La sentencia fue dictada por un tribunal conformado por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Cecilia Labanca, que declararon a los exfuncionarios policiales como autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en concurso real con defraudación agravada por ser cometida contra el Estado y les impusieron una pena de seis años.
El fallo además ordenó que la detención de Grau y Odriozola se concrete una vez que quede firme la sentencia. No obstante, el tribunal rechazó el pedido para que los condenados realicen una reparación económica, en concepto de daño, ya que los jueces entendieron que la Fiscalía carece de esa legitimación procesal para efectuar tal pedido.
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El juicio comenzó el pasado 29 mayo en la sala 5 del primer piso de tribunales.
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La resolución se ajustó bastante a la pena solicitada por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera que, en sus alegatos de clausura del juicio, pidieron una condena para ambos exjefes de nueve años de prisión efectiva más una reparación, de 15 a 136 millones de pesos para Odriozola; y de 8 a 123 millones para Grau.
Conformes y a la espera de los fundamentos
Tras el fallo del tribunal, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación dijeron estar conformes con la sentencia, aunque aguardarán los fundamentos para evaluar si piden su revisión ante la Cámara de Apelaciones. "Nosotros consideramos que era justa una pena de nueve años", dijo Hernández.
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En tanto, remarcaron que los jueces rechazaron el pedido de prisión preventiva solicitado desde el bloque acusador. "La Fiscalía argumentó con relación al riesgo de fuga por la pena que podía dictarse y el tribunal entendió evidentemente que no hubo riesgo", destacó el fiscal.
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Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, los fiscales del juicio a Grau y Odriozola.
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Ilera , por su parte, destacó que durante el juicio hubo mucha prueba documental, como también declaraciones testimoniales y peritajes de celulares que permitieron lograr la condena dictada este jueves. "Entendemos que fue muy contundente", consideró.
Acusación y defensa
Los exjefes policiales llegaron a juicio tras ser acusados de haber liderado una asociación ilícita que defraudó las arcas del estado provincial durante 2015 y 2016, a través de facturar compras de repuestos y arreglos y acarreos de móviles policiales que no se realizaban.
Para Fiscalía la maniobra fue organizada por los acusados en complicidad con el resto de los involucrados, entre los que se encuentran el exjefe del departamento de Logística, dos contadores que se desempeñaron como habilitados en la jefatura, y varios civiles: el dueño de las empresas y los prestanombres de las mismas.
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Sin embargo, la defensa de ambos expolicías (a cargo de las defensoras oficiales Mónica Echaniz y Leticia Balanda) sostuvo que ni Grau ni Odriozola pudieron estar al tanto de lo que ocurría en el departamento de Logística, que la maniobra fue orquestada por los contadores habilitados con complicidad del jefe del departamento, que aprovechaba la carga de trabajo del jefe policial para hacerle firmar facturas y cheques.
El debate arrancó el 29 de mayo con la declaración del gobernador Maximiliano Pullaro, ya que, cuando era ministro de Seguridad en mayo de 2016, fue quien impulsó la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación tras haber recibido, un sobre anónimo en su despacho, que dio cuenta sobre el desfalco delictivo que ocurría en el D4.
