La acusación que pesa sobre los exjefes policiales es la de haber liderado una asociación ilícita que defraudó las arcas del estado provincial durante 2015 y 2016, a través de facturar compras de repuestos y arreglos y acarreos de móviles policiales que no se realizaban.
La Fiscalía sostuvo que la maniobra fue organizada por los acusados en complicidad con el resto de los involucrados, entre los que se encuentran el exjefe del departamento de Logística, dos contadores que se desempeñaron como habilitados en la jefatura, y varios civiles: el dueño de las empresas y los prestanombres de las mismas.
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El tribunal dará a conocer su veredicto este jueves al mediodía
En cambio, para las abogadas defensoras, del Servicio Público de la Defensa Penal, ni Grau ni Odriozola estaban al tanto de lo que ocurría en el departamento de Logística, que la maniobra fue orquestada por los contadores habilitados con complicidad del jefe del departamento, que aprovechaba la carga de trabajo del jefe policial para hacerle firmar facturas y cheques.
El juicio comenzó el 29 de mayo con la declaración del gobernador Maximiliano Pullaro, ya que, cuando era ministro de Seguridad en mayo de 2016, presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación tras haber recibido información sobre lo que ocurría en el D4.
Ante los estrados tribunalicios pasaron como testigos todos los involucrados en la causa, exfuncionarios policiales, peritos contables y mecánicos, e investigadores que tuvieron a su cargo diferentes pesquisas durante la investigación.
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Para sostener su hipótesis acusatoria, la Fiscalía ventiló comunicaciones entre los involucrados, escuchas telefónicas y documental, y los informes de las pericias realizadas.
En tanto, las defensas citaron como testigos exempleados policiales que se desempeñaron bajo las órdenes de Grau y Odriozola; estos testigos explicaron el trabajo que se realizaba en la jefatura y en cada una de las áreas, lo que fue utilizado por las abogadas para demostrar la carga de trabajo del Jefe de Policía y de la imposibilidad de controlar todo lo que ocurría en las diferentes áreas de la Jefatura.
En la jornada de alegatos, realizada el martes, La Fiscalía solicitó una condena de nueve años de prisión para cada uno, inhabilitación durante 10 años para ejercer cargos púbicos, una multa de 90 mil pesos y una reparación millonaria al Estado según los montos actualizados de la defraudación comprobada. También reclamaron la prisión preventiva para ambos acusados hasta que la sentencia quede firme.
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En tanto, las defensoras públicas solicitaron la absolución de culpa y cargo de ambos acusados, cuestionaron la pena solicitada por la Fiscalía por considerarla excesiva, y rechazaron el pedido de prisión preventiva en caso de condena.
La última palabra, en esta primera instancia, la tendrá el tribunal, conformado por las juezas Celeste Minniti y Cecilia Labanca, y el juez Sebastián Szeifert cuando den a conocer su decisión este jueves a partir de las 12:30.