domingo 9 de agosto de 2020
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Entre el crimen perfecto y la perpetua: la historia de un femicidio antes del femicidio

Juan Carlos Moyano puede quedar impune tras haber asesinado a Erica López. O no. ¿De qué depende?

Erica López recibió un disparo en el pecho el 1° de enero del 2007 a las tres de la mañana, en la puerta de su casa y delante de toda su familia. El autor del disparo fue Juan Carlos Moyano, ex pareja de Erica y padre de su hija. El ¿motivo? del ataque: ella no quería prostituirse más para él.

El día anterior Moyano ya había ido a la casa de Erica dos veces y la había amenazado de muerte: durante la mañana y cerca de la medianoche. Finalmente, a las tres de la mañana del primer día del año, volvió acompañado por un grupo de personas y cumplió la promesa. Luego el hombre huyó. No sólo del lugar del hecho sino también de la ciudad, y probablemente de la provincia.

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La causa fue caratulada como "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por el concurso premeditado de tres o más personas". Mientras Moyano se mantenía prófugo, la investigación del entonces juez de instrucción Julio César Costa desvinculó al grupo que acompañaba a Moyano esa noche como responsables del crimen y la imputación del homicidio calificado por concurso premeditado de tres o más personas entró en crisis. Sólo se mantuvo el agravante del empleo de arma de fuego.

Con esa situación en mente, Moyano se mantuvo evadido el tiempo necesario para lograr que la causa prescriba, y salir impune del crimen. Con eso en mente, en diciembre del 2019 Moyano se presentó ante la justicia santafesina, pero quedó detenido. ¿Por qué?

Un ataque a la vista de todos

Desde un primer momento las personas presentes la noche del crimen nombraron a Moyano y a otras personas: un tal “Ojito de perro”, dos hombres de apellido Bogado, un tal Alcaraz y un tal González. Era 1ro de enero y en la casa de barrio Estanislao López, como en el resto de las viviendas del mundo, se había celebrado la llegada del Año Nuevo.

La familia de Erica conocía a Moyano, había sido pareja de la joven y habían tenido una hija, una pequeña que en ese entonces tenía tres años de edad. La muerte de Erica se produjo en la puerta de su casa, a la vista de todos los presentes, mientras se desarrollaba una gresca entre los familiares de Erica y el grupo que acompañó a Moyano.

Cuando comenzaron las declaraciones indagatorias a los nombrados, la causa fue caratulada como “Homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más personas y por el empleo de arma de fuego”. Que Erica falleció producto de un balazo en el pecho no hay dudas, ahora, ¿qué pasó con el agravante del concurso premeditado, que lleva la sentencia a una pena de prisión perpetua?

En su momento, el juez Costa dictó la falta de mérito para los acompañantes de Moyano que fueron indagados durante la investigación, y el agravante del concurso premeditado entró en crisis. Sólo se mantuvo el del empleo de arma de fuego. Esta fue una buena noticia para el prófugo Moyano, ya que “sólo” debía dejar pasar 12 años para que la causa prescriba. Y eso hizo, pero la jugada le salió mal. O no.

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Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano, abogados defensores de Moyano

Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano, abogados defensores de Moyano

Un cambio que lo complicó

Ahora la historia se vuelve una discusión jurídica, donde entran en disputa el sistema procesal que investigó a Moyano hasta el 2014, y el sistema actual, con otros protagonistas que deberán definir si la muerte de Erica queda impune o si su autor será encarcelado de por vida.

En febrero de 2014 la justicia santafesina cambió su sistema procesal, es decir, la manera en que los delitos son investigados y sus autores son juzgados. Con el sistema cambiaron también los actores. Los juzgados de instrucción dieron paso al Ministerio Público de la Acusación, y las investigaciones quedaron bajo la responsabilidad absoluta de los fiscales.

Las personas investigadas ya no son indagadas por los jueces de instrucción sino que son imputadas por los fiscales. Y los jueces ya no dictan procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito. Ahora los jueces son terceros imparciales que deben resolver las contradicciones que se produzcan entre los acusadores y los defensores de los imputados. Antes, las resoluciones de los jueces se dictaban dentro de los diez días, ahora la situación primaria del imputado debe resolverse en cuatro días.

Y en el caso de Moyano, lo que resuelvan los jueces en cada incidencia será fundamental para definir qué pasa con la causa.

Moyano se presentó ante la justicia junto a su abogado defensor, Claudio Torres del Sel, con la certeza que la causa había pasado a archivo tras la falta de mérito que había dispuesto Costa. Pero los fiscales que quedaron a cargo de la investigación, Roberto Apullán y Mariela Jimenez, no sólo mantuvieron el agravante del concurso premeditado puesto en crisis por Costa, sino que agregaron un agravante más: la alevosía.

Como el crimen ocurrió años antes del cambio de sistema, el juez a cargo de las causas previas a febrero de 2014, Darío Sánchez, le tomó declaración indagatoria a Moyano el 4 de diciembre de 2019. Mientras transcurrían los diez días para que el juez resuelva, Moyano fue puesto en conocimiento por la jueza Sandra Valenti que podía optar por que su causa tramite bajo las normas del sistema actual. Y Moyano optó por el cambio. Esta audiencia fue el 12 de diciembre, es decir, dos días antes que se venzan los diez días de plazo para que Sánchez dicte la resolución.

Para evitar que se venzan los plazos, en el mismo momento se fijó fecha para las audiencias correspondientes del sistema oral. Moyano fue llevado a audiencia oral y pública el 14 de diciembre. Y allí se dio la primera contradicción entre el defensor de Moyano, Torres del Sel, y los fiscales Jiménez y Apullán.

