En el fuero federal, una causa por blanqueo de dinero de Mario Segovia tardó 18 años. La titular de una inmobiliaria propuso hacer tareas comunitarias en Cáritas antes de ser condenada y se lo concedieron.
Si hay un delito que expone las debilidades y las complicidades del sistema judicial federal es el lavado de dinero, sobre todo cuando hay sospechas que las operaciones provengan del narcotráfico.
Por eso, en Rosario hay postales que no tienen explicación, en una ciudad fracturada, como la que se ve aprecia en parte de la ribera del Paraná, con Puerto Norte como emblema, transformada en una zona exclusiva con departamentos que superan el millón de dólares.
El dinero fluye, da vueltas, se corporiza y se transforma en un fantasma que nadie tiene intención de identificar. Ahí reside el poder. Y por ahora nadie se quiere meter con él. Una muestra clara de este esquema es una vieja causa que tuvo a Mario Segovia, a quien Aníbal Fernández catalogó el “Rey de la Efedrina”, como principal protagonista, pero como actores de reparto aparecen eslabones que nunca pisaron una cárcel ni lo harán.
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Hace dos semanas, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario le concedió a la corredora inmobiliaria Melisa Montes una suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, por recibir y administrar dinero del narco condenado, que se encuentra actualmente preso en el penal de Ezeiza.
La mujer está acusada de lavar dinero del Rey de la Efedrina. Montes habría cobrado por medio de once giros recibidos por medio de la empresa "Western Union", entre el 29 de junio del año 2006 y el 14 de abril del año 2007, la suma de 91.642 pesos, unos 25.000 dólares de la época en que se cometió el delito.
La probation consistirá en hacer tareas comunitarias en Cáritas. Montes, quien maneja una de las inmobiliarias más importantes de Rosario, ofreció pagar una multa de 150.000 pesos y por la reparación del daño que cometió abonar 80.000 pesos en concepto de multa.
En la causa, la fiscal Magdalena Borgonovo aceptó la propuesta. Adujo que “la operatoria investigada y atribuida a Montes consistió en el cobro diferentes giros de dinero efectuadas por personas domiciliadas en Argentina y en México, a través del servicio "Western Union" entre el 29 de junio del año 2006 y el 14 de abril del año 2007.
Montes aparecía como destinataria de varios de dichos envíos y concretamente se le imputó que administró dinero de origen ilegítimo proveniente de la actividad de narcotráfico desplegada entre otros por Mario Roberto Segovia, ello a fin de brindarle apariencia lícita”.
La fiscal consideró, según expone el expediente, “atinadas las tareas comunitarias, el pago de la multa y la reparación ofrecidas, en virtud de lo cual, previo informe del Registro Nacional de Reincidencia, no tengo objeción alguna que formular al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado a favor de Melisa Cecilia Montes”.
En la causa, la Unidad de Información Financiera, en su rol de querellante, rechazó la pretensión de la defensa de Montes, con el argumento que “las particularidades de la causa impiden la concesión del instituto de suspensión de juicio a prueba, ya que se trata de delitos complejos, dada su naturaleza y gravedad. La política criminal reserva dicho beneficio como solución alternativa del conflicto para delitos de menor cuantía”.
La UIF señaló que la probation ofrecida por la defensa de Montes, cuando el juicio estaba previsto que comenzara el 21 de mayo, “resulta un intento de eludir el debate oral y público”. Remarcó que suspender el juicio “con su consecuente extinción de la acción penal es contrario a los estándares nacionales e internacionales en materia de recupero de activos de origen ilícito”.
El fiscal Federico Reynares Solari explicó a AIRE que esta causa se gestó hace 18 años en la jurisdicción de Campana, donde en un primer momento fue investigada por el juez Federico Faggionato Márquez, que fue destituido en 2010. Montes gerencia una de las inmobiliarias más importantes de Rosario, como es Squadra Propiedades.
El fiscal planteó su rechazo a que estos casos terminen de esta manera. “La Justicia es más fácil que actúe cuando vienen acusados chicos de barrios menos favorecidos que tienen defensor oficial”, aseguró y agregó que "cuando vienen los que viven entre los bulevares y los defienden prestigiosos abogados hay una parafernalia que uno se la tiene que bancar".
“Hay una cuestión previa a la dificultad de investigar el lavado, que es la voluntad de hacerlo, la decisión institucional de involucrarse. Por eso, desde el 6 de mayo que se aplicó el nuevo sistema (acusatorio) nos pusieron a cargo de una unidad fiscal de causas complejas”, señaló.
Cuando el tema tomó trascendencia pública, luego de que la Justicia avalara la probation propuesta por la defensa de Montes, el Colegio de Corredores Inmobilarios salió a aclarar que esta mujer estaba inscripta en esa entidad y tenía una matrícula, porque la Justicia ordenó que se la dieran.
En el Colegio de Corredores señalaron que el 3 de marzo del año pasado Montes había presentado los documentos para la inscripción de la matrícula, pero en ese momento desde el departamento de Fiscalización de la entidad se advirtió que tenía en ese entonces un procesamiento como coautora del delito de encubrimiento y lavado de activos.
El 10 de marzo rechazaron esa matriculación al considerar que el concepto de antecedentes penales no solo hacían referencia a condenas sino también a causas en trámite. Ante esa situación, Montes volvió a hacer una nueva presentación el 23 de mayo de 2023, que también fue rechazada.
Luego de las dos negativas del Colegio, Montes –según expresa el comunicado– interpuso una apelación el 13 de julio del año pasado, que recibió el visto bueno de la Justicia. Por eso, se le ordenó al Colegio que habilite la matriculación.
En esa causa figura otro rosarino de peso, que tuvo relevancia en la gestión de Mauricio Macri en la Afip, como es el contador, Wilfredo Germán Scarpello, cuyas oficinas en Rosario en el Victoria Mall fueron allanadas en este caso hace una década y media.
El sitio Encriptada, uno de los que más siguió este caso, publicó que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y el fiscal Sebastián Bringas determinaron que Roberto Martín Guerini, el de posterior llegada a la Afip, como reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, y Wilfredo Germán Scarpello, el de ascendencia en el PRO, administraron los bienes de Segovia en Rosario entre 2007 y 2008, tanto que intentaron que Sebastián Segovia, el primo del líder de la banda, y Delia Isabel Ulecia figuraran como dueños de un campo del «rey» valuado en 310 mil pesos (90 mil dólares), aunque la operación finalmente no se concretó, pero por motivos ajenos a los acusados.
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