Durante la mañana, la Fiscalía había insistido con un pedido de condena a nueve años de prisión y una reparación millonaria para Omar Odriozola y Rafael Grau; tras un cuarto intermedio, durante la tarde fue el turno de las defensoras Ileana Echaniz (por Grau) y Virginia Balanda (por Odriozola).
Ambas defensoras solicitaron la absolución de culpa y cargo de los exjefes acusados por considerar que la prueba ventilada en el debate no fue suficiente para probar su intervención en la maniobra delictiva, y que sólo quedó claro la gran carga de trabajo que enfrenta el Jefe de la Policía santafesina.
LEER MÁS ► Fraude en el D4: piden que los exjefes de la Policía de Santa Fe vayan a prisión y devuelvan millones de pesos
TRIBUNAL JUICIO D4.jpg
El juicio fue presidido por las juezas Celeste Minniti (presidente) y Cecilia Labanca, y el juez Sebastián Szeifert
Absolución de culpa y cargo
Omar Odriozola fue jefe de la Policía de santa Fe entre 2013 y 2015, y fue sucedido en el cargo por Rafael Grau, quien estuvo seis meses al frente de la Fuerza. Ambos exjefes fueron acusados por la Fiscalía de haber liderado una asociación ilícita que cometió defraudaciones a través de simular arreglos y acarreos de móviles, y compras de repuestos que no se realizaban.
Esta maniobra fue organizada, según la acusación, con el jefe del departamento de Logística (D4) -José María Leiva-, los contadores habilitados -Raúl Patriarca, primero, y Ariel Villanueva después-, y un civil, Facundo Testi, que contaba con varias empresas del rubro, que figuraban a nombre de terceros (Soto, Biscary).
Todos los involucrados en la maniobra, menos los dos exjefes policiales, fueron condenados a través de juicios abreviados, como integrantes de la asociación ilícita, y Testi como organizador. Sólo uno de los imputados fue desvinculado de la maniobra, Hugo Miñoz, quien fue jefe de Logística durante la gestión de Odriozola.
Para la Defensa, la maniobra defraudatoria fue orquestada por los contadores del D4, con anuencia del jefe del departamento, sobre quien pesaba la responsabilidad de controlar la gestión del área a su cargo, y quienes aprovechaban la carga laboral del jefe de Policía para que firmara cheques y facturas, como hacía con el resto de la documentación que llegaba al despacho.
Balanda remarcó que el hecho de que Miñoz haya sido desvinculado del caso por la Fiscalía avala la inocencia de Odriozola, e insistió con que ningún integrante del departamento de Logística de la gestión de Odriozola fue condenado en la causa.
Además de reclamar la absolución de los acusados por considerar que no quedó demostrada su intervención en las maniobras delictivas, las defensoras también alegaron acerca del pedido de pena de nueve años de prisión realizada por la Fiscalía, a la que consideraron excesiva, del mismo modo cuestionaron la reparación millonaria que exigen los acusadores.
Finalmente, se opusieron al pedido de prisión preventiva realizada por los fiscales en caso de que el tribunal decida condenar a los exjefes acusados. La decisión de los jueces será dada a conocer el jueves al mediodía.
FISCALIA JUICIO D4.jpg
La acusación fue sostenida por los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández
Las claves de la causa contra los exjefes de la Policía de Santa Fe
- La denuncia fue presentada por Pullaro en 2016: la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el entonces ministro de Seguridad y hoy gobernador de Santa Fe. En ese momento, Pullaro advirtió sobre posibles maniobras delictivas en el área de reparación y compra de repuestos para móviles policiales, dependiente del Departamento de Logística, conocido como D4.
- Allanamiento del D4 y documentación clave: el fiscal Roberto Apullán solicitó el allanamiento del D4. Durante ese procedimiento, se secuestró documentación que resultó clave para avanzar en la causa. Allí se detectó que un lavadero de autos emitía facturas como si fuera un taller mecánico, y se vinculó además a un comercio de repuestos y a un taller en las maniobras investigadas.
- La causa pasó a la Fiscalía de Delitos Complejos: en 2017, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional, a cargo de Ezequiel Hernández, junto con la entonces fiscal Mariela Jiménez.
- Involucrados: se identificó a una gran cantidad de involucrados, tanto funcionarios del Ministerio de Seguridad como comerciantes. Entre los imputados estuvieron contadores del Ministerio que actuaban como habilitados, así como el responsable del Departamento de Logística.
- La mayoría cerró su causa con abreviados: todos los involucrados —excepto Grau y Odriozola— acordaron su salida del proceso penal mediante probation o juicios abreviados.
- El rol que la Fiscalía atribuye a Grau y Odriozola: la Fiscalía sostiene que Grau y Odriozola fueron los jefes de la asociación ilícita y que aprovecharon su jerarquía para facilitar y permitir las maniobras delictivas. En la acusación se remarca que "dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”.
- ¿Culpables o inocentes? Pasados los alegatos, la Fiscalía insistió que la prueba producida en el juicio demuestra que tanto Odriozola como Grau estaban al tanto de las maniobras, y que incluso recibían dinero por parte de Testi, que luego entregaban una parte al jefe de Logística; en cambio, las defensoras sostuvieron que toda la maniobra fue orquestada por Testi con los contadores habilitados, quienes se aprovecharon de la carga de trabajo de los jefes policiales para hacerles firmar cheques y facturas.