Una antigua maniobra y un viejo vicio de la policía de Santa Fe quedó al descubierto en la causa en la que se investigan atentados a tiros y amenazas contra Maximiliano Pullaro. La hipótesis se centra en que cinco policías, cuatro de ellos del Comando Radioeléctrico, plantaron a un hombre ligado a una banda criminal que opera en la zona oeste tres armas que se habían usado en varios ataques a balazos en los que aparecieron mensajes intimidatorios contra el gobernador.
Estas son las armas que habrían sido plantadas por los cinco policías detenidos a un hombre vinculado a una banda criminal.
La sospecha es que los policías habrían cobrado dinero de una banda narco para perjudicar al grupo criminal rival, un esquema de corrupción que se vio claramente en otras causas judiciales, como la de Los Monos. La pregunta que probablemente no tenga respuesta es si los policías cumplían órdenes de algún superior o era un emprendimiento grupal.
La secuencia comienza el 31 de enero, cuando Alexis Michell, que se trasladaba en una Toyota Hilux, es detenido por la policía. La versión “oficial” que se difundió es que los efectivos secuestraron dentro de la camioneta tres pistolas calibre 9 mm, .40 mm y .380 mm. También incautaron un cartón con un mensaje que decía: "TOE dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar". La acusación contra Michell fue la de participar en un ataque a balazos a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales el 20 de enero. Pero todo era falso.
Michell fue detenido después de estar reunido con Leo Tripi, hermano de Iván, líder de la banda narco, y otras personas. El relato detallado que contó el joven al fiscal terminó por convencerlo. Él dijo que los policías lo pararon primero en pasaje Acuña entre Rouillón y Pedro Lino Funes. Los agentes revisaron la camioneta y no encontraron nada. Pero Michell tenía olor a alcohol y le dijeron que debía ir hasta 27 de febrero y Rouillón donde iban a hacerle un test de alcoholemia. Era todo mentira. Lo siguieron dos móviles del Comando Radioeléctrico y en el trayecto se subió un policía en la camioneta. A Michell le llamó la atención el despliegue si era sólo por un control de alcoholemia. Pensó que lo querían coimear, pero era más grave la situación.
En 27 de febrero y Rouillón paró la camioneta y los policías comenzaron a revisarla otra vez. Uno se acercó y le dijo: “Mirá lo que te dejaron en la chata”. Era un bolso donde había tres armas. Luego fue esposado y detenido.
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Según advirtieron las fuentes judiciales, el acusado argumentó que las armas las había plantado la policía. De todos modos, fue imputado días después. Pero en la investigación judicial comenzó a florecer la hipótesis de que lo que decía este hombre, ligado a la banda de Francisco Riquelme, podría tener asidero. A la abogada Elma Zapata, defensora de Michell, le llamó la atención que cuando declaró su cliente en el Centro de Justicia Penal era incesante la presencia de policías que entraban y salían de la sala.
Para el fiscal Franco Carbone, los policías plantaron las armas para involucrar en el hecho a una banda rival. No aportó detalles de qué grupo criminal sería el que tramó esta maniobra con los efectivos del Comando Radioeléctrico, que serán imputados por “encubrimiento”. El fiscal aún no tiene en claro si los policías también participaron de los ataques en los que se usaron esas armas. En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que los agentes no habrían disparado ni organizado los atentados.
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Esas tres armas, según Carbone, se usaron en tres ataques que ocurrieron días después de que asumiera como gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que dispuso un reagrupamiento de los presos de alto perfil en los penales de la provincia, que generaron que se produjeran en las calles atentados y amenazas contra el mandatario provincial.
El primer ataque fue el 12 de diciembre, cuando dos hombres, uno de ellos con guantes de látex, disparó con una pistola calibre .40, de gran poder de fuego, contra la sede del Banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar los atacantes dejaron una amenaza contra Pullaro, que hacía referencia al enojo de los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.
Unas horas después se produjo un ataque similar contra la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde el calibre que utilizaron los atacantes fue el mismo. Además, los tiradores dejaron otro mensaje casi idéntico al que habían arrojado en la puerta del banco horas antes.
El tercer ataque se produjo el 27 de diciembre. Ese día fue baleada la comisaría 19ª de Rosario. Los disparos, según los peritajes, se hicieron con una pistola .380. En una audiencia imputativa fue acusado Francisco Riquelme, preso actualmente en la cárcel de Marcos Paz, de planear y de financiar este ataque. La sospecha del fiscal era que también había organizado los dos atentados previos, pero no obtuvo pruebas para endilgarle esos hechos.
