No sólo se redujeron de manera pronunciada los asesinatos en Rosario, sino también los heridos con armas de fuego: de acuerdo a la última estadística publicada por el Observatorio de Seguridad Pública, se produjeron entre enero y noviembre pasado 330 casos, con una caída del 55,7% con respecto al año anterior.
El duro impacto de lo que ocurrió en marzo pasado, cuando mataron al azar a cuatro trabajadores, un episodio que tanto el gobierno de Santa Fe como el nacional catalogaron de narcoterrorismo, que provocó una conmoción nunca vista en Rosario quedó atrás, pero marca que el problema de fondo, de la proliferación de organizaciones criminales que tenían control territorial durante más de una década, aún no fue solucionado. Sin embargo, los jefes narcos tradicionales, que construyeron su poder en base a la sangre y la droga, perdieron poder.
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El esquema criminal cambió, también, a costa de la muerte. No por cantidad, sino por quiénes fueron las víctimas, como ocurrió el 9 de noviembre pasado con el doble crimen del jefe de la barra de Rosario Central Andrés Bracamonte y Ricardo Attardo, a tres cuadras del Gigante de Arroyito. La detención de Lisandro Contreras a principios de diciembre en un country en la provincia de Buenos Aires, imputado de jefe de una asociación ilícita, marca también que emergió nueva generación de mafiosos favorecida por los duros controles en las cárceles federales que enfrentan los capos narcos Máximo Guille Cantero y Esteban Alvarado. El efecto hidra o enredadera es patente. Se corta en un lado, pero crece en otro.
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Andrés Pillín Bracamonte, el jefe de la barra de Central que fue asesinado el 9 de noviembre a metros del Gigante de Arroyito.
La droga sigue llegando a Rosario, como lo demostró la avioneta que abandonó con 600 kilos de cocaína, a fines de octubre pasado, el piloto boliviano Oscar Caba Hurtado en Luis Palacios. Esa droga debía enfriarse en Ibarlucea, donde el jefe narco Fabián Pelozo, preso en Ezeiza, transformó en un lugar de acopio de droga destinado para el contrabando internacional. Esa cocaína, según se sospecha, no era para abastecer los búnkeres, sino para subir a un barco.
Los nuevos actores demarcan que el negocio narco sigue en pie, pero con el horizonte puesto más en los negocios que en la violencia que provocó la anterior generación terminaran, como profetizó Bracamonte en diálogo con Aire de Santa Fe, “en el cementerio o en la cárcel”. Durante el año pasado el tópico de un posible “pacto” que provocó la baja de los homicidios estuvo en boca de algunos actores, como Marcelo Sain, exministro de Seguridad. Nadie logró exponer esa hipótesis con argumentos sólidos y precisos. Marca también el desconocimiento del propio terreno y una aspiración que quedó patente a lo largo de 2024 en algunos protagonistas: era más sencillo explicar que Rosario tuviera 300 homicidios por año que 90. Debería ser al revés.
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Desde septiembre, los presos de alto perfil alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Provincial comenzaron a utilizar un uniforme de color naranja.
El gobierno logró consolidar este año una reducción de la violencia que supura de las actividades narcocriminales. Era una de las bases de la plataforma electoral que lo llevó a Maximiliano Pullaro a la gobernación. Ahora debe lograr que este escenario se naturalice en la población, que a lo largo de la última década modificó su forma de vida por los problemas de la seguridad, que llevaron a Rosario tuviera una tasa de homicidios que cuadriplicaba la media nacional.
A lo largo del año en el gobierno advirtieron que las medidas que se tomaron desde un arranque, en diciembre y enero pasados, fueron las claves para que se redujera la violencia, lo que estuvo acompañado por un despliegue de las fuerzas federales en cuatro zonas complicadas de la ciudad que lograron solucionar el problema urgente que enfrentaba la gestión de Pullaro con la escasez de patrulleros. El impacto social que tuvieron los atentados de marzo pasado no dejaron lugar para las especulaciones políticas entre la provincia y la Nación, a pesar de las tensiones naturales.
En diciembre de 2023 había menos de 20 móviles policiales en las calles de Rosario. El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, y su equipo al principio pusieron en marcha un plan de contingencia para restituir los patrullajes. Había casi 300 autos y camionetas que habían quedado abandonadas, sin mantenimiento. Comenzó a notarse mayor presencia policial de manera progresiva, y a lo largo del año el gobierno adquirió 940 patrulleros y 600 motos para toda la provincia, con lo cual se empezó a renovar la flota. El cambio de escenario se cristalizó en una postal de fin de año en el Monumento a la Bandera, cuando el gobierno expuso los nuevos patrulleros y motos. Antes, la gente pasaba y puteaba a la policía, ahora había gente que tocaba bocina como expresión de respaldo. El gobierno de Santa Fe fue hábil en capitalizar y responder a ese cambio que pretendía la población harta de vivir aterrorizada.
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A lo largo del 2024, el gobierno adquirió 940 patrulleros y 600 motos para toda la provincia. En la imagen, la entrega de vehículos en la ciudad de Rosario.
El regreso de la presencia policial fue una de las claves para que se redujera la violencia. La fuerza de seguridad volvió a retomar el control de la calle, donde a lo largo de este año se registraron algunos excesos, que desataron cuestionamientos y mostraron la contracara de empoderar a una fuerza atravesada por la corrupción desde hace décadas.
El control político de la policía es clave para evitar problemas que ya ocurrieron en Santa Fe, cuando comisarios comenzaron a tener sus “quintas” dentro del mapa criminal y a autonomizarse. La causa judicial contra diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario que se comportaban como una banda criminal enciende alertas dentro de este esquema tradicional, en la que una reforma integral de la fuerza por ahora no está por ahora en agenda.
Las otras patas donde sostienen los resultados en materia de seguridad son la política penitenciaria, que logró con mayores controles y restricciones a los internos de alto perfil reducir la relación de los reclusos con los negocios externos. Esto provocó que se dejaran de ordenar balaceras y asesinatos desde los penales, algo que parecía imposible, porque el control interno de las cárceles estaba en manos de las propias bandas criminales. Y también descendió otro delito en auge durante los últimos años, como las extorsiones que provocaban balaceras y venganzas.
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Otro de los puntos clave fue también la desfederalización del narcomenudeo, cuya persecución pasó a estar en manos del MPA, algo que logró que se desarrollara una política más integral sobre el combate de la venta de drogas. Se marcaron prioridades para abordar este tipo de delitos, que tiene como eje central la intervención en lugares y con actores que generan violencia.
Hoy el Estado tiene mayores herramientas para hacer frente a un problema que se había transformado en un mal endémico, después de las gestiones del socialismo y el peronismo que, en otro contexto político, no tuvieron la fortaleza y la decisión para resolver el problema que deshilachó la vida social de una ciudad como Rosario.
El 2024 mostró también a la par de la baja de los homicidios y el descenso de los enfrentamientos entre bandas criminales que el problema de fondo aún no tiene una solución integral. Las cárceles están recargadas de presos que pertenecen a organizaciones mafiosas que cambiaron y están en permanente simbiosis. Aunque durante 2024 se alteró la dinámica del negocio narco, que se sostenía en enfrentamientos por pequeños territorios, el peligro es que las nuevas generaciones que aparecen en el horizonte no vuelvan a usar ese recurso que tanto daño hizo a esta ciudad. El éxito genera consenso, tanto de la población como del arco político, y nadie hoy quiere que regrese el escenario de terror que en marzo hizo temblar a la ciudad.
