El problema de la violencia narco, catalogada como terrorista, excede a un gobierno. El drama derramó hacia a sectores que nunca lo hubiesen imaginado tiempo atrás. Pero Maximiliano Pullaro tiene una tarea complicada, luego de una década en la que la violencia narco emergió en Rosario y nunca logró apagarse, sino que como quedó expuesto la semana pasada, se fortaleció.
La Provincia de Buenos Aires envió refuerzos para combatir el crimen.
El gobernador tiene el rol protagónico de tratar de buscar estímulos para que desaparezca en la población la incertidumbre de que cualquiera puede ser blanco de una bala. El problema mayor es cómo hacerlo con una estructura estatal desvencijada, una policía desdibujada, y en medio de una crisis económica que perforó todo.
Se vivieron dos fenómenos inéditos en Rosario en apenas una semana. Con una estrategia planificada, el crimen organizado paralizó la ciudad, a partir de los asesinatos de cuatro trabajadores elegidos al azar.
Ya habían aparecido algunos síntomas de este estilo perverso, con el crimen de Lorenzo Altamirano en febrero de 2023 en la puerta de la cancha de Newell’s, donde su cadáver fue utilizado como un envoltorio para pasar un mensaje.
Ante el terror que irradió esta nueva secuencia sangrienta, la población decretó un toque de queda unilateral. Durante varios días las calles quedaron desiertas, sin transporte público, sin poder comprar combustible, con las escuelas cerradas, los centros de salud sin atención, y muchos locales comerciales con las persianas bajas.
En ninguno de los dos casos hubo una intermediación del Estado. Ni para perseguir y detener a los asesinos que actuaron con total impunidad –hay 16 detenidos, pero ninguno de ellos con roles protagónicos- ni para dar las garantías de que los rosarinos pudieran romper el miedo y volver a vivir con cierta normalidad. La desconfianza recayó sobre la política y el temor sobre el “terrorismo narco”, como lo llamó el gobierno.
El presidente Javier Milei, que podría haber ayudado a romper con su presencia esa inercia, anunció que viajará a Rosario recién en unos 20 días. Su seguridad personal y sus temores son otro tema complejo.
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La saga de extrema violencia estalló cuatro días después de que el jefe de Estado exaltara el éxito del operativo de fuerzas federales en Rosario, en el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, donde –según datos del presidente –bajaron un 60 por ciento los homicidios “en las zonas controladas por las fuerzas federales”. Gendarmería patrullaba hasta ese momento sólo dos zonas calientes, en el sur y el oeste.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro trató de evitar subirse al exitismo de pensar de que porque la violencia en Rosario se había apaciguado en enero y febrero se había terminado el problema. No había razón ni argumentos que explicaran de que con una estrategia delineada por el gobierno nacional y provincial se obtuviera ese logro.
Una de las hipótesis que se barajan en la justicia es que el descenso de la violencia tuvo que ver con una decisión de los grupos narcos, que formaron una especie de consorcio para enfrentar un enemigo común: el gobierno de Santa Fe, y dejaron de matarse entre ellos por espacios territoriales, como ocurrió los últimos diez años.
Pullaro se subió a otro tren: el que le sugerían las encuestas y los estudios de opinión, que aportaban buenos resultados cuando mostraba dureza y cierto rigor contra los narcos presos, como lo comenzó a hacer a partir del 12 de diciembre con mayores controles en los pabellones denominados de alto perfil, donde están los internos que pertenecen a cuadros medios de los grupos narcos.
El sábado 2 de marzo desafiaron ese perfil que Pullaro quiso imponer. Desde un auto dispararon contra dos colectivos que trasladaban a agentes penitenciarios de la cárcel de Piñero. Tiraron a matar, a la altura de la cabeza, pero no hubo víctimas fatales por azar. Los atacantes no fueron detenidos, como ocurre en la mayoría de los casos de este tipo, por eso se transformó en algo reiterado, casi como un deporte, que llevó a que en 2020 se creara la fiscalía especializada en balaceras, algo que demarca el descontrol.
La reacción del gobierno se hizo palpable con una requisa intensa ese mismo sábado en la cárcel, mientras llovía a cántaros. Las montañas de colchones, ropa y objetos personales estaban empapados igual que los detenidos. En uno de los pabellones, que el gobierno dice que era de alto perfil, se montó una puesta escena que le costaría caro al gobierno, como fueron esas fotografías que difundió la administración provincial con una estética similar a la que impuso Nayib Bukele en El Salvador, tras enviar a la cárcel a centenares de delincuentes, luego de negociar la paz con las dos principales pandillas del país, como se reveló en una causa contra 13 jefes maras en la corte federal de Nueva York.
Bullrich le achacó a Pullaro, con el diario del lunes, que no podía mostrar esa imagen de los presos con las cabezas rapadas, semidesnudos y en cuclillas, cuando las calles de Rosario aún no logran tener un control de las fuerzas de seguridad. El gobernador está convencido que no fue esa foto la que detonó la ola de crímenes, sino una decisión que tiene que ver con el negocio que se evaporó en las cárceles, luego de los mayores controles que implementó.
“Viví los momentos más duros de mi vida porque mataron personas inocentes”, confesó el viernes el gobernador. También Bullrich le exigió al gobernador que realice una depuración en la policía santafesina, atravesada por problemas serios de corrupción y de connivencia con los narcos, como lo demuestran decenas de causas judiciales. Trascendió, incluso, la versión de que se podría intervenir la policía, como ya intentó la ministra en agosto de 2016. La pregunta del otro lado es: ¿Con quiénes?
Pullaro y Bullrich coincidieron en encuadrar esta cadena de golpes de las bandas narco como “terrorismo”. El problema que aparece en el horizonte es que le declararon la guerra al crimen organizado sin contar, tanto la Nación como la provincia, con lo mínimo, como son los patrulleros, y con un déficit profundo de logística e infraestructura.
