El juez Lazzarini dictó la prisión preventiva para tres personas imputadas de haber mantenido privada de su libertad a una adolescente en barrio Abasto. La Fiscalía dio cuenta de la cantidad de intervenciones estatales previas en la vida de la menor.
Las tres personas detenidas en el barrio Abasto quedaron en prisión preventiva
Las tres personas que habían sido detenidas en una vivienda del barrio Abasto, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe luego de que una menor denunció haber sido víctima de varios delitos, quedaron en prisión preventiva este lunes por decisión del juez penal Leandro Lazzarini.
El caso expuso las falencias estatales para brindar asistencia a personas vulnerables, según la evidencia dada a conocer por la fiscal Vivian Galeano en una extensa audiencia realizada en la sala 1 de Tribunales.
Por su parte, la defensora pública Leticia Feraudo también cuestionó las decisiones del Estado y remarcó el cuadro de vulnerabilidad también presente en los imputados.
Galeano explicó que la investigación comenzó con un llamado al 911 de una persona que había asistido a una menor de 16 años en una parada de colectivos, que se encontraba con un bebé en brazos.
A los investigadores, la joven pudo darle algunas referencias acerca de la vivienda de la que se había escapado; personal policial de la Comisaría de la Mujer realizó tareas de campo siguiendo las indicaciones de la menor, y detectó una casa con esas características; los policías tomaron algunas fotografías para mostrárselas a la adolescente, quien reconoció la casa.
Al día siguiente se hizo un allanamiento y se detuvo a Ramón Leyton, a su madre Ana Mariela Leyton, y a la pareja de ésta, Oscar Castañeda. En ese operativo se sacaron fotos del interior de la vivienda, donde se advierte la puerta de un dormitorio con una traba o candado, como había referido la menor en su declaración.
La imputada declaró en la audiencia, sostuvo que todo lo que había dicho la menor era mentira, que hacía varios meses que se había mudado a la casa de su padre y que esa habitación tenía traba porque su hija mayor estaba "en situación de drogas", y que cuando se iban, guardaban todas las pertenencias en esa habitación para que su hija no pudiera robarlas.
Luego, la fiscal se refirió al extremo grado de vulnerabilidad de la menor, institucionalizada desde los ocho años, con escolaridad nula y con poco contacto con su familia de origen. Al repasar la historia de vida de la adolescente, Galeano aludió a una serie de intervenciones de diferentes niveles del Estado desde antes de que conociera a los Leyton: centros de Salud, escuelas, servicio de Niñez, hospitales y hasta denuncias penales radicadas por la menor. Sin embargo, ninguno de estos informes se vio reflejado en medidas concretas que mejoraran la vida de esta niña.
La representante del MPA hizo alusión a la presentación espontánea de dos hermanas de la víctima, quienes dieron cuenta de cómo habían perdido el contacto con ella cuando comenzó su vínculo con Ramón Leyton, que muchas veces le preguntaban a Ana Mariela por su hermana y ésta decía desconocer el paradero, y que a veces cuando se la cruzaban en la calle, pidiendo, embarazada y a pleno sol, le daba agua y bebida y le regalaban celulares para poder hablar con ella; a los pocos días volvían a perder el contacto.
La fiscal destacó la necesidad de imponer la prisión preventiva debido a la alta pena en expectativa de los delitos imputados, y a la necesidad de brindarle tranquilidad a una joven mujer en extremo vulnerable, con escasos recursos simbólicos, que no sabe leer ni escribir, que estuvo amenazada, que tiene dificultad para expresarse y que aún debe declarar en Cámara Gesell.
El juez compartió el criterio de la Fiscalía, analizó la declaración que brindó la menor de manera espontánea a varias personas: a quienes la asistieron en la parada de colectivos, a la policía que comenzó la investigación, a los médicos que la revisaron, y la comparó con evidencia externa, como los diferentes informes y declaraciones de testigos.
