El operativo se realizó en el marco de una investigación que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
La firma está ubicada a la altura del 1400 y se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía de Delitos Complejos.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalAgentes de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron este viernes una constructora de la zona de bulevar Gálvez de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga estafas y defraudaciones inmobiliarias.
El procedimiento se ejecutó en horas del mediodía y fue ordenado por la fiscal Bárbara Ilera de la Sección Criminalidad Económica, perteneciente a la Fiscalía de Delitos Complejos.
El operativo tuvo lugar en una firma ubicada en bulevar Gálvez al 1400 (mano norte) y, según fuentes policiales, tuvo por objetivo secuestrar elementos que pudieran estar vinculados a la causa: celulares, computadoras y documentos.
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Por el caso, también fue allanado un domicilio particular que es propiedad de una responsable de la firma y en el cual los investigadores tuvieron el mismo fin: secuestrar documental relevante para la investigación.
Según fuentes cercanas a la causa, la investigación surgió a partir de una denuncia de un grupo de inversores inmobiliarios que impulsaron una denuncia penal contra la constructora investigada ahora por la Justicia.
En aquella demanda, la firma fue acusada de haber realizado un mega fraude inmobiliario a partir de la venta de departamentos que ya estaban comprometidos contractualmente a otros beneficiarios.
Además, se la sindica de haber iniciado tres obras que quedaron inconclusas y otras dos, cuyo inicio jamás comenzó. “El caso más emblemático es el de un edificio de veinte pisos cuya entrega estaba prevista para 2020, pero hoy permanece con apenas la mitad de avance, sin obrador ni personal”, comentaron a AIRE fuentes judiciales.
La denuncia también apunta a un supuesto vaciamiento del fideicomiso, a través de retiros de materiales de construcción en alguno de los proyectos inmobiliarios.
La denuncia penal fue admitida en la Fiscalía de Delitos Complejos, por lo que se inició una causa judicial para determinar si existió responsabilidad penal por parte de la empresa o si en todo caso debe intervenir otro fuero judicial.
Según trascendió, hasta el momento la denuncia apunta a más de 20 damnificados, pero no descartan que puedan surgir más víctimas con el devenir de la investigación judicial.
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