Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
El hallazgo de la cueva se dio el 12 de septiembre del 2023 a partir de un allanamiento de la Justicia provincial.
Un organismo antilavado de la Nación fue aceptado como querellante en la causa que investigó una cueva financiera que hasta septiembre del 2023 funcionó dentro de un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe y por la cual fueron procesadas cinco personas.
Se trata de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, por medio de su titular Ignacio Martin Yacobucci, fue admitida como parte querellante del caso a partir de una resolución dictada por el juez Carlos Vera Barros, provisoriamente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.
Dicho fallo fue apelado de todas maneras por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, que representa al principal investigado que tiene la causa: Yamil “Turco” Benavidez, un exasesor del Concejo Municipal santafesino y al cual le imputan los delitos de intermediación financiera no autorizada; defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa con el delito de falsificación de tarjeta de débito en 39 hechos; y lavado de activos.
El mismo fue detenido el 12 de septiembre del 2023 a partir de un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) que tras un allanamiento por una causa provincial hallaron una mesa de dinero con 45 millones de pesos, 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito que estaban a nombre de personas de bajos recursos, a las cuales les robaron sus identidades para crear cuentas bancarias para la adquisición y comercialización de dólares.
Por el caso también fue procesada María Laura Miassi, la pareja de Benavidez, y quien al momento del hallazgo de la cueva se desempeñaba como Directora Provincial de Crédito Público del Gobierno de Santa Fe. La misma se encuentra acusada de haber participado de las maniobras de venta y adquisición de moneda extranjera y lavado.
En la trama también quedaron involucrados Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, imputados como los laderos de la cueva; y Carlos Raúl Quartucci, socio de Benavidez en la Consultora La Resistencia y acusado de lavado.
La aparición de la UIF como querellante en la causa fue a partir de que el titular del organismo a nivel nacional, Ignacio Martín Yacobucci, presentó un escrito en sede judicial en donde sostuvo que en el caso en cuestión se investigan a cinco personas que “habrían cometido diversos delitos contra el orden económico y financiero”.
“La legitimación de la Unidad de Información Financiera para constituirse en parte querellante ha sido ampliamente receptada por la jurisprudencia argentina en distintas causas en las que se investigaban tanto el delito de Lavado de Activos como sus delitos precedentes”, consideró el titular del organismo en el escrito presentado en sede judicial.
En efecto, el juez Vera Barros resolvió el pasado 7 de noviembre, darle el carácter de querellante a la Unidad de Información Financiera, con el patrocinio de la abogada del organismo, Natalia Agusti.
Si bien la causa fue elevada a juicio la semana pasada por el fiscal Walter Rodríguez, aún queda pendiente un recurso interpuesto por la defensa de Benavidez, a cargo de Alfonso Garrone, ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, que deberá determinar si lo admite -o rechaza- para revisar la prisión preventiva impuesta a su cliente.
Dicha medida cautelar fue dictada por el juez Aurelio Cuello Murúa en 2023 cuando estuvo al frente del Juzgado Federal N°2 y procesó a Benavidez y dispuso su encierro preventivo hasta tanto la causa tuviera un nuevo avance.
El fallo fue apelado por la defensa del cambista y confirmado por la Cámara rosarina. Sin embargo, la defensa solicitó que la imposición de la prisión preventiva sea revisada por un tribunal superior, por lo que los jueces Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casielo le concedieron ir hasta Casación.
Te puede interesar
