La noche del asesinato del empresario Hugo Oldani, la fiscal Cristina Ferraro estuvo presente mientras familiares de la víctima se llevaban documentación y dinero de la escena del crimen.
Mientras la Justicia federal acaba de procesar a la fiscal Cristina Ferraro por el posible delito de encubrimiento de la existencia de una cueva financiera que habría funcionado en las oficinas del empresario santafesino Hugo Oldani; para la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación los hechos apenas ameritan una suspensión de dos meses para esta funcionaria y, para la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, ni siquiera valió la pena inmiscuirse en el caso hasta ahora.
Las diferencias de criterios entre unos y otros actores de las instituciones de Santa Fe resultan sorprendentes y abrumadoras.
Luego de investigar lo sucedido durante la noche del 11 de febrero de 2020 en la escena del crimen que acabó con la vida de Oldani; un fiscal federal, como Walter Rodríguez, y un juez federal, como Carlos Villafuerte Ruzo, llegaron a la conclusión de que existen elementos de probabilidad suficientes en cuanto a la existencia de un delito en la conducta de Ferraro, quien ya tuvo la posibilidad de defenderse en indagatoria y, a partir de ahora, deberá enfrentar un proceso que podría desembocar en un juicio oral y público.
Pero la Auditoría General del MPA y la Legislatura tienen miradas completamente diferentes sobre los mismos hechos.
Los detalles que responden a esta pregunta se encuentran en la causa judicial. Sin embargo, se sabe que aquella noche, a poco de la muerte del empresario, la fiscal Ferraro llegó a las oficinas de Turismo Oldani acompañada por policías. Mientras esto sucedía, arribaban a la escena del crimen la hija de Oldani, su pareja, una empleada de la empresa y una amiga que se desempeñaba como abogada en el Ministerio de Seguridad.
Los primeros policías que habían ingresado a la escena del crimen fotografiaron una caja fuerte que se encontraba cerrada, poco más de 3 millones de pesos y algo más de 1 millón de dólares en un estante y documentación diversa sobre los escritorios.
Súbitamente -y en presencia de la fiscal- las cámaras que apuntaban hacia las oficinas se apagaron y recién volverían a funcionar al día siguiente.
En el interior de las oficinas, la fiscal impidió que los policías abrieran la caja fuerte o secuestraran la documentación y el dinero que había sido registrado por las fotografías previas.
Luego, se les permitió a los familiares de Oldani que se quedaran solos en el local. Ingresaron con las manos vacías, pero salieron portando una caja, una mochila y bolsos llenos. Jamás se supo cuál fue el destino del dinero que se encontraba en los estantes, de la documentación que había sobre los escritorios y, mucho menos, qué había dentro de aquella caja fuerte.
Ferraro abandonó la galería Rivadavia acompañada por policías por calle La Rioja. Al mismo tiempo, los familiares de Oldani y la amiga abogada abandonaban el lugar hacia calle Rivadavia.
Tiempo después, cuando la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, le preguntó a Ferraro si sabía algo del dinero desaparecido, le respondió que no tenía ninguna información. Pero le ocultó un dato clave: que había sido ella la que impidió a los policías que secuestraran el dinero y que abrieran la caja fuerte, y que estuvo todo el tiempo presente mientras los familiares de Oldani ingresaban a las oficinas y salían con bolsos llenos.
La ley es muy clara en este sentido y establece que “corresponderá a los fiscales regionales el tratamiento y resolución de las faltas leves; al Tribunal de Disciplina con investigación por la Auditoría General de Gestión para los casos de faltas graves en el desempeño técnico jurídico; y al Poder Legislativo para los casos de faltas graves originadas en el mal desempeño institucional o funcional o por la comisión de delitos dolosos”.
El argumento de la auditora general apunta a que, cuando Ferraro llegó al lugar de los hechos, investigaba un homicidio y no la posible existencia de una cueva financiera. Por eso permitió a los familiares de la víctima que se llevaran el dinero y la documentación.
Sin embargo, este razonamiento parece tambalear con algunas simples preguntas realizadas desde el sentido común.
Incluso en el caso de que en ese momento no se sospechara de la existencia de una cueva financiera, ¿no se le ocurrió a Ferraro que ese dinero y esos documentos podrían haber resultado útiles para investigar pistas que lleven a los posibles asesinos?, ¿no resulta un elemento de fuerte sospecha que las cámaras de seguridad se apagaran mientras Ferraro y los familiares estaban en el lugar?, ¿no llamó la atención de la auditora que Ferraro no hablara con total franqueza cuando la fiscal Jiménez le preguntó sobre el destino del dinero desaparecido?, ¿realmente la escena planteada constituye una mera irregularidad técnico jurídica?
Es cierto que las miradas de la Justicia federal y de la Auditoría del MPA sobre el accionar de Ferraro son llamativamente dispares.
Sin embargo, existen otros actores en esta trama para quienes, literalmente, la causa Oldani y la conducta de Cristina Ferraro no merecieron demasiada atención: los legisladores de la Provincia de Santa Fe.
La ley establece que en estos casos la Auditoría General del MPA debe informar al Poder Legislativo "de las denuncias o procedimientos en trámite a los fines que éste pueda ejercer el derecho de avocamiento y entender en el trámite directamente”. Dicho en otros términos, la Auditoría informa a la Legislatura y, si los legisladores consideran que es conveniente intervenir en un caso, pueden solicitar los antecedentes.
Nada de esto sucedió. Y no fue porque la Legislatura no hubiese tenido la posibilidad de ocuparse del caso. De hecho, el 1 de febrero de 2021, luego de que AIRE revelara gran parte de esta trama, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó ante sus pares un proyecto para que se citara al fiscal regional, Carlos Arietti, y la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, para que brinden detalles de este caso.
Salvo contadas excepciones de diputados de sectores minoritarios, este proyecto no logró el apoyo de ningún diputado de los principales partidos provinciales: socialismo -preside la Cámara- radicalismo, peronismo y Juntos por el Cambio.
Quince meses después de que se presentara aquel proyecto, Arietti y Jiménez jamás se presentaron en la Legislatura. Mucho menos, la fiscal Cristina Ferraro.
Ahora, luego del procesamiento de la Justicia federal, se espera que el diputado Leandro Busatto pida formalmente a la Comisión de Acuerdos que se avoque a este caso.
En el Senado tampoco existió el mínimo interés en esta causa, a pesar de la presencia en la Comisión Bicameral de Acuerdos de senadores que se mostraron muy activos para impulsar investigaciones sobre otros fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Nadie sabe con certeza qué sucederá con la fiscal Ferraro. Sin embargo, en el hipotético caso de que terminara siendo condenada por la Justicia federal, quedará como antecedente que la conducta de esta funcionaria apenas mereció el pedido de dos meses de suspensión para la Auditoría del MPA y que, para los legisladores de Santa Fe, ni siquiera valió la pena investigar.
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