Balear es un verbo en Rosario que muchas veces va acompañado de la palabra Comisaría. La acción de atacar edificios policiales se convirtió en una costumbre. La causa también es casi siempre similar: una reacción o avance del mundo criminal. Este miércoles balearon la Comisaría 19 de Rosario, donde desde un auto dos hombres dispararon cuatro tiros, que impactaron en las ventanas y en vehículos que estaban estacionados.
El atentado se concretó un día después de que Vanesa Barrios, la pareja de Ariel Guille Cantero, fuera detenida por llevar adelante una serie de balaceras contra un comercio al que extorsionaba con Mariana Ortigala, una extestigo que está detenida por asociación ilícita y fue quien complicó al fiscal Matías Edery, por recibir información en momentos en que cometía delitos.
Balear una comisaría expone la temeridad de los grupos mafiosos y la pasividad de la policía, que pocas veces detiene en fragancia a los autores. No es algo nuevo. Este último año las secciones fueron eje de esta estrategia de desgaste, lo que llevó al gobierno de Omar Perotti a instalar vallas en las puertas de varias seccionales.
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Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías con vallas blindadas. Aparece como primera reacción ante esta postal la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y en teoría preparados para enfrentar delincuentes, qué queda para los ciudadanos comunes.
La situación lleva a naturalizar situaciones que eran impensables y que disparan preguntas: con atentados poco premeditados y sofisticados, los grupos narcos dejan expuesto que las fuerzas de seguridad transitan por la misma rusticidad y escasa preparación.
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El resultado es que Rosario, una ciudad que suma de manera permanente cicatrices en su trama urbana por los balazos, ya no sabe qué blindar, porque todo puede ser blanco de los disparos, canales de TV, cárceles, tribunales federales, provinciales, el Centro de Justicia Penal, escuelas, casas, negocios, entre otros.
El fenómeno de balear comenzó a fines de mayo de 2018, cuando Ariel Guille Cantero, líder de Los Monos, fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº7, en Resistencia, por orden de la justicia federal. El líder narco pensaba que se iban a complicar sus negocios, porque –en teoría- iba a tener mayores controles en esa unidad penitenciaria en Chaco.
Ordenó atacar las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la justicia provincial, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En setiembre de 2021 fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que con poca logística y dinero –un soldadito en moto y con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería- se podía causar mucho daño al Estado. Provocar terror.
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Ese método comenzó a ser utilizado por otras organizaciones criminales, y el mensaje “con la mafia no se jode” se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, con extorsiones. Estos fenómenos criminales se multiplican cuando el Estado no logra poner un límite.
Durante casi dos años el Centro de Justicia Penal estuvo cercado por fuerzas federales y por vallas similares a las que se instalaron ahora en tres comisarías de Empalme Graneros y Ludueña.
La postal pasó a ser algo natural en el barrio. El prestigioso arquitecto Mario Corea que diseñó el edificio durante la gestión del socialismo no había tenido en cuenta que las fachadas vidriadas podían ser un imán para las balas de los grupos narco. Hoy ya no hay más vallas.
Con las comisarías pasó algo similar. Se “modernizaron” las fachadas de algunas comisarías en la gestión del Frente Progresista y se decidió instalar paredes de blindex para mostrar cierto aire renovador y moderno en las secciones, siempre deterioradas y oscuras. ¿Quién iba a pensar que las sedes policiales iban a ser baleadas?
Del blindex se pasó luego a las vallas blindadas. Eso parece un símbolo del problema que se enfrenta hoy. Se instaló durante la gestión de Claudio Brilloni una protección contra las balas en tres dependencias: las seccionales 15, 24 y 20, en Ludueña y Empalme Graneros, los barrios del oeste de Rosario más golpeados por la violencia.
En los últimos meses, seis comisarías y dependencias policiales fueron atacadas en Rosario.
Varios atentados estuvieron relacionados a Los Monos, como el que se produjo el 19 de febrero contra la sede de la Policía Comunitaria en barrio Acindar. Se presume que el atentado estuvo vinculado a Uriel Luciano Cantero, líder de la nueva generación de Los Monos.
Este joven de 20 años es el hijo de Claudio “Pájaro” Cantero y sobrino de Guille. Un soldadito que trabaja para él, Mirko González, estuvo detenido en esa seccional que históricamente manejó su familia.
En 2013 su tío cambió un preso por 35.000 pesos. Estaba detenido allí Leandro Vilches, lugarteniente de Guille, que debía salir en libertad. Entonces, Los Monos pagaron una coima para que saliera en libertad y su lugar en el calabozo lo ocupó otro chico. Para esa misión de cambio de reclusos fue clave la intervención de Juan Maciel, un policía que trabajaba para la banda. Pero ahora los tiempos parecen haber cambiado y no todo es tan sencillo.
Por eso, en aquella oportunidad los atacantes dejaron un mensaje en la seccional 15 que estaba dirigido a los policías que trabajan allí y que hacía referencia a supuestos hechos de corrupción, de supuesto cobro de peaje a los delincuentes.
La camioneta quedó totalmente destruida por las llamas, que fueron provocadas por una bomba molotov que fue lanzada por dos jóvenes cerca de las 3 de la madrugada. Ninguno de los atacantes fue detenido, un rasgo que se repite en la mayoría de los casos y que plantea la paradoja de que los propios agentes que son atacados no logren aprehender a los autores, como ocurrió este miércoles en la Seccional 19.
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