El tribunal que condenó a dos exjefes de la Policía de Santa Fe por fraude al Estado dio a conocer los fundamentos del veredicto en una meticulosa resolución.
Los exjefes policiales, Omar Odriozola y Rafael Grau, tras escuchar el veredicto que los condenó como jefes de una asociación ilícita.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Dos exjefes de la Policía de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau, fueron condenados por liderar una asociación ilícita que cometió fraude al Estado provincial, a través de un juicio oral y público que se realizó durante el mes de junio en los tribunales de Santa Fe.
El debate fue presidido por la jueza Celeste Minniti, junto con la jueza Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert. Los magistrados dieron a conocer esta semana los fundamentos de su decisión a través de un fallo extenso y minucioso.
El tribunal destacó los “vínculos promiscuos y corruptos” entre los funcionarios involucrados en la maniobra y el proveedor estatal, así como lo “absurdo y desmedido” de la maniobra fraudulenta, que se dio a conocer tras una denuncia presentada en 2016.
La resolución judicial repasa en detalle la prueba producida durante el debate, y dedica una gran cantidad de páginas a repasar las planillas de excel en las que se asentaban los “arreglos” a los móviles, su consonancia con los cheques y facturas que dan cuenta del pago que realizaba la Jefatura, y el resultado de la pericial mecánica que precisó que tales arreglos no fueron realizados.
“En cada móvil que fue detallado por el perito, de acuerdo a las facturas que se le correspondían a los mismos, había reparaciones que fueron facturadas y pagadas pero no realizadas”, precisa el fallo, y agrega: “es decir, de la pericial mecánica, confrontada con las respectivas facturas más recientes sobre dichos automóviles, surge a las claras que, al menos, de diez vehículos que se le imputaron gastos de arreglos y/o repuestos, solo se efectuaron efectivamente uno”.
Además, la resolución destaca como relevante para acreditar que las reparaciones no se hacían, las constataciones que se llevaron a cabo en cada uno de los domicilios donde supuestamente funcionaban los talleres: en uno de ellos se constató que no había herramientas ni nada que permitiera llevar adelante ningún tipo de arreglo de vehículos, mientras que el otro “taller” que facturaba como servicio mecánico “era una casa precaria y que lejos estaba de ser un taller mecánico, ya que no había ni fosas, ni herramientas necesarias para las reparaciones que facturaba”.
Los jueces también destacaron la declaración aportada por el “arrepentido” Facundo Testi, el proveedor del Estado que fue condenado como organizador de la asociación ilícita, como “prueba que logra clarificar la maniobra defraudatoria, quienes y cómo participaban”. En su testimonio dio cuenta que operaba a través de varios talleres y empresas que, aunque con distintos titulares, en realidad le pertenecían o trabajaban para él como "prestanombres".
“De la prueba rendida durante el debate, se pudo evidenciar la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (ambos jefes, los habilitados y logísticos) y Testi”, sostiene la resolución; “estos lazos fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficticia legalidad para instrumentar procesos y acciones que buscaron asegurar un beneficio ilegítimo a favor de las empresas de Testi. Éste tenía contacto telefónico con ambos jefes. A Odriozola lo tenía agendado como "Flaco" y a Grau como "Rafa". Sus conversaciones se centraban en acelerar pagos a proveedores ("fijate si puede salir el pago por los proveedores", "que el contador no boludee y que pague", se extraer de algunas de ellas)”.
Remarca el tribunal que “había entre Testi y los Jefes, favores personales”, y que Testi percibía estos favores como necesarios para asegurar los pagos mensuales por su trabajo con la policía: “Estas conductas, ajenas al ámbito funcional de cada uno, violatorias de su rol institucional se pusieron de manifiesto con la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre estos funcionarios públicos y un contratista privado del Estado”.
En la resolución judicial se repasan los diferentes encuentros que mantuvieron los integrantes de la asociación, en especial Testi con Grau a partir de septiembre de 2015, cuando Grau asumió como jefe policial: repasa el historial de mensajes y comunicaciones telefónicas entre ellos.