Las 25 camionetas del Ejército que llegaron a Rosario servirán para suplir el problema que enfrentan las fuerzas federales, que –según la actual gestión- fueron desfinanciadas durante la administración anterior.
Llegaron 450 gendarmes a Rosario que se sumarán a los 1.100 que ya estaban en la ciudad. En medio de la emergencia, Pullaro derivó policías de distintas partes de la provincia hacia Rosario para reforzar a los 4.500 que estaban allí.
El refuerzo de agentes busca mostrar una reacción en las calles, un territorio que hoy parece ajeno. Sirve como un bálsamo contra el miedo que atraviesa la población, que descree de la misma receta que se implementó desde abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni hizo un desembarco cinematográfico en Rosario.
Hay algo particular en este escenario que es histórico: gendarmes ni policías se enfrentan a los narcos en las calles. Un jefe de Gendarmería que participó en siete operativos admitió–en diálogo con AIRE - que nunca él ni sus subalternos hicieron un disparo. “Los llamados soldaditos de las bandas narco desaparecen cuando llegamos a un barrio. Después, nos vamos a otro lado y vuelven. Es como jugar a las escondidas”, ironizó.
En el Ministerio de Seguridad de la Nación señalaron que uno de los puntos clave será la inteligencia criminal, algo que parece invisible pero que recarga de evidencias las causas. “Nos encontramos con una falta de stock de investigaciones sobre narcotráfico cuando asumimos. Ahora están abiertas unos 150 casos que llevarán tiempo, un largo recorrido hasta dar frutos”, esgrimió un alto funcionario que acompaña a Bullrich. Los problemas que enfrentan los agentes federales no sólo son de logística, sino en materia de investigación. La apertura y análisis de un teléfono celular decomisado en un operativo antidrogas puede demorar hasta ocho meses.
Además, según señaló una fuente de la justicia federal, las licencias de varios programas informáticos de origen israelí que utilizan las fuerzas de seguridad vencieron en diciembre. Y eso, sin olvidar que algunas fuerzas llevan años sin actualizar los softwares con los que deben combatir a clanes criminales que utilizan tecnología más actual. Cuando Pullaro asumió en la gobernación se encontró con sólo 18 móviles policiales aptos para salir a patrullar. Unos 300 autos estaban fuera de servicio acopiados en galpones repletos de roedores. Según el ministro de Seguridad Pablo Coccocioni la semana pasada lograron activar 130 patrulleros por turno. Pero hoy nada parece alcanzar.
Del otro lado, no hay grupos narcos especialmente sofisticados. Se trasluce en cómo se mata. El sicario que fue a asesinar a quemarropa el sábado de la semana pasada a Bruno Bussanich en la estación de servicio se escapó en un Fiat Duna desvencijado que luego fue incinerado a pocas cuadras.
Nadie logró capturar al asesino, por el que el gobierno ofreció 10 millones de pesos por quién aporte información. Lo rudimentario del crimen organizado deja expuesto la debilidad de quien lo enfrenta.
Durante ese fin de semana en la que Rosario crujió por las maniobras del crimen organizado no se ordenó en la justicia federal ni un solo allanamiento ni tampoco detenciones, admitieron fuentes de ese fuero en Rosario. La justicia que entiende en materia de narcotráfico también estaba paralizada. “Si vas un sábado a pedir un allanamiento el juez te lo da para el miércoles”, afirmó una fuente.
La decisión del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona de poner en marcha a partir de este lunes el sistema acusatorio en Rosario generó un terremoto interno, y del ritmo cansino del fin de semana se pasó a una rosca frenética para evitar que eso sucediera.
El ministro de Justicia informó el viernes que el nuevo sistema empezará a regir a partir del 6 de mayo. Durante los últimos meses se designaron jueces de los tribunales orales y 14 fiscales interinos. Los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery –este último cerca de la suspensión- apuntaron contra el juez federal Marcelo Bailaque como responsable de omitir investigar uno de los narcos más pesados de Rosario como es Esteban Alvarado, quien había quedado con la hegemonía del negocio narco, tras la caída de Los Monos, a los que perseguían policías provinciales, que después se detectó que eran empleados del jefe narco, que hace poco más de un año intentó fugarse en helicóptero del penal de Ezeiza.
El caso del fiscal Edery muestra el deterioro institucional en Santa Fe. Investigó una red de corrupción y sobornos que tenían al senador peronista Armando Traferri –también al exjefe de los fiscales Patricio Serjal- como uno de los principales gestores. El legislador nunca fue imputado y quien terminó con una causa judicial fue el fiscal que pidió su desafuero, acusado de tener contactos poco apropiados con una informante que era testaferro de Los Monos.
El drama narco no sólo golpeó a nivel político y social. El impacto económico será demoledor en Rosario, donde –según evaluaron en el gobierno- se suspendieron más de 30 convenciones y congresos –muchos de ellos vinculados a los agronegocios- previstos para este año, porque hay miedo de venir a la ciudad. Cambiar este escenario no será posible sólo con más gendarmes y va a llevar mucho tiempo. La Bolsa de Comercio de Rosario reaccionó desde hace tiempo ante este problema.
El presidente de la entidad Miguel Simioni logró convencer a los hombres de negocios que el flagelo de la violencia va a terminar irradiando en todos los sectores. Lo mismo hizo el Foro Regional Rosario, que agrupa a ámbitos empresarios. El problema excede el área de seguridad. Porque hay otros riesgos latentes, como la cosecha que empezará en los próximos días. Ingresarán un promedio de 10.000 camiones a los puertos de la región, en medio de una guerra contra el terrorismo narco.
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