“En estos días viajamos con un equipo a Rosario, no digo el día, a ver si me están esperando a los tiros”, ensayó el ministro de Justicia. El comentario no cayó nada bien en la ciudad, donde el estigma narco comienza a acorralar la economía y el funcionamiento de Rosario.
Más allá del resguardo del ministro de Justicia por eludir su agenda en Rosario, la Universidad Católica Argentina difundió luego que Cúneo Libarona va a dar una charla en el marco de las jornadas “Especialización en Derecho Penal”, junto al rector Luis María Caterina.
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En su rol de abogado penalista, Cúneo Libarona tiene una extensa relación con Rosario, desde hace más de dos décadas, cuando fue el abogado defensor del expresidente de Newell’s Eduardo López.
El exdirigente, que murió en 2018 a los 65 años, nunca fue condenado por las causas de administración fraudulenta que enfrentó por los desmanejos durante los 14 años que estuvo al frente de la institución.
A partir de ese momento, según contaron varias fuentes del ambiente judicial, el actual ministro de Justicia empezó a trabar una relación con el abogado Carlos Varela, que luego sería durante un tiempo defensor de integrantes de la banda de Los Monos. Este letrado, uno de los más importantes de la ciudad, fue durante algunos años el abogado corresponsal de Cúneo Libarona.
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Entre otros clientes, Cúneo Libarona defendió a Mario Segovia, el rey de la efedrina, recordado en Rosario por sus autos lujosos y extravagantes. El narco, ahora preso, vivía en el barrio de Fisherton, donde les enrostraba a sus vecinos que había pavimentado la calle con su propio dinero.
En 2008, el actual ministro de Justicia, según recordaron las fuentes consultadas, comenzó a ejercer la defensa de Mario Segovia, considerado en su momento por el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández, como el rey de la efedrina.
Antes de ser detenido en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando trataba de escapar a la triple frontera, Segovia, que fue condenado a 17 años de prisión, paseaba con sus autos lujosos y extravagantes por Rosario, como un Roll Royce y una camioneta Hummer, y vivía en el barrio de Fisherton, donde les enrostraba a sus vecinos que había pavimentado la calle con su propio dinero, que provenía de la venta de efedrina.
Cúneo Libarona intentó a lo largo de la instrucción y luego en el juicio, que se hizo en 2012, derribar una causa plagada de irregularidades. Pero no logró hacer zafar a su cliente, que hace unos años volvió a ser imputado por otra causa en el penal de Ezeiza, también llamativa: pretendía fabricar explosivos.
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En 2012, Segovia amenazó al periodista rosarino Hernán Lascano. Le envió una carta a su casa donde contaba detalles de su vida privada y la de su familia. Incluso, hasta el número de la chapa patente del auto en el que se movía.
Las autoridades del diario La Capital denunciaron el hecho ante la fiscalía Nº 8 a cargo de Enrique Paz. En los mensajes también se hacía referencia a la hija del periodista que en ese momento tenía un año. “Vas a saber lo que es perder”, terminaba el texto. A pesar de la evidencia Segovia nunca fue condenado.
Cúneo Libarona ejerció además la defensa en dos casos emblemáticos, con clientes históricos de su estudio, como los empresarios Sergio Tasselli y el Grupo Olio, una compañía cerealera que operaba la planta de Vicentín tras el default y la convocatoria de acreedores de la firma originaria de Avellaneda.
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Cúneo Libarona ejerció la defensa del empresario Sergio Tasselli, el dueño de Petroquímica Bermúdez acusado de contaminación ambiental.
La causa que lo tiene a Taselli como imputado reveló una trama de supuesta corrupción en la propia Justicia rosarina, que se cristalizó como un espejo en otra causa que tuvo como uno de los principales acusados al senador Armando Traferri.
Taselli adquirió a fines de los 90 la ex Electrocolor, empresa que cerró y rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Luego retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible y la fábrica se clausuró en 2013. Fue tomada por sus trabajadores, que sufrieron aprietes de patovicas mandados por Taselli y quedó abandonada, con más de mil tambores de residuos altamente tóxicos. Parte de esos tanques con cloro gaseoso, altamente contaminante, desaparecieron.
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Hasta el 11 de diciembre, día en que juró como ministro, Cúneo Libarona ejerció la defensa de Ariel Olio, titular del Grupo Olio, una empresa agropecuaria que operó a fazón la planta de Vicentín, luego del default, y que fue denunciado por el Banco Central de la República Argentina por no liquidar unos 700 millones de dólares de divisas.
La sospecha era que esta compañía, que nació en Barranqueras, Chaco, pero que tiene sus oficinas en Rosario, “trabajaba” esos dólares que debía liquidar con el "contado con liqui". Olio fue absuelto y la empresa tuvo que pagar apenas una multa de 2.000.0000 de dólares.
La investigación determinó que entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, la firma realizó exportaciones que no liquidó ante el Banco Central por casi 700 millones de dólares. Por testimonio de los propios responsables, gran parte de ese monto ingresó por la vía alternativa del "contado con liquidación", obteniendo así un ingreso extra pero de forma ilegal.
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La condena judicial no obliga a Díaz y Forti a reponer al Banco Central los dólares no ingresados, sino que simplemente la obliga a hacer frente a la multa fijada por el juez Carlos Vera Barros: 2.000.000 de dólares. Ese monto es menos del 0,3% del valor de las operaciones de exportación evadidas.
Olio recibió amenazas en Rosario y se radicó en Miami. Vive en un penthouse de 10 millones de dólares, según confía una fuente del sector.