En los fundamentos, los jueces también analizan cómo debe tenerse en cuenta la declaración de un testigo arrepentido, como es el caso de Testi: “La valoración del testimonio del imputado arrepentido debe realizarse con especial prudencia, pero no por ello ser desechada per se, como pretende la defensa”.
Luego, el tribunal repasa los elementos objetivos que sustentan la declaración de Testi: los testimonios de los demás involucrados en la maniobra que fueron coincidentes con lo referido por Testi, y otro tipo de pruebas que también lo refrendan, en especial, las planillas Excel y facturas encontradas en la computadora y domicilio de Testi durante el allanamiento del 13 de mayo de 2016. Estas planillas detallaban el "dibujo" (fraude) con las fórmulas de cálculo (70% para el "cargo") y las partidas involucradas.
“Tan absurdo y desmedido era el fraude, que de acuerdo a la constatación que realizó el experto un solo móvil policial tuvo facturación por más de 30 millones de pesos en el período analizado. Un móvil de la Policía Comunitaria tuvo 26 facturas, rondando los 10 millones de pesos”, precisa el tribunal, a modo de ejemplo.
Entre estas pruebas se enumeran las comunicaciones y los registros de llamadas, que “revelan una coordinación constante de la maniobra”; “todo lo que se viene analizando, no deja dudas y detallan una maniobra organizada de corrupción donde se facturaban servicios y repuestos para móviles policiales que no eran realizados, con la complicidad de los habilitados (contadores) y la cúpula policial, y un esfuerzo por ocultar esta operación una vez que la investigación comenzó”, destacan los jueces.
En cuanto al conocimiento que tenían los exjefes de la maniobra, y su intervención en la misma, los jueces destacan que “de acuerdo a la prueba presentada, el rol de Rafael Grau y Omar Odriozola como Jefes de Policía de la Provincia fue central y facilitador en la maniobra defraudatoria, pasando de ser figuras de máxima autoridad y control a ser participes activos del esquema".
Los jueces advierten que, tanto Odriozola como Grau, al ocupar el cargo de Jefe de Policía de la Provincia, "tenían responsabilidades cruciales en la administración y control de los recursos. Sus firmas eran indispensables para la liberación de cheques de pago y la conformación de las rendiciones de cuentas de la Jefatura", y que "las pruebas rendidas dan cuenta que ambos jefes de policía no solo estaban al tanto de las irregularidades, sino que activamente las promovían y se beneficiaban de ellas”.
Para sostener esto repasaron las declaraciones brindadas por diferentes testigos: un ex jefe de logística (D4) durante la gestión de Odriozola, que éste le sugirió firmar documentos (notas de presupuestos/gastos) de Facundo Testi diciendo "firma esto, es un amigo", lo cual interpretó como una "orden", a pesar de no tener "certeza de nada" sobre los trabajos.
También el exhabilitado y ya condenado en la causa, Ariel Villanueva, que declaró haber sido "anoticiado" por Odriozola al asumir su cargo sobre las "determinadas situaciones" relacionadas con la reparación de móviles que "se hacían y no se hacían", y que el mecanismo "lo venía haciendo desde hacía tiempo con el mismo proveedor" .
En cuanto a la situación de Grau, "no fue ajeno a la maniobra": José María Leiva, exjefe de logística y también ya condenado, fue convocado por Grau para ocupar el cargo y le indicó que se "apoyara" en el habilitado Villanueva; además, Facundo Testi, el proveedor clave, lo llamaba a Grau para "pedirle que se pague" cuando había demoras. !Sin dudas, uno de las pruebas cabales de la participación de los Jefes son los beneficios directos y favores personales que ambos pidieron y obtuvieron de Testi", destaca la resolución.
“En estas condiciones, Grau utilizó casi todos los servicios que Testi brindaba al Estado, pero con prestanombre”, en cuanto al servicio de acarreo, de mecánica y de ploteo, repasa la resolución, y destaca que “con todo ello, no podía desconocer Grau que normativamente, no podía Testi ser el proveedor de todos estos servicios al Estado y que los mismos funcionaban con prestanombres. Sin embargo, conformó facturas y firmaba cheques. Grau pidió a Testi que guardara cuatro cajas de documentos y que "quemara todos los papeles" cuando se inició el proceso judicial, conforme declaró Soto”, detalla la resolución judicial.