Lazzarini entendió necesario mantener el encarcelamiento de los imputados mientras continúa la investigación e impuso la prisión preventiva de los tres imputados.
Al finalizar la audiencia, la fiscal Vivian Galeano habló desde el móvil de AIRE en Tribunales e hizo alusión a la causa y a los diferentes informes a los que se refirió en la audiencia: "Cuando hablamos del estado de vulnerabilidad y decimos que es extremo, es realmente manifiesto. Es una nena que está institucionalizada desde sus ocho años, que hace pareja a sus 11 años de edad, que frecuentaba lugares sin un referente adulto, que estaban inmersos en una pobreza triste, pero real, en donde no iba a la escuela, entonces el grado de instrucción era mínimo, su manera de expresarse es acotada. Todo eso dificulta las intervenciones que se pueden llevar adelante... la idea de esta audiencia de prisión preventiva fue un poco hacer notar la necesidad de poner un freno a todas estas circunstancias y empezar a institucionalmente darle seriedad a esta vulnerabilidad que atravesaba y empezar a ordenar este contexto que era realmente desolador", explicó la fiscal.
Para tratar de explicar por qué las intervenciones estatales en algún momento se frustraban, Galeano sostuvo que, dentro de los motivos, se puede entender que la menor "estaba doblegada en su voluntad y que volvía a la casa de los que hoy están imputados, mientras que ellos aprovechaban de ese estado de vulnerabilidad. O sea que había una situación muy compleja que resolver y que hoy debemos contener y abordar. Por eso, bueno, cautelar el proceso para también proteger a la víctima que pueda declarar en circunstancias óptimas", refirió.
En relación a la audiencia, que se prolongó durante casi tres horas, la fiscal sostuvo que "la plataforma fáctica es compleja, las circunstancias en las que se dan estos hechos son difíciles de analizar, con una víctima con un estado de vulnerabilidad extremo y manifiesto. Dimos cuenta al juez de todas las evidencias recolectadas a lo largo de la investigación que inició hace poco y con las dificultades que lleva acarreada una investigación con una víctima menor que es mamá y que además es vulnerable desde distintos aspectos de su vida, desde que es analfabeta, que no ha tenido controles de salud asiduos desde que no estaba alimentada no tenía condiciones de vida dignas..."
Finalmente, Galeano se refirió al estado actual de la menor y del bebé: "Están bien, están institucionalizados, están contenidos, están en un hogar con condiciones dignas de vida. fueron atendidos por los médicos, circunstancias que parecen básicas pero que en esa realidad no se daban, así que bueno, obviamente que las secuelas emocionales llevan su tiempo, es menor, nosotros tratamos de respetar, resguardar su intimidad y resguardar su tiempo también, pero bueno, independientemente de eso se encuentran bien, están estabilizados", concluyó.
Audio ► la palabra de la fiscal desde el móvil de AIRE
La imputación precisa que aproximadamente entre julio de 2025 hasta el 22 de septiembre de 2025, Ramon Leyton y su madre Ana Mariela privaron de la libertad a la menor J.C. y a su hijo, aprovechando el contexto de violencia de género que Ramón ejercía sobre la joven, mediante amenazas de muerte a ella y al bebé, y ejerciendo violencia física sobre la menor y el pequeño.
La adolescente se encontraba en un grado extremo de vulnerabilidad y los imputados la mantenían encerrada en una habitación con candado. Los movimientos de la menor eran controlados por los imputados, quienes ejercieron violencia verbal y física e impedían que pudiera contactarse con su familia de origen.
Esta situación de encierro fue aprovechada por los imputados para obligarla a mantener relaciones sexuales con personas que eran convocadas por Ramón y por Ana Mariela a esa misma vivienda. El dinero que estas personas pagaban a cambio de los encuentros sexuales forzados con la niña era recibido exclusivamente por la mujer imputada y/o por su hijo Ramón.
Además, la Fiscalía le atribuyó a Oscar Castañeda haber abusado sexualmente de la menor.
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