defensora provincial Jaquelina Balangione, dijo que ciertas disposiciones preventivas eran evaluadas incluso antes del inicio de las recientes revueltas o "motines" en las unidades penitenciarias de Las Flores, Coronda y Piñero. Precisamente un día antes del violento lunes 23 de marzo, se presentó un hábeas corpus que la jueza Susana Luna decidió aceptar y que exponía la necesidad de "correctivos" en materia de seguridad, higiene y alimentación.
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En uno de sus puntos, el documento advertía la puesta en riesgo de la salud, no sólo de los internos sino también de la población general, incluyendo penitenciarios y personal administrativo, por incrementar los riesgos potenciales de contagio de coronavirus al no resguardarse las medidas mínimas de aislamiento ni los cuidados de profilaxis recomendados en el marco de la pandemia.
"La intranquilidad de los internos no resulta apartada de la situación general de la población, pero refleja las circunstancias específicas de riesgo que las personas privadas de libertad sufren por encontrarse impedidas de acceder a medios de resguardo de su propia indemnidad física -aislamiento social-, e impedidos de adquirir o recibir de sus allegados los elementos de limpieza e higiene necesarios", señala el texto presentado.
Tras las situaciones violentas desatadas en las principales unidades penitenciarias de la provincia, las medidas solicitadas a la Justicia continúan siendo evaluadas, ya que el estado en el que quedaron las instalaciones carcelarias sumado al constante aumento de los contagios, requieren una nueva evaluación.
"Lo que se busca es que la pandemia no haga demasiados efectos en un lugar cerrado como una cárcel", expresó Balangione en el programa Emergencias 911, emitido por Aire de Santa Fe. Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, los presos que deben mantenerse al resguardo del virus del Covid-19 son aquellos mayores de 60 años y quienes tengan enfermedades de base.
Según expresó la defensora, se pidió a la jueza Luna poner en consideración 172 casos del total de 7 mil presos que tiene alojados la provincia; es decir un 2,4% de la población carcelaria santafesina. "Ningún juez va a largar presos a lo loco", aclaró la abogada con intenciones de no polemizar sobre el asunto ni "asustar" a los ciudadanos de a pie. "Es nuestro rol y obligación en el Estado trabajar de esta manera. No queremos despertar falsas expectativas en los internos ni trasladar a la sociedad un fantasma que no tiene por que existir", agregó.
Entre estos 172 presos, hay quienes incluso cumplieron las dos terceras partes de la condena dictada y les corresponde la "libertad condicional", por lo que se busca también "descomprimir" las unidades de alojamiento actuando así ante dos frentes: el problema de la superpoblación y el de la propagación del coronavirus. "Lo que jurídicamente corresponde es que la gente que ya está en condiciones de salir, lo haga", remarcó Balangione. "Mucha gente está dentro -del penal- por una deuda del Estado que tiene un poco de atraso en los informes de los equipos técnicos y el Poder Judicial" para dar por concluida la condena.
"Se trata de un mínimo porcentaje que puede ir a su casa porque la ley lo avala y el Estado debe dar una respuesta a esa situación. No es solo para proteger a los internos, sino al Servicio Penitenciario y la comunidad toda. Lugares de hacinamiento, de sobrepoblación, con poca higiene, con mucho frío o mucho calor, son propicios para estos virus", explicó.
Todos estos casos son evaluados por distintos jueces de la provincia, dependiendo de la unidad penitenciaria a la que cada preso corresponda.
"Esperamos que la gente comprenda, que no se asuste porque nadie va a pedir nada que no corresponda. Lo que todos tenemos que ver es cómo protegernos de la pandemia", concluyó la defensora provincial.
Celulares
El Servicio Penitenciario Bonaerense autorizó esta semana el uso de teléfonos celulares a los presos mientras dure la cuarentena obligatoria y medidas similares son evaluadas en Santa Fe, reconoció Jaquelina Balangione.
El fallo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires aclara que "las comunicaciones mediante teléfono celular sólo podrán realizarse en los recintos de alojamiento, por lo que queda prohibida la utilización de dispositivos móviles en los pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea de alojamiento".
"Este Protocolo tiene como objetivo esencial facilitarle a la población privada de la libertad: a) el contacto con sus familiares y afectos, b) su desarrollo educativo y cultural y c) el acceso a información relativa a su situación procesal", señala el documento.
"Planteamos el tema de los celulares", aseguró la defensora de Santa Fe. "Si bien ya hubo una decisión, la jueza Luna llamó a un cuarto intermedio a pedido nuestro por lo dinámico de la situación en torno a la pandemia sumado a los tumultos" dijo Balangione en referencia a las revueltas de diez días atrás. "Los problemas más grandes son en los penales de Piñero, Las Flores y Coronda. Vamos viendo qué es lo que va surgiendo, seguramente en una nueva audiencia lo vamos a estar evaluando", concluyó.
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