Los fiscales que quedaron a cargo de la investigación, Roberto Apullán y Mariela Jimenez, no sólo mantuvieron el agravante del concurso premeditado puesto en crisis por Costa, sino que agregaron un agravante más: la alevosía.

Para el defensor, Moyano debía recuperar la libertad porque ya habían pasado más de los cuatro días previstos por el sistema actual, y presentó un pedido de habeas corpus. Y aquí viene la segunda resolución importante de un juez: Jorge Pegassano rechazó el planteo de la defensa y al día siguiente se discutió la prisión preventiva de Moyano.

Llegado a este punto, Moyano ya sabía que lo que había resuelto Costa sobre la participación del resto de los involucrados no era tenido en cuenta por los fiscales Jimenez y Apullán, que mantuvieron el agravante del concurso premeditado. Por supuesto que Torres del Sel cuestionó esta intervención de la fiscalía, y se remitió al dictamen del juez de instrucción, años atrás.

Acá vuelve a ser determinante el análisis del juez Pegassano al resolver este contradictorio. En la resolución de la audiencia donde impuso la prisión preventiva de Moyano, el magistrado precisó que “respecto a la queja del defensor en cuanto a que los hechos ya habían sido valorados por el dr. Costa dictándole un falta de mérito y luego remitido a archivo, advierto que la antigua concepción del "auto de falta de mérito" era precisamente cuando no existía mérito para procesar o sobreseer. Ahora bien, ninguna de estas medidas se adoptaron posteriormente y según la misma defensa la causa fue remitida a archivo a la espera de resolución definitiva lo que nunca ocurrió. Todo sin olvidar que el archivo no causa estado, siendo este el momento procesalmente válido para dilucidar el tema de la autoría, calificación, responsabilidad, riesgos procesales y las cuestiones que pudieren plantearse', justamente porque el Sr. Moyano opto por el sistema oral como se puntualizara”. Es decir: todavía no está nada dicho.

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El juez Pegassano evaluó que los plazos no estaban vencidos, dio por acreditados el concurso premeditado y la alevosía, y dictó la prisión preventiva de Moyano

El juez Pegassano evaluó que los plazos no estaban vencidos, dio por acreditados el concurso premeditado y la alevosía, y dictó la prisión preventiva de Moyano

En la misma resolución, Pegassano da por acreditado el agravante de la alevosía: “el grupo familiar Lopez manifestaron comportamientos pasivos frente a las conductas violentas del imputado. Luego, en horas de la madrugada y en una zona de escasa luz y visibilidad el imputado: utilizó el arma homicida a escasa distancia de las víctimas, primero, aprovechándose de la relación de conocimiento con aquéllas y por la indefensión de Erica Lopez y su hermano quienes estaban desarmados, sin medios idóneos para repeler los disparos y superados en número por sus agresores (concurso premeditado de seis o siete personas.) Se agrava la situación ya que Moyano al momento de irrumpir en el domicilio de Erica Lopez llevó escondido el arma homicida entre sus ropas y ejecutó los comportamientos homicidas con la acechanza inesperada e insospechada de la intervención armada de seis o siete personas”.

Por supuesto que Torres del Sel apeló la resolución de Pegassano, y un tribunal de la Cámara de Apelaciones deberá resolver esta situación, que complica a Moyano y lo deja más cerca de una sentencia condenatoria que de salir impune. La decisión del camarista que deba revisar la resolución de Pegassano será otra intervención fundamental.

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¿Se cae el concurso premeditado?

Por último, durante la feria judicial del mes de enero se dio la tercera participación importante de un juez que puede torcer los destinos del caso. Una de las personas nombradas como integrante del grupo que acompañó a Moyano fue desvinculada del homicidio por el juez Octavio Silva.

Maximiliano Bogado se presentó junto a su defensor particular Ignacio Alfonso Garrone y recuperó la libertad en la audiencia de medidas cautelares. En su resolución, Silva precisó que, si bien “no hay dudas” que Bogado estuvo presente en el lugar “ningún testigo describe la contribución, el aporte o intervención que pudo haber tenido Maximiliano Iván Bogado en la ejecución de los hechos”. Además, el magistrado puntualizó que “en ningún momento se lo incluye puntualmente a Bogado entre quienes peleaban, entre quienes efectuaron disparos o menos esgrimiendo un arma de fuego, fuera de la imprecisa y genérica alusión a que ‘estaban todos armados’".

Con esta resolución, Silva no dio por acreditada la apariencia de responsabilidad delictiva del imputado con el hecho investigado que precisa el código para imponer la prisión preventiva, y otorgó la libertad a Bogado.

De todos modos, la figura del concurso premeditado comprende la participación de tres o más personas. Los testigos alegan que Moyano fue acompañado por seis o siete, por lo que aún restan desvincular a más participantes si la defensa pretende que no prospere este agravante.

¿Por qué no es un femicidio?

No hay dudas que si el crimen de Erica López hubiera ocurrido en la actualidad, Moyano sería acusado por femicidio. El hecho cuenta con todos los condimentos: un contexto de violencia, amenazas, el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre con quien no sólo ´había mantenido una relación de pareja sino que además había “trabajado” para él.

La explicación está en que al momento del crimen, en enero del 2007, en el código penal no existía el agravante de violencia de género. Y es sabido que la ley, cualquiera fuera, no es retroactiva, es decir, no se puede aplicar a situaciones previas a su entrada en vigencia.

La Ley Nacional 26.485 sobre la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres fue promulgada hace casi diez años, en abril del 2009. Esta ley tiene como objetivo eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, y afirma el derecho de las mujeres a vivir una vida libres de violencia. La provincia de Santa Fe adhirió a la ley nacional a través de la ley provincial 13348/2013, del 7 de julio del 2013.

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