Finalmente, el fallo repasa lo que ocurrió el día del allanamiento y los días posteriores: “El 13 de mayo de 2016, día del allanamiento, Grau le envió un mensaje a Testi diciéndole que estaba en Iturraspe y horas después le preguntó qué había pasado con la PDI y le recomendó "que no entorpezca". Tras el allanamiento, Grau se reunió con Testi y Villanueva en un bar para abordar la "preocupación" por los remitos "sin firmar" que Leiva se negaba a validar, tal cual lo detalló Testi y Villanueva. Grau presionó directamente a Leiva para que los firmara, lo indicó el mismo Leiva, surge de las interceptaciones telefónicas”.
Estas reuniones se constatan tanto por las declaraciones de los testigos como por el impacto de las antenas de los teléfonos celulares, que los ubica a todos en ese sector.
"La prueba a esta altura es contundente en cuanto a que Odriozola y Grau, en sus respectivos períodos como Jefes de Policía, no solo tuvieron conocimiento de la maniobra de defraudación al Estado mediante la facturación de reparaciones falsas o infladas, sino que facilitaron su continuidad, se beneficiaron personalmente de ella e intentaron encubrirla una vez que fue expuesta", destaca el fallo.
La resolución de los jueces repasa también las maniobras desplegadas para intentar tapar la maniobra: la llamada telefónica a Grau, en la que se menciona a Barrios como el "buche": "Esta conversación no gira en torno a una preocupación por lo irreal de la denuncia, sino porque alguien los "buchoneó", analiza la resolución.
Esta llamada ocurrió el 18 de mayo de 2016, días después de los allanamientos, y se realizó desde el teléfono de un entonces Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, hoy fallecido, quien se refirió a Barrios como "el buche", y luego lo dejó en comunicación con el presidente del Tribunal de Cuentas: "Oscar, quien se muestra enojado con quien realizó la denuncia, se mostraba indignado con quien había realizado la denuncia -descalificándolo- por el anoticiamiento de una cuestión estrechamente vinculada a su función, ya que lo que se trataba era una denuncia por la utilización indebida de los fondos públicos, que precisamente el órgano a su cargo, debía controlar", refieren los jueces en sus fundamentos.
Los jueces cuestionan que "en este contexto, ante el anoticiamiento de un fraude en el manejo de los fondos públicos, el Presidente del Tribunal de Cuentas lejos de disponer la realización de auditorías y profundizar las tareas de vigilancia ante lo anoticiado, decidió mantener sus esfuerzos y ofrecer a quien está sindicado como uno de los responsables, datos, información y apoyo, demostrando no solo un conocimiento de la investigación a nivel directivo, sino la intención de usar influencias para contrarrestarla".
"En definitiva, quienes tenían las facultades -y efectivamente la utilizaban-, para poder mantener la estructura inalterada de manera que los planes delictivos de la organización no se vieran afectados y, en caso que ello sucediera, quienes tenían el poder suficiente -y utilizaban el mismo- para correr a un lado los escollos que se le presentaban, eran los jefes", valora el tribunal, y agrega que "fueron ellos los destinatarios de estos sobres que describió Testi, donde se ponía el dinero del "cargo", junto a las planillas, tal como lo confirman Villanueva y Patriarca. En resumidas cuentas, tanto Odriozola como Grau, en su rol de Jefes de Policía, no solo tenían conocimiento de un esquema de facturación simulada de reparaciones vehiculares, sino que participaron activamente en su mantenimiento de la misma, al autorizar pagos sin control, recibir dinero de la maniobra, solicitar favores personales a los proveedores del esquema e intentar encubrir las irregularidades cuando fueron descubiertas. Las pericias contables, los testimonios y las comunicaciones interceptadas son consistentes con una dirección y coordinación por parte de los Jefes de Policía en una estructura destinada a desviar fondos públicos", culmina la resolución.
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