Rafael Pablo Martínez fue condenado por agredir a su ex esposa en plena calle.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En una audiencia donde se discute la posibilidad de que la prisión domiciliaria otorgada a Rafael Pablo Martínez, condenado por tentativa de femicidio, sea revocada, se dieron detalles sobre cómo se realiza el seguimiento a las personas que tienen tobilleras electrónicas y cuántos incumplimientos se detectaron en entre junio y septiembre.
La audiencia se desarrolló en la sala 8 de los tribunales santafesinos ante el juez Octavio Silva, por pedido del fiscal de ejecución, Eladio García. Martínez fue asistido por la defensora pública Mercedes Mazzia. En tanto, participaron por videoconferencia el abogado del Patronato de Liberados, Espartaco Sasian, y la encargada del Centro de Vigilancia Electrónica, Natalia Nuñez.
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La primera persona en hablar en la audiencia fue la víctima del ataque perpetrado por Martínez, Claudia Scarel, quien mantuvo una relación de casi 20 años con el condenado y con quien tiene hijos en común. Uno de esos hijos era un muchacho discapacitado que falleció a principios de septiembre; Martínez había sido beneficiado con la medida de prisión domiciliaria porque el muchacho estaba a su cuidado.
La mujer solicitó que se revoque la prisión domiciliaria de Martínez: “Yo no quiero estar encerrada en mi casa, hace 20 días que no salgo, que no veo a mis hijos y a mis nietos. Cuando fue el velorio de mi hijo, me avisaron que le habían dado permiso para que vaya y yo me tuve que ir. En el mismo velorio dijo que él ya no tiene nada que perder y que si me tenía que matar, me iba a matar”.
La situación que motivó al fiscal García a solicitar la audiencia para revisar la medida ocurrió al día siguiente de la muerte del muchacho. El 5 de septiembre Martínez salió de su casa en Santa Rosa de Lima y fue hasta el Parque Garay; luego fue hasta la casa de su hija, en barrio Los Troncos. Sobre esto, Claudia dijo: “No sé cómo se monitorea (la tobillera), no sé si sonó el dispositivo y cómo hizo para llegar desde Santa Rosa hasta Los Troncos, si alguien lo llevó, pero sé que estuvo ahí porque me lo dijo mi hija”.
Finalmente, la mujer expresó: “No sé que van a hacer con él, si lo van a meter en la cárcel, o ponerle una custodia permanente, eso lo resolverá el juez. Lo que yo quiero es mi seguridad”.
Después de Claudia declaró una empleada administrativa del Centro de Vigilancia, quien sostuvo que el 5 de septiembre fueron notificados que había saltado la alarma de salida del condenado Martínez en un horario no permitido. Al comunicarse con la empresa prestadora del servicio, para solicitar detalles, la agencia remitió un informe con datos desde el 9 de junio donde constan “varias salidas en horario no permitido”.
Luego la mujer explicó cómo es el procedimiento cuando se detecta una alerta: “Puede ser por varios motivos; si es porque el imputado o el condenado rompió la tobillera, se envía un móvil inmediatamente. Si es porque se detectó una salida en horario no permitido, se llama por teléfono al dispositivo de seguimiento y si a los 10 minutos no hay respuesta, se envía el móvil”.
El juez intentó tener mayores precisiones sobre esas “varias salidas” que se habían detectado y cómo se había procedido, sin embargo la testigo expresó que sólo buscó la información de lo ocurrido el 5 de septiembre, que fue lo que motivó la audiencia.
Luego se manifestó el abogado del Patronato de Liberados y sostuvo que la primera vez que fueron hasta la casa de Martínez, en marzo, no encontraron a nadie. Luego volvieron en abril y el hijo les relató que su padre estaba detenido por haber roto el dispositivo de seguimiento.
Situación similar ocurrió en la tercera visita, en junio, por lo que se dispuso un archivo provisorio “ya que no tenía sentido que hagamos el control si el hombre estaba detenido”, explicó el abogado. “Después no nos volvieron a dar intervención”, concluyó.
Finalmente, el fiscal García explicó los motivos por los que solicita que la medida de prisión domiciliaria de Martínez sea revocada. “Las rupturas de Martínez a las órdenes judiciales vienen de antes de la condena”, explicó.
“Martínez está generando en la víctima un estado de pánico. La víctima está escondida y así la revictimiza”, sostuvo el fiscal, quien agregó que el argumento por el que se le otorgó la prisión domiciliaria se extinguió con el fallecimiento del hijo que tenía a su cargo.
El fiscal García remarcó que la condena de Martínez vence en 2029 y que “lejos de estar en el camino de la reinserción, va en camino contrario; esta transgresión es un patrón permanente”.
Al concluir la exposición fiscal, la audiencia pasó a un cuarto intermedio por pedido de la defensora, plazo durante el cual Martínez quedará alojado a disposición del Servicio Penitenciario.
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Martínez atacó a Claudia Scarel el viernes 9 de febrero de 2018 en la intersección de la Avenida López y Planes y Fray Cayetano Rodríguez de la ciudad de Santa Fe. Cerca de las 12 del mediodía, Martínez concurrió hasta el lugar y esperó en la vereda hasta que saliera de su jornada laboral.
Cuando Martínez vio a la mujer en la vía pública, se le acercó y le dio una puñalada en el abdomen. Inmediatamente después, escapó del lugar. Claudia debió ser trasladada al hospital Cullen.
El hombre fue condenado en el marco de un juicio oral y público porque la víctima quería ser escuchada por el Tribunal. En ese momento, la fiscal Gioria remarcó que la intención de la mujer era "poder contar en primera persona la relación violenta y desigual que mantuvo con Martínez. Las situaciones de violencia de género se dan en la intimidad de una pareja y es difícil que haya testigos", expresó la fiscal, para remarcar la importancia del testimonio de la víctima.
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