Además, en la investigación judicial detectaron que el 20 de enero pasado se usó una de las armas plantadas por la policía, una calibre 9 mm, para balear la sede de la TOE, en la zona oeste de Rosario. Ahí también se encontró un mensaje que hacía referencia a la banda Tripi. Tres días después, con esa pistola tirotearon el bar de una estación de servicio. Y apareció el mismo mensaje.
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Tras una serie de peritajes, el fiscal Carbone ordenó el domingo la detención de cinco policías, entre los que hay tres hombres de trayectoria en la fuerza y dos recién ingresados. Uno de los efectivos tenía carpeta médica, pero a pesar de eso se encontraba en la provincia de Córdoba. Este uniformado se desempeñaba en la Oficina de Gestión Judicial del Ministerio Público de la Acusación, aunque antes había pasado por el Comando Radioeléctrico, que era el lugar donde trabajaban actualmente los otros aprehendidos, que serán imputados el próximo miércoles.
“Se les va a imputar el encubrimiento de balaceras a objetivos importantes que tuvieron por objeto amenazar al gobernador y a distintos funcionarios provinciales”, aseguró Carbone en conferencia de prensa. El titular de Control Policial, Lucas Covacich, confirmó a AIRE que los efectivos fueron pasados a disponibilidad y que si son imputados y quedan en prisión preventiva serán pasados a “pasivos”, que es una instancia en la que no perciben salario.
La banda conocida como Tripi, a la que pertenece el conductor de la Toyota Hilux al que le plantaron las armas, opera en los monoblocks del Fonavi Parque Oeste, donde el monopolio de la venta de drogas lo tiene Iván Tripi, que fue condenado el año pasado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº2. La distribución de cocaína en el barrio la manejaban desde las cárceles de Resistencia y Ezeiza, donde están presos la mayoría de los integrantes de este grupo.
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A este grupo criminal, que operaba en la zona donde se produjeron los atentados, es al que querían perjudicar los policías al plantar las armas a uno de sus integrantes para que los acusen de los ataques. Según el fiscal, era para favorecer a un contrario. En la zona oeste operan desde hace tiempo “franquicias” narco de las dos organizaciones más poderosas de Rosario, como Los Monos y Esteban Alvarado, pero también grupos más pequeños, con una cobertura barrial, como Tripi.
El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, no quiso hacer comentarios sobre el caso, ante una consulta de AIRE, porque “es el fiscal el que está a cargo de la investigación”. “El Ministerio aportó la información requerida por el Ministerio Público y dispuso medidas administrativas contra los policías acusados”, afirmó el ministro.
Lo que está claro en esta historia es que después de que los policías plantaron las armas el 31 de enero pasado, dejaron de producirse ataques a balazos, donde aparecían carteles con amenazas contra el gobernador. Aunque el Ministerio de Seguridad niegue que los efectivos participaron en los ataques, y afirme que sólo plantaron las armas, es llamativo que se extinguieran las amenazas contra Pullaro, que –según admitió- debió sacar su familia de Rosario ante el temor de que pudiera sufrir un atentado. Tampoco está claro el rol de Francisco Riquelme, que amenazó a los directivos de la cárcel de Ezeiza y se enfureció luego de que lo acusaron de planear el ataque a la comisaría. No sólo la policía “plantó” las armas, sino que direccionó las investigaciones judiciales, que terminaron con personas detenidas que después tuvieron que dejar en libertad, como Alexis Michell.
Es grave que un grupo de policías, que tenían altos rangos en la fuerza, uno de ellos comisario y otro inspector, plante pruebas por encargo de un grupo narco. La sospecha es que recibieron dinero, aunque aún no fue probado, según el fiscal, que el miércoles, en la audiencia, desplegará las evidencias.
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La historia reciente de Rosario está plagada de jefes policiales que estaban enrolados en bandas narco, como la de Esteban Alvarado y Los Monos. Uno de los casos más significativos fue que el jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones Javier Makhat vivía en un departamento de lujo que era de Alvarado, que usó gran parte de la estructura de la fuerza de seguridad, entre ellas a la División Judiciales, para perjudicar a Los Monos en causas que se tramitaban en la justicia provincial.
Los Cantero a su vez también tuvieron siempre efectivos leales al grupo narco, como Juan Chavo Maciel o Juan José Raffo. Lo que reaparece es un nuevo capítulo de estas tramas de complicidades que alimentaron que la violencia creciera en Rosario desde 2013.
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