Cristina Ferraro, fiscal de la Unidad Especial de Homicidios.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, no solo acaba de ser procesada por la Justicia federal por sus sospechosas conductas en el marco de la causa que se inició a partir de la muerte del empresario santafesino Hugo Oldani, sino que tendrá que enfrentar un juicio disciplinario impulsado por la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación que se iniciará el próximo 4 de julio.
En ese juicio, se evaluará si esta fiscal efectivamente incurrió en irregularidades, por lo que la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, pidió que fuera suspendida de sus funciones durante dos meses.
Vranicich formuló los cargos contra Ferraro el 26 de febrero de 2021. Sin embargo, transcurrió tanto tiempo desde aquel momento hasta la confirmación de la fecha del juicio disciplinario que, mientras tanto, la Justicia federal avanzó en sus investigaciones y terminó procesando a esta fiscal por el delito de encubrimiento de la posible existencia de una cueva financiera en la agencia de turismo que conducía Oldani.
Pero existe un dato más que pone en dudas el inicio de este juicio disciplinario: el diputado provincial Leandro Busatto solicitará a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que se avoque al caso Ferraro e investigue lo sucedido. Si esto sucediera, la Auditoría del MPA deberá desprenderse de esta investigación, que pasaría a manos de diputados y senadores.
En febrero de 2021 y a partir de las revelaciones periodísticas de AIRE sobre las sospechosas conductas de la fiscal Ferraro en el caso Oldani, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto para que la Legislatura cite al fiscal regional, Carlos Arietti, y a la fiscal Mariela Jiménez. Sin embargo, aquel planteo no tuvo apoyo de ningún legislador de los bloques mayoritarios.
Aquella noche del 11 de febrero de 2020, a poco de la muerte del empresario, la fiscal Ferraro llegó a las oficinas de Turismo Oldani acompañada por policías. Mientras esto sucedía, arribaban a la escena del crimen la hija de Oldani, su pareja, una empleada de la empresa y una amiga que se desempeñaba como abogada en el Ministerio de Seguridad.
Los primeros policías que habían ingresado a la escena del crimen fotografiaron una caja fuerte que se encontraba cerrada, poco más de 3 millones de pesos y algo más de 1 millón de dólares en un estante y documentación diversa sobre los escritorios.
Súbitamente -y en presencia de la fiscal- las cámaras que apuntaban hacia las oficinas se apagaron y recién volverían a funcionar al día siguiente.
En el interior de las oficinas, la fiscal impidió que los policías abrieran la caja fuerte o secuestraran la documentación y el dinero que había sido registrado por las fotografías previas.
Luego, se les permitió a los familiares de Oldani que se quedaran solos en el local. Ingresaron con las manos vacías, pero salieron portando una caja, una mochila y bolsos llenos. Jamás se supo cuál fue el destino del dinero que se encontraba en los estantes, de la documentación que había sobre los escritorios y, mucho menos, qué había dentro de aquella caja fuerte.
Ferraro abandonó la galería Rivadavia acompañada por policías por calle La Rioja. Al mismo tiempo, los familiares de Oldani y la amiga abogada abandonaban el lugar hacia calle Rivadavia.
De esta manera, familiares de Oldani y una abogada del Ministerio de Seguridad abandonaban la Galería Rivadavia con bolsos llenos poco después de la muerte del empresario.
Tiempo después, cuando la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, le preguntó a Ferraro si sabía algo del dinero desaparecido, le respondió que no tenía ninguna información. Pero le ocultó un dato clave: que había sido ella la que impidió a los policías que secuestraran el dinero y que abrieran la caja fuerte, y que estuvo todo el tiempo presente mientras los familiares de Oldani ingresaban a las oficinas y salían con bolsos llenos.
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