Este lunes se realizó la apertura y digitalización de la documental secuestrada en las sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia en las ciudades de Santa Fe y Rosario, en el marco de dos investigaciones que tiene a su cargo la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, informó la oficina de prensa y difusión del MPA.
La apertura y digitalización de la documental secuestrada se realizó en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos
La diligencia se llevó a cabo en la sede de la UFE de Delitos Complejos en la ciudad de Santa Fe, ubicada en General López y Saavedra, a partir de las 9:30, y se extendió hasta las 18:30. Estuvieron presentes los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez y contó con el control de los abogados defensores de las personas investigadas.
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Desde la Fiscalía informaron que a partir de la diligencia concretada se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre la que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos; siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia. La documentación digitalizada será detenidamente analizada en las próximas semanas.
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"Lawfare"
En tanto, el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, se refirió a los allanamientos del pasado 26 de noviembre a través de una serie de tuits en los que minimizó el operativo y dijo que "no había miles de carpetas", sino "dos de una gestión antigua que ya se mostrarán".
Además, Sain habló de "lawfare" en Santa Fe, utilizando así la expresión que se hizo famosa cuando la utilizó Cristina Kirchner. La palabra se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
“Lawfare a la santafecina”: hubo medios de prensa que el 26/11 dijeron que se habían secuestrado en el ministerio de Seguridad cientos de “carpetas” de espionaje sobre periodistas, políticos y empresarios. Y lo hicieron antes que terminaran los allanamientos/1", tuiteó este martes a la mañana el exministro.
Y le respondió al el funcionario de Seguridad del socialismo, Maximiliano Pullaro. "Hubo politiqueros como @maxipullaro que dijeron que había “miles” de carpetas. No fue así, había dos de una gestión antigua que ya se mostrarán, pese a la protección fiscal con que cuenta/2", siguió Sain en un hilo.
"Pero no veo noticias de prensa al respecto. Fiscales politiqueros, prensa cogobernante, políticos de cartón y funcionarios embusteros y con pañales. Santa Fe esta complicada", cerró.
Espionaje y licitación
Las requisas en las sedes del ministerio se realizaron a finales del mes de noviembre por orden de los dos fiscales santafesinos. Los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante Jiménez y Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En los operativos –ejecutados por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
La medida ordenada por los fiscales está relacionada con una denuncia en el marco de una licitación para la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y con los supuestos hechos de inteligencia paralela que se habrían concretado en la órbita del ministerio durante la gestión de Marcelo Sain. En cuanto a la licitación para la adquisición de armas por parte del Ministerio de Seguridad, el conflicto se originó por un planteo que realizó la firma Bersa S.A. que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya participó en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.
Un fallo de Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de los Tribunales había frenado la licitación N°11/2021 que buscaba adquirir "Armamento con destino a la Policía de la Provincia de Santa Fe” mediante una convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado. En dicha convocatoria se buscaba que una sola empresa pueda aportar 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras, 130 fusiles de asalto, un total de seis fusiles semiautomáticos para francotirador y otros seis fusiles para francotirador de cerrojo manual.
La licitación tenía como objetivo además recepcionar hasta el 2 de febrero pasado todas las propuestas de las empresas, mientras que la apertura se realizaría el 5 de febrero a las 10 de la mañana. Sin embargo, todo ello se vio frenado luego de que la firma Bersa S.A. interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” tras sostener que “no solo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.
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Por otro lado, sobre la causa de espionaje, vale señalar que en el mes de agosto la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura recibió a la auditoria general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, quien reveló el contenido de un informe que reflejaba actos de espionaje ilegal y escuchas telefónicas no autorizadas realizadas por el Organismo de Investigaciones del MPA mientras Marcelo Sain era ministro de Seguridad.
El informe consta de la transcripción de escuchas telefónicas irregulares a empresarios y jueces, realizadas por el Organismo de Investigaciones y reportadas directamente al entonces ministro Sain.
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