La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión en el juicio a los exjefes policiales acusados de fraude. Además, exige una reparación millonaria.
Los acusados fueron jefes de la Policía de Santa Fe entre 2013 y 2016
El juicio oral y público a los dos exjefes de la Policía de Santa Fe acusados de fraude al Estado provincial tuvo este martes su jornada de alegatos de clausura.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera sostuvieron el pedido de condena, inhabilitación, multa y una reparación millonaria al finalizar la exposición de la prueba ventilada en el juicio, que consideran contundente para lograr una sentencia condenatoria.
La Fiscalía alegó durante varias horas ante el tribunal conformado por las juezas Celeste Minniti y Cecilia Labanca, y el juez Sebastián Szeifert. Pasado el mediodía, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y los alegatos de las defensas se realizarán durante la tarde de este martes.
La Fiscalía estructuró sus alegatos en base a tres preguntas para definir si Omar Odriozola y Rafael Grau deben ser condenados como jefes de una asociación ilícita que cometió defraudaciones al Estado provincial a través de simular arreglos y acarreos de móviles policiales.
La primera de esas preguntas es si se hacían los arreglos, los acarreos y la compra de repuestos que eran facturadas a nombre de algunas de las empresas del ya condenado como organizador de la asociación ilícita Facundo Testi.
Para dar respuesta a esta pregunta, los fiscales repasaron las pericias mecánicas exhibidas, los informes contables, la inexistencia de los talleres que figuraban en las facturas y las declaraciones de los testigos que se presentaron en el juicio.
Según la Fiscalía, está claro y casi no fue controvertido en el juicio que un porcentaje de las reparaciones facturadas a este grupo de empresas no se realizaban, y que por lo tanto, se configura el delito de defraudación.
La segunda pregunta es si los acusados, mientras fueron jefes de la Policía, participaron del procedimiento por el que se abonaban las reparaciones. En este caso la respuesta también fue positiva, en base a las múltiples declaraciones de los involucrados y exfuncionarios que explicaron cómo era el proceso de pago en la jefatura de Policía, en la que siempre intervenía el jefe con la firma de los cheques, de las facturas y de las rendiciones de cuentas, entre otra documentación.
Por último, la tercera pregunta para determinar la responsabilidad de los acusados, es si ellos tenían conocimiento que no se realizaban las reparaciones en los móviles. Los fiscales sostienen que la prueba también demuestra que Odriozola y Grau tenían conocimiento que había arreglos y acarreos que no se hacían, así como repuestos que no eran comprados, sino sacados de otros móviles en desuso.
Para la Fiscalía, la prueba que demuestra que los exjefes tenían conocimiento de esto se encuentra en lo que denominaron como “omisión de control”, ya que Odriozola redujo en un 50% el personal de Logística para realizar controles; también el “descontrol deliberado de los pagos”, ya que firmaban cheques nominados a nombres de las diferentes empresas y que eran fácilmente endosados por el organizador para cobrarlos todos.
Los fiscales recordaron y exhibieron imágenes del estado en el que se encontraba el taller mecánico del Departamento de Logística, que estaba inutilizado porque todos los arreglos debían ser remitidos a las empresas involucradas en la maniobra, y que además la maniobra no cambió cuando cambió el jefe de la Policía: “Todo sigue igual”, recordó en su declaración el exhabilitado que le dijo Grau cuando asumió la jefatura.
En este punto, los fiscales volvieron a proyectar un audio aportado por un testigo, en el que el exjefe de Logística le informaba que Testi le pagaba al jefe de la Policía, y que Grau ya conoce la situación. También recordaron una conversación ventilada por uno de los involucrados, ya condenado, con Odriozola; éste le refirió una “situación particular” con uno de los proveedores (Testi) desde hacía años, y cuando asumió Grau le refirió que “debía seguir así”.
Luego, los fiscales repasaron todos los intercambios de mensajes y comunicaciones entre todos los involucrados en la maniobra, a fin de demostrar la habitualidad del trato y la cercanía, en especial entre Testi y los dos exjefes de la Policía, y remarcaron que Grau y Testi se reunieron al menos 17 veces en ocho meses.
Por último, los fiscales recordaron que el día de los allanamientos, Testi llamó por teléfono a Grau, cuando éste ya no era más jefe de la Policía: “Llamó al jefe de la asociación”, alegaron, y repasaron las comunicaciones que dan cuenta de una reunión al día siguiente entre Grau, Testi, el exhabilitado y el exjefe de Logística, por la necesidad de firmar documentación.
Finalmente, la Fiscalía pidió al tribunal que condene a Omar Odriozola y a Rafael Grau como jefes de una asociación ilícita dedicada a defraudar las arcas del estado provincial a nueve años de prisión, y que imponga la prisión preventiva ya que los acusados llegaron al juicio en libertad.
Además de la pena de prisión, los fiscales solicitaron una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, una multa de 90 mil pesos y una reparación millonaria que puede ir, en montos actualizados, de casi 136 millones de pesos a 15 millones para Odriozola, y de poco más de 123 millones de pesos a 8 millones para Grau, según el criterio y los parámetros que decida el tribunal.
Al finalizar el alegato fiscal, los jueces dispusieron un cuarto intermedio y las abogadas defensoras Ileana Echaniz y Virginia Balanda realizarán los alegatos durante la tarde de este martes.
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